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Piden el sobreseimiento hasta que se juzgue a Blesa

Los abogados de Silva recurren a una estrategia que podría haber salvado a Garzón

Febrero 7, 2014
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Los abogados del juez Elpidio José Silva han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid su sobreseimiento, al menos hasta que sean juzgados aquellos que le han sentado en el banquillo, Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán. La defensa de Silva se viene a preguntar cómo va a ser condenado el juez que los investigó sin haberse determinado antes la responsabilidad de los investigados. Para ello recurren al principio de litispendencia que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La aplicación de ese principio habría salvado a otro juez, Baltasar Garzón,  apartado de la carrera judicial después de que el Tribunal Supremo lo condenara a once años de inhabilitación por ordenar escuchas en la cárcel a abogados de los detenidos. Cinco años después de que se conociera la investigación del ‘caso Gürtel’, que dirigió en sus inicios Garzón, el exmagistrado sigue siendo el único condenado en el marco de esas actuaciones.

Hemos observado que sería precipitado y podría dar lugar a resoluciones judiciales contradictorias el hecho de que un imputado en una causa se dirija contra el juez que lo está investigando, y que esta segunda causa se adelante a la primera”, alude Gonzalo Boyé en su escrito, abogado de Silva. “El mensaje que se estaría enviando a la sociedad es: ‘hay que denunciar al juez que me investiga para así, apartarlo y quedar impune”, advierte el letrado. 

Blesa y Díaz Ferrán

Argumenta la defensa de Silva que una causa –la que se sigue contra su defendido- depende de la otra –la investigación a Blesa– y que ambas comparten “identidades subjetivas, objetivas y de causa”, por lo que pretenden hacer valer la citada litispendencia en contra de Silva, al haber comenzado su causa con posterioridad a la que el magistrado investigaba al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

La Fiscalía de Madrid solicita 30 años de inhabilitación para Silva por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual de Blesa –al que envió otras tantas veces a la cárcel- y otro de retardo malicioso en la investigación al exbanquero. Primero por el crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans de Díaz Ferrán cuando ya estaba en quiebra y después por la adquisición de un banco de Florida por parte de la entidad madrileña por medio de supuestas irregularidades. La defensa de Blesa solicita 45 años de inhabilitación y la de Díaz Ferrán un total de 24.

La defensa de Silva solicitó el pasado miércoles al Consejo General del Poder Judicial que no apartara de sus funciones al juez hasta que el TSJM no resolviera sobre su petición de sobreseimiento, pero la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces decidió suspender al magistrado hasta que no haya sentencia en la causa que se sigue contra él.

Pedro Águeda