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A pesar de los requerimientos del Tribunal de Cuentas

Mariano Rajoy mantiene la elevada financiación al Centro Sefarad-Israel a pesar de sus “importantes y persistentes pérdidas” y de la negativa del BBVA a aportar datos que permitieran auditar correctamente las cuentas

Septiembre 17, 2014

El Banco presidido por Francisco González mantiene abierta una cuenta operativa y una póliza de crédito con esta entidad y su “silencio” impiden al Alto Tribunal certificar la veracidad de saldos y movimientos bancarios
La caída de ingresos propios y subvenciones se suma a la indiferencia mostrada por las legaciones diplomáticas, empresas o entidades culturales de la comunidad judía 
Más de la mitad de la plantilla son empleados del más alto nivel retributivo: 14 directivos en el Consejo Rector y 13 empleados


Las relaciones entre el pueblo israelita con muchas de las naciones del planeta nunca son sencillas. La herencia que muchas comunidades judías han dejado en buena parte de los países de Europa choca con la opinión de buena parte de la población sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que en su último enfrentamiento costó la vida de 2.130 inocentes, en su mayoría civiles. En momentos como este, es cuando se ve más clara la dicotomía -como ha sido el caso de España-, que por un lado decretó el embargo de armas a Israel mientras que por otro, destina buena parte del presupuesto anual del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de José Manuel García-Margallo, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID),a la causa judía.

El Centro Sefarad-Israel fue formalizado en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, a través de un Convenio a cuatro bandas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, con el objeto de fomentar las relaciones entre España y la comunidad y organizaciones judías. Ocho años más tarde, el Estado sigue manteniendo un Centro que importa poco pero cuesta mucho. Ni los propios judíos lo tienen en consideración. 

Indiferencia total

Así lo pone de manifiesto el Informe de Fiscalización del Consorcio Centro Sefarad-Israel realizado por el Tribunal de Cuentas y relativo a los ejercicios de 2011 y 2012. La principal fuente de financiación del Centro son las aportaciones de las Administraciones consorciadas que han sufrido un descenso muy importante en los últimos años (si bien en los ejercicios de 2007 a 2009 se acordaron aportaciones por valor de 3 millones de euros, en 2012 apenas se ingresó un tercio de las contribuciones acordadas en los primeros años). El Consorcio del Centro judío ha intentado -infructuosamente- contrastar estas grandes pérdidas con un incremento de los ingresos propios y subvenciones finalistas. El Centro apenas ha conseguido financiación por parte del entorno de las legaciones diplomáticas, empresas o entidades culturales de la comunidad judía. La indiferencia es total. 

La dejadez administrativa y la inacción política sitúan al Centro Sefarad en una encrucijada que puede desembocar en su desaparición. Ante los resultados, sería la opción más lógica: los estados financieros de 2011 y 2012 “no expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la entidad fiscalizada y de los resultados de sus operaciones”. Además las cuentas de estos dos ejercicios presentan “resultados negativos elevados y persistentes, producto de una muy importante caída de los ingresos y una insuficiente reducción de los gastos”. Esta situación del Centro como ente claramente deficitario conduce irremediablemente a un desequilibrio patrimonial que hace surgir la pregunta sobre el futuro de una institución que no es capaz de hacer frente a sus obligaciones. Casi 4 millones de euros (3.962.675 euros), figuran en la fiscalización de los ejercicios correspondientes a 2011 y 2012 como saldos sin valor real, así como concesiones, inmovilizado intangible, inversiones, deudas, transferencias o amortizaciones carentes de valoración o constancia. Una gran muestra de las lagunas financieras que presenta el centro sefardí.

Dejadez y silencio sospechoso del BBVA

Eso sí, en muchos de los aspectos contables el Tribunal de Cuentas ha tenido que “fiarse” de los estados contables presentados por el Instituto sin otros datos fundamentales, como cerciorarse de la exactitud de los saldos bancarios. A pesar de diferentes requerimientos de información realizados por el Tribunal al BBVA -banco donde tiene el Centro Sefarad abierta una cuenta operativa y una póliza de crédito-, la entidad financiera presidida por Francisco González no remitió ningún dato que permitiera auditar correctamente las cuentas y certificar la veracidad de saldos y movimientos bancarios. Algo inaudito que dice muy poco de la entidad financiera.

Desde un primer momento y teniendo en cuenta el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, el Centro Sefarad se ha intentado lucrar en gran medida de la contingencia estructural favorable. Por un lado, el número de miembros en el Consejo Rector del Centro supera en 5 al permitido (actualmente son 14 y su máximo está limitado a 9 según Real Decreto). Además el consorcio presenta un elevado número de órganos directivos y consultivos para un organismo que, al cierre de 2012, contaba con una plantilla de 13 empleados no directivos y unos ingresos de 1,2 millones de euros. Hablamos de una entidad conformada por 14 directivos en el Consejo Rector y 13 empleados, aprovechándose los primeros de las ventajas retributivas y laborales que su cargo implica. El informe del Tribunal de Cuentas lo deja claro: “continúa la desproporción del número de empleados del más alto nivel retributivo que (…) suponían más de la mitad de la plantilla en los ejercicios considerados”. Lo nunca visto.

Pésima política laboral

Es este aspecto, el del personal, donde se destapan las inexactitudes más sangrantes del centro sefardí. En primer lugar, no existe una plantilla de personal formalmente aprobada. Los contratos laborales formalizados por el consorcio se refieren a categorías profesionales distintas de las establecidas en el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid y cuyos requisitos profesionales y funciones no constan ni en el contrato ni en documento alguno del consorcio. El nivel salarial de referencia o el desglose del sueldo base tampoco aparecen por ningún lado.

De los empleados despedidos en 2011 (8), cuatro de ellos acudieron a la jurisdicción laboral aceptando el consorcio en el trámite de conciliación unas elevadas indemnizaciones, muy por encima de las máximas señaladas en la legislación laboral sin que se hayan justificado las causas de estos incrementos. A estas indemnizaciones hay que sumarles otra indemnización por incumplimiento del deber de preaviso, otra más por el cese del Director General y los gastos jurídicos de la tramitación dejando el cómputo global en más de 100.000 euros por 8 despidos (101.053 euros).

A todo ello hay que añadir las deficiencias en la contratación. El Tribunal de Cuentas ha analizado una muestra representativa de los justificantes de gasto, encontrándose en casi todos ellos deficiencias mayúsculas como la omisión o insuficiencia de propuestas, memorias o informes en los que se justifiquen detalles y circunstancias del gasto, así como su necesidad y conveniencia para el cumplimiento de los fines del consorcio y su relación con las actividades del mismo. Contratos sin justificaciones, excesos de servicios gratuitos pactados, inexistencia de facturas de la muestra de los servicios prestados y de cálculos de honorarios o la falta de expedientes de contratación son algunas de las desviaciones más importantes que se encuentran en la contratación.