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Mientras la alcaldesa Ada Colau exige moderación a los Mossos d´Esquadra ante los “okupas” del Barrio de Gracia, el presidente Carles Puigdemont les compra cartuchos 9 milímetros parabellum y otros proyectiles por valor de 1,2 millones de euros

Mayo 30, 2016
Carles-Puigdemont

El Barrio de Gràcia de Barcelona está que arde. La tensión social se ha trasladado a la esfera política y ni el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, se ponen de acuerdo para apaciguar la situación. Ayer por la mañana, los Mossos d´Esquadra volvían a cercar el Banc Expropiat para evitar que fuese reocupado tras haber sido desalojado el pasado lunes. Sin embargo, la represión policial no ha conseguido callar el clamor del pueblo que trasladó las actividades del recinto al exterior: talleres de idiomas, costura, una comida popular y un recital de poesía, que tuvieron lugar el pasado sábado. Mientras tanto, la confluencia de manifestaciones y protestas en el Barrio han hecho que Ada Colau pida proporcionalidad a los Mossos en sus actuaciones para evitar escaladas de violencia en Gràcia.

La Generalitat de un Carles Puigdemont, que este pasado jueves debutaba en una conferencia política del Fórum Europa que se ha celebrado en el hotel Palace de Madrid, opta mientras tanto por armar a su Policía. Y es que parece que el presidente catalán estaría dispuesto a utilizar cualquier medio para conseguir sus fines de quimera independentista. Al menos es lo que se deduce de sus palabras vertidas con tono de advertencia en el desayuno informativo de Nueva Economía: La paciencia no es infinita, dos millones de personas no se van a ir a su casa y no vamos a esperar cruzados de brazos”.

¿Y tanto cartucho para qué?

Además, parece que Puigdemont realiza sus gestiones a cualquier precio. El departamento de Interior, dirigido por el consejero Jordi Jané i Guasch, ha sacado a concurso el contrato para el suministro de diversa cartuchería para la Policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra”. En total serán más de 1,2 millones de euros (1.245.319,99  euros), los que la Generalitat empleará para otorgar nueva munición a sus Policías. Un coste elevadísimo para una Comunidad Autónoma que, según estudios recientes, cerrará el ejercicio de 2016 con un endeudamiento de 76.610 millones de euros, un 6 % más que en 2015 y el 36 % del Producto Interior Bruto de la región.

El contrato se divide en dos lotes. Por un lado, la empresa Beretta Benelli Ibérica S.A. se ha hecho acreedora del paquete para cubrir el servicio de los cartuchos de 9 milímetros parabellum para pistolas, subfusiles y carabinas. Este lote alcanzará los 615.000 euros. Por otro lado, Eurodistribución de Sistemas España S.L. se ocupará del paquete para otorgar a la Policía de la Generalitat otros cartuchos diferentes, por importe de 450.404 euros. Curioso es cuanto menos, que el Departamento de Interior de la Generalitat tan solo haya recibido una oferta por cada uno de los lotes convocados.

Mossos d´Esquadra: unas veces tanto y otras tan poco

No es que sea tampoco halagüeña la actualidad de los Mossos, inmersos en demasiadas polémicas como la que todavía sigue abierta a raíz de los altercados acaecidos el pasado 5 de octubre de 2013 en el Barrio de El Raval, cuando varios Mossos d´Esquadra reducían violentamente a Juan Andrés Benítez. Los testimonios de los vecinos y de aquellas personas que asistieron a la intervención policial hablan de una desmedida brutalidad en los modos empleados por los agentes del orden. Y según lo que cuentan no es la primera vez, ni la última. El efecto de este caso en concreto no puede ser más desgraciado. Un día después, Juan Andrés fallecía en el Hospital Clínic de Barcelona debido a los golpes recibidos y a las heridas causadas por éstos.

Ahora, más de dos años y medio después, la Justicia ha hablado y lo ha hecho con la boca pequeña, sin jurado popular. Tras un juicio de 35 minutos, los seis Mossos imputados aceptaron la propuesta de la Fiscalía: declararse culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral y aceptar una pena dos años de prisión para cada uno de ellos. Una pena que no cumplirán ya que no ingresarán en prisión, y otras medidas adicionales, como no poder acercarse a menos de 1.000 metros a El Raval o patrullar en la calle durante cinco años. Los Agentes estarán dos años suspendidos de empleo y sueldo y cinco años más de libertad vigilada. Una pena que parece pírrica para un crimen tan grande. Un castigo ínfimo para una acción deleznable en la que, según el acuerdo, los Mossos habrían dado patadas, puñetazos y golpes de rodilla y de porra a Juan Andrés Benítez. Una acción ejecutada de forma excesiva, desproporcionada, tanto en la duración temporal, que pudo ser superior a los 12 minutos, el número de Mossos intervinientes -hasta ocho-, así como en la fuerza física ejercida sobre la víctima“.