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LAS IRREGULARIDADES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (I)
La Generalitat de Cataluña recibió 8.008.493 euros

Medio Ambiente sólo suscribió 1.562.522 euros en convenios con la Comunidad de Madrid frente a los 14.871.968 euros de Andalucía

Julio 21, 2010

La Xunta de Galicia, gobernada entonces por el socialista Pérez Touriño, la tercera que más cuantía firmó con 4.878.356 euros

El número total de convenios celebrados por el Ministerio de Medio Ambiente con Comunidades Autónomas ascendieron a 45


Hasta en el Medio Ambiente parece que hay diferentes varas de medir, así mientras la Comunidad de Madrid, con más de seis de millones de habitantes suscribió convenios por poco más de 1,5 millones de euros mientras que Andalucía con una población similar recibió diez veces más. Pero no es el caso único, con población similar también, Cataluña recibió una cantidad que se multiplica por cinco e incluso Galicia, curiosamente gobernada por el socialista Emilio Pérez Touriño con tres veces menos habitantes, la cifra de 4,8 millones. Todo ello en una serie de convenios que firmados por Comunidades Autónomas llenos de puntos oscuros.

Irregularidades en los convenios con Comunidades Autónomas

La actividad convencional como forma de relación entre las Comunidades Autónomas ha adquirido una gran importancia, como muestran los registros administrativos consultados, y presenta manifestaciones muy diversas.  Aunque no pueda decirse que la actuación del Ministerio en los convenios haya estado carente de cobertura legal, el título invocado no es siempre el adecuado, lo que se explica por la dificultad que ofrece en muchas ocasiones la delimitación de las competencias materiales. En la práctica, en los convenios se ha desembocado en soluciones diversas para un mismo tipo de convenio, incluso los que se apoyan en unos mismos títulos competenciales.

Así tanto del tenor de las cláusulas de los convenios, como de los correspondientes informes justificativos, se desprende que el objeto, por lo general, no es coincidente con el de los contratos administrativos, de modo que, desde esta perspectiva, el encauzamiento de los negocios jurídicos por la vía convencional es correcto. En aquellos casos en que existía coincidencia de objeto, la cuantía del negocio permitía, en la época en que se formalizó, su canalización por dicha vía. Existen, en cambio, convenios que, a la vista de su objeto y del crédito presupuestario al que se imputan los gastos, se encuadran en la actuación subvencional, aunque algunos de estos convenios son negocios complejos, ya que no se limitan a servir de cauce para canalizar una subvención, sino que amplían su objeto a otras finalidades.

En cuanto a la definición de las actuaciones a desarrollar para cumplir el objeto del convenio, las situaciones son muy variadas. En unos casos, las descripciones de estas actividades son excesivamente genéricas, concretándose ulteriormente a través de la redacción y de la aprobación de proyectos, si bien en otros casos se parte de previsiones ajustadas. De otra parte, la situación difiere apreciablemente según se trate de gastos de inversiones a realizar por la Administración que las financia, los cuales se concretan por ésta en los ulteriores expedientes de contratación necesarios para su ejecución, o de subvenciones por gastos a realizar por la Comunidad Autónoma beneficiaria, cuya concreción en proyectos queda en manos de ésta. Cuando la concreción tiene lugar con posterioridad a la suscripción del convenio, sería necesaria la participación de los firmantes, directamente o por medio del órgano mixto de seguimiento, lo que no siempre ocurre.

Deficiencias en la formalización de los convenios

Los instrumentos de formalización de los convenios se ajustan, por lo general, a las exigencias formales recogidas si bien ello no es óbice a que se haya puesto de manifiesto la existencia de deficiencias, tales como la falta de especificación o la indeterminación del plazo de vigencia; la suscripción de prórrogas con posterioridad a la finalización de dicho plazo; la discordancia entre el carácter plurianual de algún convenio y el objeto, al consistir éste en la canalización de una subvención nominativa, sometida al principio de anualidad presupuestaria; la falta de previsiones sobre la extinción del convenio por causas distintas al transcurso del plazo de vigencia; la omisión de la mención de las consecuencias de la extinción del convenio por causas distintas a su ejecución; la omisión de la representación de la correspondiente Delegación del Gobierno en los órganos mixtos de seguimiento; la existencia de discordancias entre el documento de formalización del convenio y el texto publicado en el BOE; la carencia de fecha; la inclusión de referencias a normas inexistentes o relativas a materias ajenas

Todo ello tanto cuando Medio Ambiente era un ministerio independiente regido por Cristina Narbona como cuando asumió sus competencias Elena Espinosa. Suma y Sigue.