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LA CUENTAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE ALBERTO FABRA AL DESCUBIERTO (I)
El 29 de noviembre de 2013 el ente público clausuraba sus emisiones con un gran clamor contra el presidente valenciano

Más de 1.000 millones de euros en pérdidas a 31 de diciembre de 2012 y la pasividad de la Generalitat Valenciana provocaron el cierre de Canal 9

Febrero 18, 2014

De forma agónica y despiadada, a las 12:19 de la mañana del pasado 29 de noviembre de 2013, se apagaban las luces de la Televisión Valenciana. No sería éste un apagón analógico, un fallo de la señal de emisión o una melancólica carta de ajuste, sino el prólogo de la nada. Radio Televisión Valenciana cerraba, y lo hacía para siempre. Desde aquel momento y hasta el día de hoy, se ha crucificado al presidente catalán, Alberto Fabra, como el maestro de torturas y verdugo de un cierre que sabía a tiempos de entreguerras. De hecho, el desalojo de las instalaciones de RTVV en Burjassot por parte de la Policía, mientras los trabajadores emitían una programación especial ante la inminente disolución de la entidad, no habla muy bien del procedimiento puesto en marcha. Los periodistas, en aquel momento, se parapetaron en la sede para comenzar a clamar contra el presidente y su Gobierno, prorrumpiendo gritos como: “¡No tenéis vergüenza!”, “¡Fabra dimisión!” o “¡Ladrones!”. Mes y medio después, el peso del colectivo y de la ciudadanía en general sigue cayendo sobre el líder de la Generalitat y el PP valenciano. Alberto Fabra y su equipo son increpados en cada acto público e incluso se está poniendo en duda la hegemonía que su partido poseía en todos los ámbitos de la sociedad. El vituperio está a la orden del día. Y es que 24 años de historia no se olvidan de la noche a la mañana.     

No es una decisión personal, un mero ajuste o una nueva extensión de la política de austeridad lo que ha llevado al cierre de RTVV y por ende de Canal 9. La situación ha explotado por el lado más amargo, el del fin de actividad para la empresa y el cese de todos sus trabajadores. Sin embargo, el camino hacia ello ha sido tortuoso y traicionero. Un camino que nadie se ha preocupado por enderezar, y esta indolencia sí es un gran error que se le puede achacar a Fabra y a su Gobierno. El Informe de Fiscalización de las Cuentas de la Generalitat Valenciana elaborado por la Sindicatura de Comptes y referido a las empresas públicas y otros entes valencianos lo deja bien claro. Lo ocurrido en Canal 9 fue la crónica de una muerte anunciada.
 
Según la Ley 4/2013 anunciada el 5 de noviembre y aprobada el 27 de noviembre con la mayoría absoluta del PP en el Parlamento valenciano, se aprueba la disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana. A pesar de ser éste el toque de gracia a la empresa pública, las cuentas referidas a 2012 ya asomaban indicios de insostenibilidad. Concretamente, los resultados de este análisis mostraban una más que compleja tesitura con más de 1.000 millones de euros en pérdidas y un patrimonio neto negativo de 160 millones. “La nota 2 de la memoria consolidada informa de la existencia de un patrimonio neto negativo a 31 de diciembre de 2012 del Grupo RTVV por importe de 1.039.726.598 euros, como resultado de las pérdidas recurrentes y acumuladas derivadas de la insuficiencia de las dotaciones presupuestarias de la Generalitat para su financiación. El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2012 de TVV (Televisión Valenciana) y RAV (Radio Valenciana) presentaba un valor negativo de 156.671.311 euros y 7.358.960 euros, respectivamente. En consecuencia, ambas sociedades se encontraban en uno de los supuestos de disolución previstos en el artículo 363.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al resultar su patrimonio neto inferior a la mitad del capital social”. Desde esta fecha hasta que RTVV entra en estado de disolución liquidación (28 de marzo de 2013) pasan tres meses íntegros, y hasta el cierre definitivo (29 de noviembre), once meses, sin que nadie haga nada por evitarlo.
 
Errores contables

Es, curiosamente, en el ámbito financiero el Informe de la Sindicatura de Comptes donde se hallan los desniveles más pronunciados en la gestión de la Radio Televisión Valenciana que han impedido un desarrollo normal y sin contratiempos del ente autonómico. Además de los números rojos de la televisión, la poca organización e higiene del grupo suma un hándicap más para su buena marcha. La memoria del Grupo RTVV “no informa de las normas de valoración aplicadas por esta Entidad para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante, tal como establece la norma tercera del marco conceptual del Plan General de Contabilidad”.

No solo la distribución de los recursos y de los fondos de RTVV es motivo de crítica, sino que el uso de estos mismos y los fines a los que son dedicados también son puestos en entredicho: “los pasivos que pudieran derivarse de las contingencias puestas de manifiesto (…) en relación con el complemento retributivo plus de convenio y con la adecuación de las cotizaciones a la Seguridad Social, no han sido contabilizados a 31 de diciembre de 2012, ni la memoria informa a este respecto”.
 

Revisión del cumplimiento de la legalidad

Hasta en ocho puntos marcados por la Sindicatura de Comptes, el ente público Radio Televisión Valenciana incumplió la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos. A groso modo, las infracciones más relevantes son facturas -por orden de más de 2 millones de euros- que no cumplen los requisitos del Consejo de Política Fiscal y Financiera; expedientes de gasto sin memoria explicativa; o más problemas que conciernen a su estabilidad al transcurrir más de un ejercicio social desde que el patrimonio neto estuviera por debajo de las dos terceras partes del capital social, sin haberse recuperado”.

Respecto a las obligaciones, RTVV también presenta dificultades ya que “están pendientes de realizar pagos por importe de 169.612.913 euros, que superan el plazo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”.  
 
Contratos y personal

Los procedimientos abiertos y de concurrencia pública también podrían haber sido manipulados. Por un lado, la contratación de algunos gastos “ha sido efectuada de forma directa, incumpliendo los principios y normas establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”; además “no se acreditan las negociaciones efectuadas al objeto de adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa”. En este punto también cabe destacar que la fórmula que valora las diferentes propuestas económicas no es “totalmente efectiva” y los criterios seguidos no permiten “justificar las puntuaciones finalmente asignadas”. Estas últimas irregularidades le confieren total autonomía a RTVV para adjudicar sus contratos a las candidaturas que la entidad decida, con absoluto menoscabo a la objetividad. En resumidas cuentas y como especifica el Informe de la Sindicatura de Comptes respecto a la contratación ejecutada por RTVV: no atiende “a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación”.

El campo que se ocupa del personal también se tambalea con procedimientos de contratación que “no se atienen a lo determinado en la normativa de aplicación”. Aparte, RTVV habría contado en su plantilla con personal eventual a pesar de estar dictaminado por ley que “los entes del sector público no podrán tener a su servicio” este tipo de trabajadores.