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El acuerdo ha beneficiado a la empresa italiana Generali Seguros que en octubre del año pasado ya recibió otro contrato del INE

Mientras el Gobierno debate una nueva subida de impuestos, la Agencia Tributaria destina casi 300.000 euros para un seguro de automóviles para personal de la AEAT

Marzo 30, 2014

Hace escasas semanas pagaba 2,1 millones a Emilio Botín por el servicio de cita previa de la Declaración de la Renta en un concurso adjudicado a una empresa perteneciente al Banco Santander a través de todo un entramado de sociedades interpuestas
También pagó 5,24 millones de euros a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos por el servicio de envío postal de los años 2013-2014 por 5,24 millones de euros


Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública, dejaba caer la afilada hoja de los impuestos sobre las cabezas de los civiles españoles el pasado 15 de marzo. El nuevo sistema del “garrote vil fiscal” se fundamentaba, al menos, en tan solo en una propuesta que veremos si llega a solidificarse con el paso de los días. Lagares, en representación del Comité de Expertos al que el Gobierno de Mariano Rajoy encomendó la tarea de elaborar un documento con recomendaciones sobre una reforma tributaria, entregó un borrador de reforma que asfixia al populacho. Y es que las primeras bajadas de los impuestos como el IRPF o de sociedades y patrimonio esconden una nueva subida del IVA (que reclasificaría los bienes de tipo reducido al general del 21%), así como más impuestos medioambientales, aumento del IBI o la supresión de deducciones, exenciones y bonificaciones en todos los impuestos.

Ahora la pelota se encuentra en el tejado del Gobierno central y los dirigentes del PP. De Guindos, ministro de Economía, y los expertos por un lado, Cristóbal Montoro y Rajoy por el otro… ¿qué hacer? De momento, el titular de Hacienda parece tener carta blanca para todo. La penúltima: que “los Informes que elabora Cáritas sobre la pobreza en España no se corresponden con la realidad porque sólo se basan en “mediciones estadísticas“. No contento con eso, reclamaba a esta Organización que no “provocara” debates en este sentido. En el citado Informe, Caritas denunciaba que España es el segundo país de la Unión Europea (UE), con el mayor índice de pobreza infantil, superado solo por Rumanía y que, al menos, un millón y medio de hogares españoles padecen una situación de exclusión social severa, un 69,8% más que en 2007.

Otro contrato millonario a Generali

Lo que resulta sorprendente es que mientras las cúpulas políticas del país debaten el nuevo panorama fiscal para enfrentarse al último tramo de la crisis económica, la Agencia Tributaria no repara en gastos. A Cristóbal Montoro no se le cae la cara de vergüenza por decir lo que dijo ni repara en gastos para “modernizar” su Hacienda y su AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). Este periódico informaba recientemente como la citada Agenciapaga 2,1 millones a Emilio Botín por el servicio de cita previa de la Declaración de la Renta. La empresa ganadora de aquel concurso pertenece al Banco Santander a través de todo un entramado de sociedades interpuestas y acumula quejas de clientes y consumidores, tras absorber a parte de los trabajadores que externalizó el Banco presidido por Botín tras la fusión de Banesto. Casi al tiempo, a Agencia Tributaria sacaba a concurso el servicio de envío postal de los años 2013-2014 por 5,24 millones de euros.

Y la última en cuanto a concesiones: más de un cuarto de millón de euros (274.399,69 euros), será lo que designe la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para el contrato que se ocupará del “seguro de automóviles del personal de la AEAT”. El convenio ha sido adjudicado a Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros “por ser la oferta económicamente más ventajosa, según se desprende del contenido del informe de clasificación de ofertas”. La adjudicación se produjo el pasado 14 de marzo a través de un procedimiento abierto de tramitación ordinaria.

Precisamente, Generali ya fue beneficiaria en octubre de 2012 de otro acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en base a un seguro colectivo de automóviles para vehículos del personal de campo del Instituto Nacional de Estadística por un importe total de 127.500 euros.