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Hasta el momento se han expropiado 55.000 m² de masas comunes

Las mil y una irregularidades en el proceso de expropiación del polígono de O Pino

Marzo 26, 2009

La valoración catastral hecha tras la aprobación del Plan Parcial, se establece como valor catastral en 5,21 euros/m², que dista mucho de los 51 euros/m² que se están pagando a escasos mil metros de distancia, en el Polígono de Santiago
La concesionaria pretende “colar” en el proyecto de expropiación dentro del polígono, dos parcelas compradas y clasificadas como suelo rústico


Venimos informando de las diversas acciones emprendidas por el alcalde O Pino, localidad gallega colindante con Santiago de Compostela, dirigida por el militante del Partido Popular Manuel Taboada, con el fin de crear un polígono industrial de más de un millón de metros cuadrados en los aledaños del aeropuerto internacial de Santiago. Entre esas irregularidades que hemos reseñado y que envuelven desde el primer día este asunto, se pueden señalar como más significativas:

– La documentación de las compraventas a particulares realizadas por Fadesa dos años antes de que se apruebe inicialmente el proyecto de expropiación, y algunas de ellas antes de firmar el contrato con el Ayuntamiento en papel con membrete del Consorcio, mediante un decreto del alcalde que las “ratifica” como “convenios de adquisición por mutuo acuerdo”, procediendo al tiempo de la compraventa y en aquella fecha a la firma de las “actas de ocupación”.

– La construcción de una oficina de venta por la concesionaria en suelo rústico, fuera del ámbito de polígono.

– La aprobación del plan parcial por silencio administrativo sin contar con todos los informes sectoriales preceptivos y con informe desfavorable de la Dirección Xeral del Patrimonio.

– La justificación que el director xeral de Urbanismo (PSOE), Ramón Lueje, dio de esta aprobación por silencio, amparándose en un extravío dentro de la propia Consellería de Ordenación do Territorio motivado por que la secretaria del Ayuntamiento remitió el Plan sin cumplir oficio alguno de la documentación correspondiente al Plan Parcial y sin que se haya abierto ninguna investigación o expediente disciplinario en relación con este extravío.

– El inicio de las obras del polígono sin tener aprobado el proyecto de urbanización y talando toda la masa arbórea sin haber obtenido previamente licencia alguna. Claro que para el alcalde (PP), Manuel Taboada Vigo, aquello no era una tala sino un “desbroce” al objeto de proteger el aeropuerto de Lavacolla de posibles incendios forestales, tal y como declaro a los medios de comunicación en su día y contestó a la Dirección Xeral de Urbanismo.

– La aprobación del proyecto de urbanismo sin contar con todos los informes preceptivos.

– La aprobación del proyecto de urbanismo el mismo día en el que se recibe en el Ayuntamiento la orden que dejaba sin efecto la autorización preceptiva y previa de la Dirección Xeral de Patrimonio.

– El hecho de que un Ayuntamiento se enzarce en un procedimiento penal contra la administración autonómica por acordar la suspensión de esa autorización.

– Que a día de hoy se esté tramitando la autorización aguas de Galicia con el Plan Parcial aprobado, el proyecto de expropiación aprobado y el proyecto de urbanización aprobado, cuando dicha autorización debe ser previa a la aprobación de cada uno de los citados documentos.

– Que la concesionaria pretenda “colar” en el proyecto de expropiación dentro del polígono, dos parcelas (compradas) y clasificadas como suelo rústico.

– Que se hayan expropiado 55.000 m² de masas comunes resultado del proceso de concentración parcelaria de Castrofeitor, a 6 euros/m² y que la Consellería de Medio Rural (BNG) no rechace esas valoraciones.

– Que la concesionaria incurra en situación de insolvencia, declarándose el concurso de acreedores, y el Ayuntamiento no resuelve el contrato pese a establecerse así expresamente en el pliego del concurso. 

Y lo más grave, que en la ponencia de valores catastrales hecha tras la aprobación del Plan Parcial, se establezca como valor catastral en 5,21 euros/m², que dista mucho de los 51 euros/m² que se están pagando a escasos mil metros de distancia, en el Polígono de Santiago. Esta acción rendirá unas ganancias ya superiores a los cuarenta millones de euros.
Todo parece indicar que éste será un tema estrella ante la Fiscalía Anticorrupción de A Coruña en próximas fechas.

Alejandro T.

alejandrot@extraconfidencial.com