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Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, ofrece en sus Convenios salarios para los Vigilantes de Seguridad con arma con un 40,45% menos que lo estipulado mediante el Convenio Colectivo Nacional perdiendo contratos en Castilla La Mancha, Andalucía o Madrid (y II)

Septiembre 12, 2017

Desde finales de los años 90 acumula denuncias por delito urbanístico y fraude fiscal en el abono de nóminas por “facturar millones de horas extras como dietas para no declarar por ellas”.

miguel angel ramirez

Tras ahondar en los Convenios Colectivos de la empresa Marsegur, propiedad del rey de la seguridad, Miguel Ángel Ramírez Alonso, que fueron declarados nulos hasta en dos ocasiones por la Audiencia Nacional, Extraconfidencial.com mantiene el punto de mira en las empresas de seguridad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario y accionista de Grupo Ralons, ya que no solo la empresa Marsegur es la única de su emporio que recibe capones por parte del aparato judicial español. Lo mismo ocurre con Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra de las empresas de vigilancia low cost del empresario canario contra las que ha actuado el Ministerio de Empleo y que los tribunales han echado por tierra sus Convenios Colectivos por motivos como los expuestos en el anterior artículo.

Pero los problemas de Miguel Ángel Ramírez no concluyen aquí. En 1995 crea Seguridad Integral Canaria, buque insignia de su entramado, para, dos años más tarde, conocer al influyente empresario Ángel Luis Tadeo, dueño del Grupo hotelero Dunas quien -según fuentes cercanas al rey de la seguridad-, “le introduce en el mundo del poder y la política”. Desde entonces, las denuncias se han acumulado en el buzón de Ramírez Alonso. En el año 2010 fue condenado en  a tres años de cárcel e indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Un año en el que también fue denunciado ante Hacienda por fraude fiscal en el abono de nóminas por “facturar millones de horas extras como dietas para no declarar por ellas”. Un delito por el que también fue imputado en 2011 junto a un administrativo de Seguridad Integral Canaria y al Jefe de Seguridad de AENA en el Aeropuerto de Tenerife Sur. En aquel momento se le acusaba de una presunta malversación al cargar facturas por servicios ficticios que habrían reportado a la empresa 186.880 euros en dos años. El recurso de casación formulado por AENA contra la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvía a Miguel Ángel Ramírez no fue admitido por el Tribunal Supremo, quedando definitivamente absuelto en diciembre de 2016.

¿Fraude de Ley con los Vigilantes de Seguridad del Ministerio de Defensa?

Tras la creación de Seguridad Integral Canaria, el Grupo Ralons nace en 2003 y a este holding se suman Marsegur, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Power Sic, aunque más tarde se crea  una nueva empresa de seguridad TDMS. Con el Grupo Ralons nace el concepto de empresas de vigilancia low cost. Desde Extraconfidencial.com hemos hablado con un vigilante de seguridad para que nos aporte una visión desde dentro de cómo operan este tipo de empresas: “La estrategia del Grupo es simple: oferta en todos los concursos públicos por debajo del precio de mercado de manera temeraria, consiguiendo que sus precios sean siempre los menores y llevándose así la adjudicación de las administraciones por ser la oferta más ventajosa en todos los casos. Esto lo puede lograr a través de dos maneras: o bien no aplica el Convenio Nacional correctamente acumulando deudas con los trabajadores (como ocurre con Seguridad Integral Canaria), o bien aplica Convenios propios inferiores al nacional en un 40%. Dichos Convenios son firmados en fraude de ley y anulados progresivamente en primera y segunda instancia por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Un claro ejemplo de ello son los Vigilantes de Seguridad de Defensa que, tras cuatro años trabajando para Seguridad Integral Canaria y acumulando denuncias a miles, aún no se les ha abonado la nómina de mayo ni el finiquito. El 1 de junio pasan a ser subrogados por Marsegur y sus salarios sin complementos descienden de 1.400 euros mensuales -incluidas pagas-, a  890 euros y sus cotizaciones de 1.700 euros a 1.000 euros. Se incumplen de esta forma, el convenio colectivo nacional de empresas de seguridad (artículo 14), el Estatuto de los Trabajadores (artículo 44), y el Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector Público (artículo 120), y todas las clausulas sociales de los pliegos de contratación”.

Para establecer la comparativa de las nóminas de los vigilantes de seguridad se debe poner de relieve el salario bruto mensual de estos trabajadores (incluyendo pagas extras), marcado por el Convenio Colectivo Nacional y lo que establece Miguel Ángel Ramírez en sus empresas, para las que hemos cogido el ejemplo de Marsegur. En el caso de los vigilantes sin arma, el citado Convenio establece 908,24 euros de salario base, mientras Marsegur ofrece 726 euros, una diferencia del 20,07%. Si contamos con todas las pagas extras incluidas (transporte, vestuario, peligrosidad y prorrata), la nómina exigida por el acuerdo ascendería a los 1.354,45 euros, mientras que Marsegur solo alcanza los 879,33 euros, una diferencia del 35,08%. En el caso de los vigilantes con arma las diferencias son aún mayores ya que al ascender el importe del plus de peligrosidad, el convenio marca un salario de 1.506,78 euros, un 40,45% más de lo que ofrece Marsegur (897,33 euros).

De hecho la Justicia ya se ha pronunciado en más de un caso en que los trabajadores de las empresas de vigilancia low cost como Marsegur han llevado su situación a los Tribunales para restablecer sus derechos. Son varios los fallos que han estimado las demandas de particulares contra estas sociedades declarando improcedentes la rebaja de los sueldos y condenando a los demandados a restituir las condiciones salariales por las que se regían los trabajadores antes de la subrogación empresarial. “Si el demandado se subroga en un contrato se entiende que lo hace en todos sus términos y entre ellos se encuentra el de las retribuciones”.

Sin embargo, a pesar de los varapalos judiciales que han hecho que las empresas de Miguel Ángel Ramírez pierdan contratos en Castilla La Mancha, Andalucía o Madrid, donde los respectivos gobiernos autonómicos le cierran las puertas, el rey de la seguridad no deja de obtener concursos de la administración. Todo esto ocurre en un momento sensible en el que España se encuentra sumida en un estado de Alerta 4 sobre 5 según el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista del Ministerio del Interior de Juan Ignacio Zoido. El cuarto nivel, decretado ya en el pasado mes de junio de 2015 debido a la amenaza islamista, implica un riesgo de atentado alto y se concreta en un catálogo de medidas de seguridad como que “las Fuerzas de Seguridad del Estado elevan la presión sobre personas sospechosas de terrorismo. En la práctica, conlleva la movilización total de los agentes de la lucha antiterrorista, que extreman las tareas de vigilancia e información sobre personas de riesgo”. Mientras tanto, las empresas de seguridad de Miguel Ángel Ramírez siguen obteniendo contratos en centros públicos para velar por la integridad de los ciudadanos españoles sin armas, sin formación y ganando salarios leoninos de supervivencia.

Doinel Castro