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Pablo Iglesias, el nuevo secretario general de la formación política, y su número dos, Juan Carlos Monedero, son grandes amigos del presidente bolivariano Nicolás Maduro

Masiva fuga de cerebros desde Venezuela a España y apariciones de listas negras amparadas por Podemos

Noviembre 16, 2014

La famosa lista negra “Tascón”, donde se señalaba con nombre y apellidos a todos aquellos que iban contra el régimen chavista y se ponía la cara de un mono en su fotografía, se mantuvo mientras Monedero fue asesor del gobierno venezolano, además de trabajar codo con codo con el ministerio de Planificación y en el Centro Internacional Miranda
“Ese fue mi delito, expresar mi opinión, desde ese entonces he recibido amenazas físicas, he sido maltratada psicológicamente, profesionalmente humillada, me han obligado a renunciar a mi empleo, y no me permiten trabajar o ejercer mi profesión en ninguna empresa venezolana”, afirma la ingeniera Ligia Pérez, quien ha tenido que exiliarse a España
También asegura que “de la manera más sutil, los militantes del PSUV te invitaban a inscribirte en el partido porque debías agradecer que, gracias a la revolución, tenías un empleo con posibilidades de ascenso si eras leal al proceso”


La estrecha relación de los líderes de la formación Podemos con los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro han puesto una nota negra sobre el futuro de la formación que lidera desde este pasado fin de semana, el nuevo secretario general Pablo Iglesias.

No hay que olvidar sus continuos viajes a Venezuela y los de su número dos, Juan Carlos Monedero, invitados por el régimen de Chávez  fueron el detonante de muchas acusaciones. Tampoco hay que olvidar que Monedero fue asesor del gobierno venezolano dirigido por Hugo Chávez entre 2005 y 2010, tanto a las órdenes directas del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como en el ministerio de Planificación o en el Centro Internacional Miranda, donde fue responsable de formación.

Esta gran amistad con el régimen bolivariano ha hecho que recientemente Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde el pasado 18 de febrero, haya pedido ayuda por carta a Pablo Iglesias. El líder de Podemos le pidió los datos del caso de este ex alcalde del municipio de Chacao, en el distrito de Caracas, y líder del partido de oposición Voluntad Popular (VP) para estudiar la posibilidad de hablar con Nicolás Maduro sobre el caso.

Un número de teléfono y de un correo electrónico para delatar

Pero este solo es un caso más de la dramática situación que vive Venezuela: con una masiva fuga de cerebros hacia España, listas negras y, además, desde este pasado fin de semana, con la aparición de un número de teléfono y de un correo electrónico donde delatar a todos los enemigos internos al régimen bolivariano. Pero lo más grave de todo, es que esta situación ha sido amparado por los líderes de Podemos.

Así, el número dos de esta organización política siempre ha defendido a la Revolución Bolivariana. Sobre Chávez llegó a afirmar que era “el último libertador de América Latina” y que el proceso político en América Latina era un ejemplo para un mundo que está inmerso en una “crisis sistémica capitalista“. Tras la muerte de Chávez, valoró el significado de su persona para romper la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina y construir un proceso de integración regional, criticando la posición interesada de los medios de comunicación.

El caso de Ligia Pérez y de multitud de venezolanos

Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero intentan olvidar que con su posicionamiento positivista hacia el régimen chavista obvian la dramática situación que viven muchos de los venezolanos que han tenido que emigrar a España, simplemente por no tener libertad de expresión. Ese es el caso de Ligia Graciela Pérez González, una ingeniera venezolana titulada en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, en Maturin Monagas. Su único pecado fue firmar una solicitud de revocación contra el régimen de Hugo Chávez:

Firmé una solicitud de referéndum Revocatorio, en el año 2004, contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Yo como venezolana, mujer profesional, que he vivido en un país “democrático” como Venezuela, ejercí mi derecho de acuerdo a las leyes de Venezuela, de firmar una solicitud de Referéndum revocatorio contra el presidente de la república de Venezuela. 

Ese fue mi delito, expresar mi opinión, desde ese entonces he recibido amenazas físicas, he sido maltratada psicológicamente, profesionalmente humillada, me han obligado a renunciar a mi empleo, y no me permiten trabajar o ejercer mi profesión en ninguna empresa venezolana, ya que PDVSA y el Gobierno venezolano controlan totalmente todas las industrias en Venezuela. Mi familia también ha sido amedrentada.

He venido a España, a buscar ayuda humanitaria, ya que no puedo regresar a mi país, porque sufriré las consecuencias de seguir siendo perseguida por mis pensamientos de libertad y justicia en mi país; de hecho por asistir a una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro, fui golpeada junto a mis compañeros, nos zafamos de las personas violentas que se hacen llamar “colectivos” y que es el brazo armado del chavismo

Un exilio forzoso

Ligia Graciela Pérez González, ingeniera en Mantenimiento Mecánico, trabajó durante 14 años en la Industria petrolera venezolana, comenzandolabores en año 1997 en la Compañía General de Combustibles, una trasnacional de capital coreano, canadiense y argentino, que posteriormente fue absorbida por la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A), pasando a formar luego una filial de PDVSA con el nombre de Petronado, S.A.

