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Supuestas irregularidades urbanísticas con terrenos propiedad de la Universidad madrileña

Los oscuros negocios inmobiliarios de la Complutense con FCC y Dragados

Septiembre 5, 2007

El rector Berzosa reactiva un bien inmueble para salvar del a quiebra a la Fundación

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Dicen que la Universidad pública, sin menospreciar a las privadas, es cuna de futuros grandes maestros e ingenios. Pero para sorpresa de alumnos y profesores estos centros de formación superior manejan otros intereses más allá de los educativos. Un claro ejemplo es la Universidad Complutense de Madrid, famosa también por conceder doctorados honoris causa a personalidades que, con el paso del tiempo, dejaron mucho que desear. La “Complu”, hasta hace pocos años, disponía de un patrimonio inmobiliario incalculable. Para sanear sus cuentas, rector tras rector, dispusieron de éste con escaso control por parte de las autoridades competentes. Y ahora, el recientemente elegido Carlos Berzosa tiene que asumir una remora millonaria de su antecesor Rafael Puyol.

Recalificación infructuosa de parcela

La historia, como casi siempre que se abordan temas inmobiliarios, es rocambolesca. La Complutense madrileña era titular de incontables metros cuadrados de terreno en la Comunidad Autónoma de Madrid, entre ellos una privilegiada parcela de, aproximadamente 11 hectáreas, declarada como zona verde, en el municipio madrileño de Somosaguas. Su ubicación, privilegiada: entre el Campus de la Universidad y una lujosa Urbanización de chalets. En ella se asentaban los chabolistas. Los responsables universitarios captaron a la primera el negocio: iniciaron las obras de urbanización de la suculenta parcela sin la preceptiva licencia con la idea de construir 430 viviendas, a la nada despreciable precio de 50 millones de las antiguas pesetas, por inmueble.
Un bien inmueble registrado a nombre de la Fundación de la Universidad Complutense. Las obras, ya adjudicadas, se paralizaron ante fragante infracción urbanística. Las empresas FCC y Dragados, las adjudicatarias de las obras, vieron como se escapaba un gran negocio. Era Rafael Puyol quien firmó aquel contrato inmobiliario que, entre otras cosas, preveía una indemnización de un 10 por ciento sobre el total del presupuesto a las empresas adjudicatarias.

¿Miedo a qué?

Berzosa, sucesor de Puyol, no denunció los hechos. Los asumió como parte de la herencia. Y ahora, ante la quiebra técnica de l Fundación se ha reactivado ese bien inmobiliario por una importante cantidad y con la obligación de solicitar un nuevo préstamo. Las beneficiadas de esta gran operación inmobiliaria: las mencionadas FCC y Dragados que en su día no ejecutaron la cláusula del contrato que les permitía cobrar un 10 por ciento de indemnización.