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Más madera para la corrupción valenciana del PP: Alberto Fabra realizó entre 2013 y 2014 desde la Generalitat encomiendas de gestión sin seguridad jurídica, una figura excluida de la Ley de Contratos Públicos

Marzo 9, 2016

Tras los registros realizados por la Fiscalía Anticorrupción en el Caso Imelsa que afectan a Alfonso Rus, protegido de Fabra, la entidad encomendada es principalmente VAERSA (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A.), que cuenta con numerosas sentencias por ejercer potestades administrativas sin permiso

alberto fabra

No tengo responsabilidad directa pero sí tengo una responsabilidad política que asumo. Con estas lánguidas pero concisas palabras, Esperanza Aguirre daba el paso que jamás nadie hubiese imaginado: irse. La ex presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad de Madrid, dejaba su puesto debido a los últimos acontecimientos que han hecho temblar los cimientos del Partido Popular, como el registro a la sede del PP por la trama Púnica. No obstante no es el único lugar geográfico en el que se tambalean los populares. A la crisis política y el desgaste evidente provocado por la creciente fuerza de las mareas y demás partidos de izquierda hay que sumarle el evidente peso de la corrupción. Valencia es una tierra que, por desgracia, sabe mucho de eso.

A finales de enero, la Fiscalía Anticorrupción realizaba una treintena de registros que afecta directamente a ex altos cargos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, principal y nombradamente, el ex alcalde de Xátiva y ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, en el marco del caso Imelsa. Una persona a la que el presidente de la Generalitat valenciana entre 2011 y 2015, Alberto Fabra, ratificó a Rus como candidato a la alcaldía de Xátiva pese a saber que estaba siendo investigado por la Fiscalía. Y es que Alberto Fabra, ahora sustituido por el socialista Ximo Puig, parece que no ha luchado todo lo que hubiese podido contra una corrupción que también le ha cercado. Para muestra, la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana acaba de publicar el Informe de Fiscalización de las encomiendas de Gestión de la Generalitat ordenadas en el ejercicio 2013 y ejecutadas en 2013 y 2014, años en los que presidía el órgano de Gobierno Autonómico el propio Fabra. El dossier deja en entredicho la figura del ex presidente y su séquito, sobre todo a la hora de aplicar la figura de la encomienda de gestión.

Una estrategia ilegal fallida  

La encomienda de gestión es una técnica del Derecho Administrativo español, utilizada en la Administración pública para trasladar una potestad a un órgano distinto del encomendante. Una parte relevante de la gestión pública de la Generalitat se ejerce utilizando la figura de la encomienda de gestión a sus entes instrumentales, principalmente a través de la sociedad mercantil VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A. En este caso, la Generalitat sería el ente encomendante y VAERSA el ente encomendado que recibe la encomienda de gestión. Según la definición de esta figura, la Generalitat se quedaría con el aspecto jurídico de la potestad, dejando a VAERSA las actividades de carácter físico, material y técnico. Este proceso debe responder a razones de eficacia por falta de medios técnicos del encomendante para la realización de la actividad en cuestión. Pero, ¿ha ganado o ha perdido eficacia y sobre todo legalidad la Generalitat en el uso de esta estrategia?

Estas encomiendas realizadas por la Generalitat de la Comunidad Valenciana carecen de seguridad jurídica por que no se ha desarrollado el Decreto que las regula en el ejercicio 2013. Además, en 17 expedientes de los 19 revisados, la Generalitat no ha justificado la idoneidad de recurrir a la encomienda de gestión frente a la contratación directa de personal o la contratación administrativa. Máxime cuando es sabido que las encomiendas de gestión están excluidas del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y su utilización tiene carácter excepcional, siendo prioritarios los principios que rigen la contratación pública de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación.

Por ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha ido perfilando esta figura y las nuevas directivas de 2014 exigen una nueva configuración de estos encargos a entes instrumentales para regular su excepcionalidad e impedir que se falseen las reglas de la competencia en la licitación pública.

VAERSA, en el ojo del huracán

VAERSA es una empresa de gestión que se encarga de ámbitos tan amplios como el patrimonio natural, infraestructuras de residuos, prevención de incendios forestales, obras de emergencia, ingeniería, desarrollo rural, educación o sensibilización medioambiental.

De los expedientes estudiados por la Sindicatura de Comptes -en los que aparece VAERSA como principal entidad encomendada-, en 11 de ellos, el personal contratado para prestar el objeto de la encomienda ejerce funciones públicas lo que podría incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores, contraviniéndose el Estatuto Básico del Empleado Público. VAERSA no puede ejercer potestades administrativas y ya han recaído varias sentencias en contra de VAERSA por este motivo. En otros 14 expedientes no consta que se calculen y se presupuesten las tarifas de manera que representen los costes reales de ejecución. De ellos, 12 expedientes corresponden a VAERSA. El error se incrementa cuando se conoce que hasta 2013, VAERSA ha aplicado unas tarifas que no se corresponden con la estructura de costes  por lo que podría suponer un sobrecoste. El resultado de explotación del ejercicio 2013 de la entidad VAERSA es de 8.557.473 euros mientras en 2012 tan solo alcanzó los 2.212.545 euros. Las encomiendas nunca deberían comportar un exceso de beneficio a la entidad encomendataria, y estos resultados muestran algo diferente. Quizás porque, como también expone el Informe de Fiscalización, no consta que la Generalitat haya adoptado medidas de control, como entidad encomendante, sobre la subcontratación realizada por la encomendataria, especialmente referido a VAERSA.

¿Por qué todo para VAERSA?

Otras deficiencias graves, como la realización de pagos por parte del Conseller de Gobernación y Justicia para tapar la carencia de créditos presupuestarios para llevar a cabo ciertos expedientes o que el 95,2% de los pagos revisados (por importe de 26.778.887 euros), hayan sido abonados fuera del plazo, han contribuido a que el Informe de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes concluya que, en los años 2013 y 2014 la Generalitat no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, debido a los incumplimientos significativos anteriores.

En relación con las encomiendas a VAERSA, con fecha 22 de febrero de 2000, se suscribió un convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la citada sociedad, en materia de actuaciones de su competencia. La Ley de Medidas Urgentes para Agilizar el Desarrollo de Actividades Productivas y la Creación de Empleo regula el régimen jurídico de la sociedad mercantil VAERSA y sus sociedades filiales, configurándolas como medio propio instrumental y servicio técnico de la Generalitat. Esta sociedad queda obligada, de este modo, a ejecutar los trabajos que le encomienden cada uno de los departamentos en que se estructura la Generalitat. El Consell puede regular mediante un decreto el régimen de las encomiendas reguladas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pero dicho decreto, aún no ha sido aprobado.

Doinel Castro