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Nueve regiones tienen un organismo propio, tras la supresión de los de Asturias y Castilla-La Mancha

Los distintos Defensores del Pueblo, estatal y autonómicos, cuestan a los españoles 27,87 millones de euros

Octubre 1, 2014

El coste se distribuye a partes prácticamente iguales entre ambos tipo de administraciones, 13,95 millones de euros para el organismo nacional y 13,91 millones para las distintas Comunidades Autónomas
El coste por habitante es muy dispar, el más barato es el andaluz con 0,59 euros por cada ciudadano y el más caro el del País Vasco, con 2,11 euros per cápita
La Comisión de Reforma de la Administración (CORA), que se constituyó en Moncloa en 2012 bajo la dirección de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, concluyó que el Defensor del Pueblo de carácter estatal podría asumir las tareas del resto con un mínimo incremento de plantilla, unos 20 técnicos elegidos entre el funcionariado


Hace apenas diez días, el Defensor del Pueblo hizo publico el balance de su actuación en el primer semestre. El organismo nacional presidido por Soledad Becerril recibió 12.255 quejas en los primeros seis meses de 2014, lo que supone un 11% menos que en el mismo periodo de 2013. De todas ellas, las que generaron el mayor número de protestas vuelven a ser la actividad económica y los tributos (1.941); el urbanismo y las barreras arquitectónicas (1.295), en concreto sobre el abono de subvenciones concedidas para instalar ascensores, así como la política social y la Seguridad Social (1.234).

La citada institución también constató que las cifras de solicitudes de recursos de inconstitucionalidad han disminuido “considerablemente con respecto a 2013, año en el que muchos funcionarios, a los que se les suprimió la paga extra, solicitaron la presentación del recurso“. En total, se recibieron 38 peticiones de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra 19 disposiciones normativas y formuló un total de 691 recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las administraciones. Con la importante caída de quejas por parte de los ciudadanos, se ha buscado aumentar las actuaciones de oficio, que han pasado de 138 a 340. Menos trabajo y los mismos recursos como se acaba de demostrar en la aprobación del presupuesto de las Cortes Generales, en el que se encuadran los gastos comunes y los recursos económicos de órganos constitucionales como es el propio Defensor del Pueblo o la Junta Electoral Central, en los que no se han experimentado apenas cambios económicos.

Millones de euros ineficientes

Como pueden ver en el cuadro adjunto, el Defensor del Pueblo español tiene un presupuesto de 13,95 millones de euros; o lo que es lo mismo, a cada uno de los 46,5 millones de ciudadanos españoles les cuesta 0,30 euros. La cantidad puede no parecer importante, pero a este organismo que cubre todas las quejas de los españoles, se añade otro más por parte de algunas Comunidades Autónomas: El Defensor del Pueblo de Andalucía, el Justicia Mayor de Aragón, el Diputado del Común de Canarias, el Procurador Común de Castilla y León, los Sindic de Greuges de Cataluña y Valencia, el Valedor do Pobo de Galicia, el Defensor del Pueblo de Navarra y el Arteko del País Vasco. En total son 9 regiones las que mantienen esta figura (Asturias y Castilla-La Mancha lo eliminaron en los últimos años), que duplica lo que ya hace el Defensor del Pueblo nacional y lo hace a un enorme coste económico.

Los 13,91 millones que suman sus distintos presupuestos es prácticamente lo mismo que cuesta el estatal, pero cubriendo muchos menos habitantes. El resultado es un coste por ciudadano de 0,60 euros que dobla al nacional y con muchas diferencias. El gasto oscila de los 0,59 euros por habitante de Andalucía (con un coste total de 4,93 millones de euros), pasando por los 1,20 de Canarias (2,53 millones de euros), y los 2,09 del País Vasco (4,53 millones de euros).

 

Un ahorro de coste estudiado pero no realizado

Con este claro despilfarro, en 2012 el Gobierno planteó fórmulas de ahorro a través de un informe interno realizado por la Comisión de Reforma de la Administración (CORA), que se constituyó en Moncloa bajo la dirección de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La conclusión de este Informe reflejaba que la eliminación de los defensores autonómicos podría conseguir ahorros muy importantes, de un 33% del trámite por queja remitida. Esto se producía ya que se eliminaban los gastos de estos entes autonómicos (27,8 millones en este ejercicio) sin que fuera necesario un incremento importante en el Defensor del Pueblo de España.

En concreto, se detallaba que podría asumir las tareas del resto con un mínimo incremento de plantilla, unos 20 técnicos elegidos entre el funcionariado.  En 2012, los defensores autonómicos, con un total de 346 trabajadores atendieron 38.400 quejas, lo que eleva el coste medio por queja a 835 euros. En ese mismo periodo, el departamento que dirige Soledad Becerril, con 165 personas a su cargo, atendió 33.800 peticiones de amparo de los ciudadanos, lo que supone una media de 414 euros. A pesar de ello, dos años más tarde, se sigue la política del despilfarro y no se elimina una de tantas duplicidades que “sangran” las cuentas del Estado.