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Mientras el Partido Popular perfila una Sanidad pública sin tarjeta para los inmigrantes

Los trabajadores públicos de la SEPI pasarán consulta en la Sanidad privada los próximos dos años a través de un contrato de más de 600.000 euros

Abril 24, 2015

El contrato para el “seguro colectivo de asistencia sanitaria” ha sido concedido, por el Ente presidido por Ramón Aguirre, a ASISA y durante el proceso de licitación y adjudicación solo se recibieron dos ofertas

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En pleno debate migratorio con el pesquero hundido en las proximidades de Lampedusa y una cifra sin concretar de entre 700 y 900 inmigrantes perecidos en la tragedia, el primer mundo se echa las manos a la cabeza. Lamentos que suenan a lágrimas de cocodrilo, vacuas y fútiles cuando ya nada se puede hacer. Lo necesario es legislar y poder enderezar una situación que parece condenada a no arreglarse nunca. En España toca hablar de la Sanidad pública. Recientemente el ministro del ramo, Alfonso Alonso, anunciaba que se volvería a dar Atención Primaria a los inmigrantes irregulares, aunque éstos no recuperarían la tarjeta.

Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, el partido que desde el seno popular están comenzando a ver casi con igual aceptación que deseo de cara a posibles pactos, ha asegurado desde su facción madrileña que la atención a los inmigrantes irregulares en España debería limitarse a un paquete básico sanitario en la red pública que contemplaría sólo la atención en casos de urgencias, embarazadas, menores de edad, enfermedades infecciosas y graves.

Más guiños a la Sanidad privada

Mientras los partidos convocados a las urnas en un año rabiosamente electoral se enzarzan sobre los derechos sanitarios de los inmigrantes, aquellos que deberían predicar con el ejemplo dilapidan las arcas públicas con guiños a la sanidad privada. Es el caso de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), entidad empresarial pública dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro.

El Ente público, presidido por Roberto Aguirre, se ha gastado ni más ni menos que 605.872,8 euros para ofertar a sus empleados cobertura Sanitaria privada. El contrato, válido para los próximos dos años, regirá el “seguro colectivo de asistencia sanitaria en SEPI” y ha sido concedido a ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A.U., por ser “la oferta técnica y económicamente más ventajosa” de tan solo dos recibidas.

ASISA “es una compañía líder en asistencia sanitaria en España propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, de capital íntegramente español y ámbito nacional”. Una entidad a la que no le hace falta ninguna promoción ni financiación pública. El Estado piensa lo contrario y decide contribuir con una importante inyección en detrimento de la Sanidad pública, esa que pagamos y a la que debemos acudir todos.