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Los pescadores, curiosamente, fueron los menos agraciados

Los sindicatos “pescaron” hasta en las subvenciones de la ex ministra Aguilar: CCOO y UGT, 80.000 euros cada uno

Febrero 5, 2012

Por el contrario, las inyecciones económicas pagadas a las gentes del mar en el cuarto trimestre de 2011 oscilaron entre los 1.500 y los 157.000 euros

Organismos oficiales, como el ICO o la Seguridad Social, consiguieron las ayudas más suculentas otorgadas al sector pesquero en el cuarto trimestre de 2011


Los sindicatos “pescaron” hasta en las subvenciones concedidas por la ex ministra socialista, Rosa Aguilar. Así se desprende de una resolución hecha pública por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 18 de enero, en la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ya dirige el popular Miguel Arias Cañete, informaba de las ayudas que el todavía gobierno socialista concedió al sector de la pesca en el cuarto trimestre de 2011.
 
Si el ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, antiguo miembro de UGT, otorgó más de 1.000 millones de euros en subvenciones de todo tipo a las organizaciones sindicales durante la segunda y trágica Legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), sobre todo a la UGT de Cándido Méndez y a las CC OO de Ignacio Fernández Toxo, la ex titular de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, tampoco se quedó corta, y, a pesar de que su ministerio no manejaba los mismos números que el de Gómez, hizo lo posible por mantener contentos a los sindicatos en el área pesquera.
 
Todos ganan, menos los pescadores
 
En concreto, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO recibió 80.000 euros para ayudas en formación náutico-pesquera, mientras que la Federación Estatal de Transportes y Comunicaciones del Mar de UGT se llevó también otros 80.000 euros para la misma finalidad.
 
No obstante, el organismo que más pescó en el río revuelto de Rosa Aguilar fue el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que llenó sus arcas en el cuarto trimestre de 2011 con más de 8 millones de euros para llevar a cabo su plan de acción en el sector pesquero. El Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos también sacó tajada de las ayudas del antiguo Gobierno socialista, y se hizo con la nada desdeñable cifra de 2,5 millones de euros. La Tesorería General de la Seguridad Social, por su parte, se colocó como tercera entidad con mayor premio, al recibir 2.200.000 euros.
 
Sin embargo, los pescadores, verdaderos sufridores de la crisis del sector, recibieron ayudas irrisorias si se compara con los organismos oficiales antes mencionados. Como ejemplo, las inyecciones económicas otorgadas a las gentes del mar en el cuarto trimestre de 2011 oscilaron entre los 1.500 y los 157.000 euros.
 
Desmantelamiento de buques
 
En otro de los apartados del documento del BOE, el que se refiere al desmantelamiento de buques, la Comunidad Autónoma de Canarias percibió 3.600.000 euros; Andalucía 2.600.000; el País Vasco 1.900.000 euros y Galicia 1.600.000.
 
Por otro lado, Arias Cañete se reunió hace pocos días con la comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, para pedirle que agilice la tramitación de un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos y que apruebe una medida específica para compensar a las flotas afectadas por la ruptura del anterior convenio. Así lo puso de manifiesto el propio ministro tras reunirse con la consejera de Agricultura y Pesca de Andalucía, Clara Aguilera, y afirmó que reanudar este acuerdo es una “prioridad absoluta” para el Gobierno de Mariano Rajoy.

Arias Cañete reiteró en Bruselas la petición de la ex ministra Rosa Aguilar de indemnizar a los 64 barcos españoles afectados por la decisión del Parlamento Europeo de paralizar la actividad pesquera en Marruecos. Según el titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, “España debe obtener la ayuda de 30 millones de euros que pidió la anterior ministra, que cubría la paralización temporal de la actividad pesquera y preveía una dotación para desguaces en el caso de que no se lograse alcanzar un nuevo acuerdo, aunque el Gobierno descarta absolutamente esa opción”.
Daniel Leguina