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Garzón asegura que no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil, pero no hay que olvidarla

Los Tribunales del exterminio franquista

Octubre 20, 2008

Franco, en noviembre del 38, alardeaba de tener una lista con más de dos millones de nombres: “Con las pruebas de sus crímenes y los nombres de los testigos".
El general fascista Emilio Mola decía: “Es necesario propagar una atmósfera de terror. Cualquiera que defienda abiertamente el Frente Popular debe ser fusilado”.


El auto dictado por el juez Baltasar Garzón ha puesto de nuevo sobre la mesa las responsabilidades morales y penales en las que incurrieron quienes desencadenaron la Guerra Civil, resultaron vencedores y desplegaron una represión vesánica contra los vencidos. Y, al mismo tiempo, ha reabierto el debate promovido por la discusión y aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en cuanto atañe al derecho de las familias a conocer el paradero de sus deudos, víctimas de la represión, a rehabilitarlos y darles digna sepultura.
Las dudas asoman cuando se pasa de la reparación moral de las víctimas a la persecución penal de los verdugos, porque la amnistía de 1977 cabe interpretarla como la liquidación de una etapa y, en consecuencia, acaso no es posible volver sobre los delitos asociados a la represión franquista para ser juzgados por tribunales y leyes que están obligados a acatar la prescripción dispuesta por la Ley de Amnistía. Es posible también la consideración contraria, que se trata de delitos contra la humanidad que no prescriben y que, por tal motivo, deben perseguirse siempre, aunque se haya dictado una amnistía general.
Ante tal dilema, parece más prudente pasar de la reflexión jurídica a la política y concluir que la historia no es reversible y que en España la transición se tradujo en un pacto histórico, tan lleno de imperfecciones como preñado de virtudes, que garantizó la convivencia. Este es un bien superior, que la reivindicación de la memoria de los vencidos no daña, y en cambio la acción de los tribunales puede perturbar. La superioridad moral de la democracia frente al franquismo, y de los defensores de la República frente a los inductores del cuartelazo, está tan asumida por nuestra sociedad que su arraigo no depende, por fortuna, de la acción de los tribunales.
El partido de la oposición, el PP, no se pronuncia sobre la actuación de Garzón y remiten a lo que ya dijeron en su momento. Son los fiscales y los jueces de la Audiencia los que van a combatir a Garzón. En todo caso, como dice Garzón, “no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil”. Sin embargo, el auto resalta las medidas dirigidas a localizar los certificados de defunción de los altos cargos del régimen franquista y de la Falange con objeto de comprobar si puede imputar a alguno de ellos un delito.
Extraconfidencial.com pone a disposición del Juez Baltasar Garzón el listado de los miembros del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y de la Jefatura Nacional, las personalidades que figuran en ellos. Y como muestra, un botón de los más destacados en ambos listados.

Wenceslao González Oliveros

El objetivo del fascismo, repetido en documentos, expresado en discursos y bendecido, era la “purificación” del país. No se buscaba la derrota del otro sino su exterminio social y político. Términos mucho más truculentos encontramos en la documentación de los fascistas, por ejemplo en lo escrito por Wenceslao González Oliveros, primer gobernador franquista de Barcelona en 1939: “Cataluña contra el régimen franquista. París. Edicions Catalanes de París, 1973”. Los nazis alemanes llegaron a admirar el grado de represión franquista y Kart Kranzlein escribía: “Los generales no buscaban garantizar su victoria principalmente en sus éxitos militares, sino en una limpieza sistemática y profunda del territorio interior”. “El principio del nacionalismo moderno ‘todo oponente será destruido’ se cumple a rajatabla (…) Igual que aquí en Alemania”. Franco, en noviembre del 38, alardeaba de tener una lista con más de dos millones de nombres: “Con las pruebas de sus crímenes y los nombres de los testigos”. El fin, “limpiar el terreno para construir nuestra estructura”. El general fascista Emilio Mola decía: “Es necesario propagar una atmósfera de terror (…) Cualquiera que defienda abiertamente el Frente Popular debe ser fusilado”.

Eduardo Aunós Pérez

Abogado y político español (Lérida, 1894 – Madrid, 1967). Militante de las juventudes mauristas, fue diputado en Cortes en 1916. Colaboró con el régimen dictatorial del general Primo de Rivera desempeñando la cartera de Trabajo. Tras la caída de la dictadura se exilió a París, donde organizó un bufete que alcanzó gran prestigio internacional. Intentó en vano constituir un partido corporativista al estilo del fascismo italiano.
Afiliado a Renovación Española, al estallar la Guerra Civil española se puso a las órdenes del general Franco. En 1937 fue nombrado consejero nacional de FET y de las JONS y miembro de la Junta Política de dicha organización. En marzo de 1939, antes de terminar la guerra, firmó un acuerdo comercial en nombre del Gobierno nacional con Argentina y un convenio de pagos con Italia.
Al finalizar la contienda fue embajador de España en Argentina, Brasil y Bélgica, donde la Universidad de Lovaina le concedió el título de doctor honoris causa. Durante el franquismo se hizo cargo del Ministerio de Justicia desde el 15 de marzo de 1943 hasta el 20 de julio de 1945. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y presidente del Tribunal de Cuentas del Reino.

JULIO FERNANDEZ