Menú Portada
Tras el anuncio del Gobierno según el cual pretende recortar 2.684 millones de euros entre 2013 y 2014

Más de 300.000 españoles dependientes no reciben ninguna ayuda debido a importantes fallos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Abril 25, 2013

Este sistema, gestionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), es utilizado por tan solo ocho Comunidades Autónomas

Debido a “incoherencias” entre la información del sistema general y la de cada Comunidad, más de 300 millones de euros se encuentran en una situación indebida

Si se hubiese regulado, cada ciudadano desatendido podría optar a una ayuda de 1.000 euros de media

Normal
0

21

false
false
false

ES
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabla normal”;
mso-style-parent:””;
font-size:11.0pt;”Calibri”,”sans-serif”;}


Cuando el ejercicio de 2012 tocaba a su fin, el Plan presupuestario bienal para 2013 y 2014 aprobado en Consejo de Ministros y remitido a la Comisión Europea caía como un jarro de agua fría sobre cuidadores y dependientes. Las medidas de racionalización del sistema de dependencia preveían un recorte de 2.684 millones de euros entre 2013 y 2014. A este horizonte poco halagüeño se une la situación límite de unos cuidadores que deben costearse su Seguridad Social al tiempo que ven como sus sueldos descienden más y más. Los recursos, ya exiguos de por si, dejan paso a una gestión paupérrima de los mismos.

Hace escasas semanas el Tribunal de Cuentas publicaba su Informe de Fiscalización de “La gestión económico-financiera y de la aplicación de la ley 36/2009, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” analizando desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2010. La conclusión que se saca en claro tras leer detenidamente el dossier del órgano fiscalizador es que la administración de las ayudas a dependientes concedidas por el Gobierno en España no va por buen camino y debe cambiar. De lo contrario la herida abierta por la negligencia de los gestores causará una “infección” mayor que hará necesaria la extirpación del sistema. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Ana Mato se encuentra detrás de esta compleja tesitura.

Para unos sí y para otros no, según dónde residan

Quizás donde las deficiencias de la ejecución de la Ley se muestran más flagrantes sea en el reconocimiento del derecho a la situación de dependencia. Sin ir más lejos el propio informe declara que “existen importantes diferencias en el procedimiento establecido para el reconocimiento del derecho a la situación de dependencia (…) en función del territorio de residencia del solicitante”. De este modo se vulneraría el derecho subjetivo de los ciudadanos a estas ayudas y el acceso a las mismas “en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación”. Así se llega a un panorama, a 31 de diciembre de 2010, en el que un total de 231.055 personas con derecho a recibir prestaciones –el 25,68% del total- no recibían ningún tipo de prestación. A 31 de diciembre de 2011, el número total de dependientes sin ayudas ascendía a 305.941 personas.

Respecto a los plazos, “catorce Comunidades han incumplido el plazo máximo de seis meses” para el reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia, siendo especialmente significativo dicho incumplimiento en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León, Valenciana, Madrid y Región de Murcia. Esta situación implicó un retraso en el reconocimiento de las prestaciones y que las personas realmente necesitadas de las mismas prolongaran su estado de minusvalía.

Un sistema de información desastroso

Mientras, más de 300.000 dependientes se quedan sin asistencia, en los casos en los que se acredita esta necesidad, “el porcentaje de prestaciones económicas supera al de los servicios sociales reconocidos”. Además, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas “no remiten información alguna sobre las prestaciones económicas derivadas de la situación de dependencia”. De este modo, además del incumplimiento de los fines recogidos en el Real Decreto, se produce un riesgo tácito de concurrencia y duplicidad en el reconocimiento de prestaciones sociales públicas.

El Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia está gestionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Sin embargo la administración del mismo no dice mucho a su favor. Por un lado, este sistema general de ayudas a la dependencia es utilizado por tan sólo ocho Comunidades Autónomas del total de 17 que conforman España. El resto, utilizan sus propios sistemas y aplicaciones informáticas, limitándose a comunicar al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia “la información mínima obligatoria y, en ocasiones, con numerosas deficiencias e incongruencias”.

Agujeros en las cuentas

Las dos vertientes de la administración de lo concerniente a autonomía y dependencia provoca una situación caótica y “falta de homogeneidad” que se traducen en “numerosas deficiencias”. Unas irregularidades que se enumeran en: información no actualizada, existencia de personas fallecidas, duplicidades, falta de homogeneización de datos entre las Comunidades Autónomas o retrasos en la depuración y en la comunicación de la información.  

Herencia de esta situación carente de orden y rigor, “a 30 de abril de 2011, las seis Comunidades Autónomas fiscalizadas (Andalucía, Cataluña, Valenciana, Madrid, Principado de Asturias y Canarias) presentaban numerosas incoherencias en relación con sus beneficiarios” entre la información existente en el Sistema de Información general y la información disponible en las aplicaciones informáticas propias de cada comunidad. En total, más de 300 millones de euros se encuentran en una situación irregular por causas de esta índole.

Diferencias inexplicables y vergonzosas

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales “podría haber efectuado pagos indebidos, en un total de 35.437 expedientes” y valorados en 220.768.675 euros, que figurando en la aplicación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no constaban en las bases de datos de cada Comunidad Autónoma. La falta de transparencia del sistema también se cobra víctimas en el otro sentido. Las Comunidades Autónomas “podrían haber dejado de recibir fondos públicos en un total de 33.029 expedientes” y valorados en 70.286.113 euros –que el Instituto no habría abonado a las Comunidades-, por el mismo motivo: situaciones de dependencia de beneficiarios que figuran en las aplicaciones de los gobiernos pero no en la aplicación informática del Sistema.

La situación se agrava al contabilizar otros 14.202.619 euros que el Instituto no habría abonado a las Comunidades Autónomas ya que “ni siquiera había información de estos beneficiarios en la aplicación informática del Sistema”. En total, el informe del Tribunal de Cuentas recopila 56.010 expedientes afectados por la “falta de coherencia entre la información de los beneficiarios de dependencia obrante” entre las aplicaciones informáticas de las seis Comunidades y la recogida en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Jesús Prieto