 Pero fue al firmar la solicitud de referéndum revocatorio contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, cuando comenzaron todos sus problemas, que le han ocasionado tener que exiliarse en España. La ingeniera Pérez  fue incluida en la famosa lista negra conocida como Lista Tascón“, ya que fue el diputado Luis Tascón quien la dio a conocer. El Departamento de Recursos Humanos de esta empresa pública, junto a la policía interna de PDVSA, llamada PCP, obtuvieron la Lista “Tascón” y la utilizaron para amedrentar a los trabajadores “disidentes”  que fueron perseguidos:

En mi caso fui y sigo siendo amedrentada, profesionalmente relegada, me hicieron firmar  mi renuncia a la empresa, me obligaban a ir a marchas o demostraciones a favor de Hugo Chávez. En reuniones de Gerencia, nos llamaban a los empleados que aparecíamos en dicha lista y nos humillaban, nos llamaban traidores a la patria. Yo como venezolana, mujer profesional, que he vivido en un país “democrático” como Venezuela, ejercí mi derecho de acuerdo a las leyes de Venezuela, de firmar una solicitud de Referéndum revocatorio contra el presidente de la república de Venezuela”, afirma la ingeniera Ligia Pérez González.

Tal fue el grado de control interno contra todos los opositores que se oficializó un documento titulado “Firma de referéndum”, donde aparecía el nombre de los disidentes como firmantes del referéndum revocatorio en contra del presidente y su número de identificación. A su vez ponía en la pantalla, a manera de intimidación, en vez de su foto la de un mono, como burla y humillación.

La lista negra “Tascón” está guardada por el régimen chavista en un programa llamado “Maisanta”

La Lista negra “Tascón” era un listado con las personas que habían firmado una planilla para poder activar el referéndum revocatorio contra del gobierno de Hugo Chávez, realizado en agosto 2004. Antes, estaba antes en internet y se podía ver fácilmente, ahora la tiene guardada el régimen bolivariano en un programa llamado “Maisanta“. Gracias a ella, todos los trabajadores del sector público que criticaban la gestión oficialista fueron removidos de sus cargos.

El fantasma de la lista siempre nos ha acompañado. Por eso muchos empleados públicos solo se dedican a cumplir su trabajo y no meterse en política”, afirma Ligia Pérez. El mecanismo de control era muy fácil: “de la manera más sutil, los jefes militantes del PSUV te invitaban a inscribirte en el partido porque debías agradecer que gracias a la revolución tenías un empleo con posibilidades de ascenso si eras leal al proceso. Y para no meterse en problemas, los trabajadores accedían a participar en las marchas políticas, donar un día de salario o vender rifas del PSUV en las campañas electorales”.

Todo comenzó en 2003, cuando el entonces diputado Luis Tascón dio a conocer la lista, con nombres y número de cédula de los ciudadanos que solicitaron al Consejo Nacional Electoral la realización de un referéndum para revocar el mandato del presidente Chávez, consulta que se efectuó el 15 de agosto de 2004.

Tascón subió la base de datos del CNE a su página web y desde ese momento fue usada por jefes de los organismos y empresas del Estado para impedir que venezolanos consiguieran empleo o suscribieran contratos en el sector público porque firmaron la solicitud de dicho revocatorio, derecho establecido en la Constitución. Todo esto mientras el número dos de Podemos, Juan Carlos Monedero, fue asesor del gobierno venezolano.

En todos los órganos estatales se desató una persecución contra los trabajadores que aparecían en esta lista o se sospechaba que habían votado Sí en el referéndum. Tanto es así que en el año 2006, el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, afirmó que la petrolera era “roja rojita” y no daba cabida a los que no compartieran el modelo socialista del presidente Chávez, quien llegó a decir que Ramírez se merecía el Premio Nobel. Esta coloración política se extendió al resto de la administración pública, empresas del Estado y a las gobernaciones y alcaldías en manos del oficialismo. Así la lista Tascón siguió viva, mientras Juan Carlos Monedero estuvo en Venezuela.

Hoy en día, uno de cada diez venezolanos está en trámites para dejar su país

Hoy en día, la última encuesta de la firma Datanálisis señala que uno de cada diez venezolanos -la población del país es de 30,4 millones- está en trámites o busca información para dejar el país. En 2004, la cifra era del 4 por ciento. Estos son los datos de los estudios recabados de sumar las estadísticas de países de destino, ya que Venezuela no publica ningún dato de emigración desde el año 2000.

Las últimas estimaciones del sociólogo Tomás Páez (doctor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela), en su estudio “La comunidad venezolana en el exterior”, indican que, de los emigrantes, un 90% tienen al menos licenciatura universitaria y un 14 por ciento doctorado. Esta masiva fuga de cerebros desde Venezuela es evidente, así en España de 54.719 personas en el año 2000 se ha pasado a 161.568 personas exiliadas en 2012.

En su día el diario El País detallaba las cantidades que el régimen de Chávez ha ido entregando a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), el llamado tinglado bolivariano de Pablo Iglesias. Según el citado diario, Venezuela destinó 3,7 millones a esta Fundación donde en su consejo ejecutivo estaba el secretario general de Podemos con la idea de traer el chavismo a España. En algunos ejercicios, los pagos del Gobierno venezolano, retribuciones por convenios de asesoramiento político, superaron el 80% de sus ingresos.

Juan Luis Galiacho
@jlgaliacho