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En 2013 la Xunta contrató 10 aviones y 125 brigadas de refuerzo para la prevención defensa contra los incendios forestales durante los tres próximos años

Los socialistas gallegos intentaron reducir hasta en tres millones la partida contra los incendios el mismo año en el que critican con dureza unos recortes del Gobierno Autonómico que solo ellos ven

Octubre 3, 2013

La cámara gallega registra como en enero de 2013 el grupo parlamentario socialista presentaba una enmienda a los presupuestos, secundada por AGE y BNG, para reducir la partida destinada a la prevención y extinción de incendios y a la adquisición de vehículos en zonas rurales
A pesar de los ataques infundados de la oposición, el Gobierno Autonómico defiende la sostenibilidad y la biodiversidad, protegiendo, del mismo modo, a los bienes y personas del medio rural
En lo que va de año, desde San Caetano se han destinado más de 100 millones de euros a la extinción y la prevención de incendios, se han incrementado los recursos del dispositivo y se han endurecido las acciones contra los incendiarios.


Cuando la primavera tocaba a su fin, El País -en su línea habitual contra toda Comunidad gobernada por populares- retomaba una guerra sin cuartel contra la Xunta de Galicia. El motivo: la adjudicación de un contrato a través de un procedimiento negociado sin publicidad para el alquiler de los helicópteros de lucha contra incendios por 12,3 millones de euros para este curso y el próximo. El hecho objetivo es que Inaer es, desde hace años, la empresa encargada de la prestación del servicio de helicópteros contra incendios del Gobierno Autonómico y desde que ha cogido las riendas de tamaño cometido parece que el monte gallego respira mejor. Desde aquel entonces, El País ha seguido dirigiendo sus dardos hacia la gestión que realiza la Xunta del problema de los incendios. Sus titulares son una excelente muestra de ello: “Esto era una bomba de relojería”“El Olimpo gallego se vuelve un infierno” o “El 30% del dispositivo contraincendios es contratado a dedo sin formación”.

No solo en ciertos medios encuentra la Xunta a su némesis. La lucha verborreica del dispositivo se extiende al seno político, de donde no debe salir nunca. Previo a su tímida salida de la secretaría general del PSdeG, Pachi Vázquez clamaba en el Parlamento de Galicia contra “un gobierno que decidió dejar abandonado el mundo rural” afirmando vehementemente que el mismo “decidió recortar drásticamente todas las medidas de protección”. A pesar de sus airadas protestas, si acudimos al Diario de Sesiones de la cámara gallega podemos encontrar una enmienda (la número 342) a los presupuestos de la Comunidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que pretendía reducir hasta en tres millones de euros la partida destinada a la lucha contra el fuego. En concreto los ámbitos de la ‘Prevención y extinción de incendios’ y de la ‘Adquisición de vehículos, convenio planes de zona de las zonas rurales’ verían recortado su capital en 2 y 1 millones respectivamente.


En contraposición de los lamentos de Pachi, el PPdeG -que gobierna la Xunta desde 2009- no solo consiguió echar por tierra esta propuesta perniciosa para el monte gallego -en la votación los 41 escaños del PP se opusieron a los 33 diputados de la oposición (con el apoyo de AGE y BNG) que se mostraban prestos para asestar el golpe de gracia al pulmón gallego- sino que ha reafirmado su compromiso con la naturaleza y su intolerancia con el incendiario. 

Por su parte, la Xunta de Galicia ahonda en su compromiso con el medio ambiente. A través de labores de prevención y defensa del medio natural y de las producciones forestales contra los incendios, el Gobierno de Galicia defiende la sostenibilidad y la biodiversidad, protegiendo, del mismo modo, a los bienes y personas del medio rural. Estos son los hechos. El pasado 6 de junio, el Consejo de la Xunta autorizaba la contratación de un servicio de ocho aviones con destino a la coordinación, vigilancia, prevención y defensa contra los incendios forestales durante los años 2013, 2014 y 2015. Por si fuera poco, el BOE anunciaba el pasado 10 de septiembre la resolución de la Consellería del Medio Rural y del Mar, por la que se hacía pública la formalización de un contrato de dos helicópteros y brigadas con el mismo objeto que el primer convenio. Y es que tratándose del futuro de los montes y la naturaleza del ecosistema nacional, máxime de una zona tan rica como Galicia, un alveolo en el noroeste español, todos los esfuerzos son pocos.

Extinción pero también prevención

Además de la contratación de los aviones, el pasado 6 de junio, la Xunta aprobaba la encomienda para la ejecución de trabajos preventivos cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvimiento Rural (FEADER) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013 y servicio de brigadas durante el año 2013, asegurándose un dispositivo reforzado por 125 brigadas contratadas (500 personas más) de la empresa pública Seaga durante la época de alto riesgo.

La oposición, como El País, parece empeñarse en no querer ver la realidad o utilizarla para fines políticos. Son muchas las voces que desde la barrera, a lo largo de este verano han criticado tres puntos clave del dispositivo antiincendios: la prevención de los fuegos, repitiendo la máxima de que “el monte bien gestionado no arde”; el recorte de los recursos contra los incendios y la poca dureza emprendida con los incendiarios.

Respecto al primer punto, expertos advierten de la mitificación del ‘monte limpio’ ya que las labores de desbroce en invierno deben de ser repetidos antes de la temporada de máximo riesgo por el rebrote de la biomasa. A pesar de ello y de que el 98% del monte gallego es privado -y por lo tanto obligación de los propietarios mantener limpias las parcelas- la Xunta destina cada año más de 100 millones de euros a la extinción y la prevención de incendios.

En cuanto al supuesto recorte de los recursos contra los incendios, nada más lejos de la realidad. El dispositivo contra el fuego crece en Galicia –prueba de ello son las contrataciones de los aviones y el refuerzo de las brigadas-, actúa bajo un mando único y trabaja con eficacia y eficiencia.

Más penas contra los pirómanos

Además la Xunta de Galicia recrudece las penas contra los incendiarios. La Administración acaba de anunciar que se personará inmediatamente en las causas judiciales contra incendiarios para solicitar la prisión provisional contra los pirómanos y se exigirá la reparación de los costes de extinción y medioambientales. También se está trabajando en la posibilidad de reforzar el papel de la policía autonómica para que puedan imponer en el acto multas a las personas que sorprendan cometiendo una actividad incendiaria.

En estos últimos años, desde la Administración Autonómica de la Xunta de Galicia se ha enderezado el rumbo de un monte gallego desahuciado en los últimos tiempos. Los datos vuelven a ser claros, en los últimos seis años, el período comprendido desde 2007 a 2012, la superficie total quemada en Galicia ha sido de 96.797 hectáreas, prácticamente la misma cifra que la desgraciadamente sucedida en el aciago año 2006: 95.947 hectáreas. En gran parte ese logro bebe de la política seguida en su dispositivo de Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales, a pesar de que algunos medios quieran vender otra imagen a la opinión pública.