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Ante las acusaciones del Consejo de Europa sobre la falta de transparencia en sus operaciones monetarias

Los partidos políticos se reparten más de 20 millones de euros para su funcionamiento ordinario

Noviembre 30, 2011
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Con las elecciones recién celebradas, días antes se conocían informaba recientemente de las subvenciones que han recibido las formaciones políticas con representación parlamentaria en el tercer trimestre del año, procedentes de los fondos públicos. En total, 20.431.317 euros. Cabe recordar que en los dos trimestres anteriores recibieron cantidades similares (20.588.613 en el primero y 20.536.181 en el segundo), y aún les queda por delante el último trimestre, por lo que el total a repartir se sitúa en más de 80 millones de euros en 2011.

En el documento, el Ministerio del Interior que dirige en funciones Antonio Camacho aclara que estas ayudas son para atender los gastos de funcionamiento ordinario y van con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, según lo establecido por ley sobre financiación de los partidos políticos.

El Estado concede a las distintas formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados una cantidad anual, en concepto de subvención, que se distribuye entre dichas formaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones (2008) a la citada Cámara.

De esta forma, en el tercer trimestre del presente año, el Partido Popular se llevó 8.617.600 euros; el Partido Socialista Obrero Español llenó sus arcas con 8.157.358 euros, y el Partido Socialista de Cataluña (PSOE-PSC) se hizo con 1.429.241. Los nacionalistas de Convergència Democrática de Catalunya ganaron 471.889 euros; el Partido Nacionalista Vasco 287.755; Esquerra Republicana de Catalunya 238.636; Bloque Nacionalista Galego 157.320; Coalición Canaria-PNC 136.252; Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular 113.153; Izquierda Unida 456.662; Unión Progreso y Democracia 189.687; Iniciativa per Catalunya-Verds 121.483; y Nafarroa Bai 54.281.

La lluvia de millones, es de suponer, le viene que ni pintada a los partidos políticos para afrontar la campaña electoral, aunque no están obligados a especificar qué hacen exactamente con tanto dinero.

La financiación de las agrupaciones en España se encuentra regulada por ley. De acuerdo con la legislación española, las actividades de los partidos políticos son financiadas con recursos públicos y privados, tanto para presentarse al Congreso de los Diputados, Senado, Comunidades Autónomas, Parlamento Europeo y elecciones municipales. En las últimas elecciones generales (2008), el Estado pagó a los partidos 21.168 euros por diputado conseguido y 79 céntimos por cada voto al Congreso.

En lo que se refiere a la financiación privada, esta se resume a la cuantía global de cuotas y aportaciones de los afiliados; rendimientos procedentes de su propio patrimonio; aportaciones procedentes de personas jurídicas que requerirán acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social competente, y aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica que no supere los sesenta mil euros al año. Asimismo, podrán recibir donativos procedentes de herencias y legados y aportaciones de personas extranjeras con los límites y requisitos establecidos por la propia ley, informa el experto Antonio Pérez Menárguez.

El Tribunal de Cuentas publica cada año un informe detallado sobre la financiación de los partidos políticos y ha criticado reiteradamente los donativos anónimos. No porque sean ilegales, sino por que tienen un máximo de sesenta mil euros por persona física o jurídica, y son imposibles de comprobar precisamente por ser anónimos. Una misma persona o empresa puede entregar varios donativos de hasta sesenta mil euros, y sólo el partido que lo recibe sabe quién lo dona y sus motivaciones

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa, consideró, en un informe emitido el pasado mes de abril, que la transparencia de las finanzas de los partidos políticos españoles dejaba mucho que desear. Los préstamos que los bancos emiten en condiciones favorables y las cancelaciones de créditos sin justificación suficiente siguen siendo una forma de actuar muy criticada por esta entidad europea.

En su estudio, el GRECO suspende a España por no cumplir las recomendaciones que ya le hizo en 2009 en este sentido. Entonces, este órgano europeo analizó la financiación de las formaciones políticas españolas, y consideró que había todavía algunos aspectos por mejorar para garantizar la transparencia de las finanzas de los partidos. Pero desde entonces las cosas, al parecer, siguen igual.

Daniel Leguina