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En lugar de inhabilitarle, el CSD ha facilitado su continuidad, cuando aún está imputado por varios delitos en los tribunales

Lo que dijo el Tribunal de Cuentas del presidente de la RFEF, que hoy será reelegido

Noviembre 23, 2008

Angel María Villar será reelegido hoy como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), al ser el único candidato que ha acudido a las urnas. Las irregularidades habidas en el proceso electoral, con el apoyo inestimable del secretario de Estado para el Deporte, ha propiciado que no se den las mínimas garantías para que democráticamente pueda haber una pugna electoral. Si la Justicia, bien por el recurso en la Audiencia Nacional contra las propias elecciones, o por el juzgado 47, donde Villar y sus directivos están imputados en varios delitos, no lo impiden, habrá cuatro años más de lo mismo.

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En estas páginas han leído desde hace más de un año todo lo que hay en la RFEF. Las denuncias, las imputaciones, el descontrol económico, las sanciones del Tribunal de Cuentas, la quiebra económica, la pérdida del patrimonio… un sinfín de hechos que sin embargo no han llevado a la Administración a tomar medidas contra Angel Villar. Al contrario, Jaime Lissavetzky, principal propulsor de la Plataforma anti-Villar, en un momento dado varió su postura y allanó el camino para que Villar siga en el cargo.
Como todo eso es sabido, hoy día de la reelección, nos vamos a limitar a recordar a todos ustedes y al propio secretario de Estado lo que en su día dijo el Tribunal de Cuentas sobre Villar y su gestión. Adjuntamos el informe completo para que si tienen tiempo, ganas y estómago lo digieran y saquen sus propias conclusiones. Solamente les vamos a extractar algunas de esas conclusiones del informe y piensen por qué el CSD ha avalado a unos directivos que han hecho todo lo que se reseña en el informe.
Dice, por ejemplo, que “el alcance de la fiscalización se ha visto perjudicado en muchos casos por limitaciones insalvables de información, dada la insuficiente documentación aportada por el CSD y por la RFEF sobre los expedientes examinados, así como la falta de información suficiente por la RFEF a numerosas solicitudes del Tribunal relativas a la explicación de hechos o a la justificación de actuaciones, criterios o gastos”. Ello hubiera sido suficiente para una inhabilitación, pero el propio CSD incumplió continuamente su papel de control. En esa fecha era el Gobierno del PP el que lo permitió. Igual por eso ahora el PP ha estado callado e incluso colaborando con el Gobierno de forma bochornosa.

Justificantes utilizados dos veces, asambleas inexistentes…

Dice el informe también que “la documentación presentada para justificar los gastos relativos a subvenciones a clubes consiste únicamente en la remisión de los talones bancarios a las federaciones territoriales respectivas, lo que informa simplemente del traslado de los fondos pero que no acredita en ningún caso la realización efectiva de la actuación subvencionada ni la correcta aplicación de los fondos públicos percibidos. No consta siquiera el recibí de los clubes, si bien se aportan unos certificados del Presidente de la RFEF que afirman que la subvención “se ha utilizado en los fines para los que fue concedida y que los soportes justificativos que acreditan el gasto han sido verificados y están depositados en la RFEF”. Como es lógico, estos certificados, emitidos por el Presidente de la propia entidad beneficiaria, carecen por sí solos de valor justificativo alguno. Por otro lado, estos certificados hacen referencia a que la distribución de estas subvenciones a los clubes se aprobaron en las asambleas ordinarias de 10 de junio de 2002 y de 2003, si bien en tales fechas no se celebró ninguna Asamblea. Las celebradas el 12 de julio de 2002 y 18 de julio de 2003 no hacen referencia alguna a tales subvenciones. Además, del examen de los recibís de los clubes puestos a disposición del Tribunal por la RFEF se desprende que muchos de ellos han sido remitidos a la RFEF en fecha muy posterior a la de los certificados citados, otra evidencia de que los mismos carecen de fiabilidad. En definitiva, no se ha justificado debidamente por la RFEF estas subvenciones. Hay que señalar también que justificantes por importe de 2,1 millones de euros (la totalidad de los relativos a 3ª división y liga juvenil, y parte de los concernientes a 2ª división B) remitidos al CSD fueron también utilizados por la RFEF para justificar las ayudas al fútbol base de la LNFP correspondientes a la temporada 2001/2002”. Si todo esto no es para inhabilitar o para algo más, que venga dios y lo vea.

Dinero negro para los jugadores

O cuando se dice que “los pagos a los integrantes de la Selección Nacional se justifica mediante recibís de los perceptores y nóminas de algunos meses hasta completar el importe de la subvención. Todo ello por el importe neto, sin justificar retenciones por IRPF y Seguridad Social, así como tampoco la residencia fiscal de los mismos en España como obliga la normativa del CSD. Con independencia de lo anterior, es de destacar la falta de justificación de la necesidad para el interés público de la subvención de 1,7 millones de euros concedida para compensar a los integrantes de la Selección por la cesión de sus derechos de imagen y colaborar de ese modo a la generación de ingresos por publicidad de la RFEF. Se trata de la subvención a una actividad puramente mercantil, cuya única consecuencia apreciable es la de incrementar artificialmente el beneficio de la RFEF derivado de los ingresos por publicidad. La misma falta de justificación se aprecia en los pagos por “fijos y primas”, ya que se refieren a actuaciones (partidos de la Selección) en las que el resultado económico para la RFEF (al margen de las subvenciones) ha sido positivo en muchos casos, dados los fuertes ingresos por taquillaje, retransmisiones, publicidad y procedentes de la FIFA. La subvención en estos casos, por lo tanto, sirve únicamente también para incrementar el beneficio de la RFEF. Por otro lado, la determinación de estos “fijos y primas” se encuentra totalmente al margen de la normativa de ayudas a deportistas por resultados deportivos aprobada por el CSD, al no basarse en resultados y ser los importes muy superiores a los establecidos”.
Y así podíamos llenar páginas y páginas. Léanlo ustedes mismos en el documento adjunto y luego pregúntense si el secretario de Estado ha obrado bien o si debía dimitir por simple vergüenza o pudor. En cualquier país democrático el escándolo hubiera llevado a los actores a sufrir el escarnio por sus acciones u omisiones. Aquí no pasa nada. Unos reelegidos y otros de viaje, que es para lo único que sirven.