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A pesar de lo afirmado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón que "se investigará hasta el final"

Las investigaciones del caso Urdangarín tropiezan con grandes dificultades: el silencio de Hacienda, la nulidad de las comisiones rogatorias y un posible pacto entre los acusados

Mayo 7, 2012

Las investigaciones del caso Urdangarín se dilatan considerablemente no sólo en el tiempo sino también en las formas, a pesar de lo indicado la pasada semana tanto por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. Ambos han afirmado que se investigará hasta el final. Pero surgen de inmediato dos preguntas: ¿Hasta donde se llegará? ¿Y cuanto durará la investigación? La tardanza en las investigaciones de los técnicos de Hacienda es notable. Todavía, a pesar de haberse alardeado en diferentes medios de comunicación antes de la pasada Semana Santa, que el juez Castro y la Fiscalía Anticorrupción iban a solicitar una fianza millonaria de responsabilidad civil solidaria contra los acusados (superior a los tres millones de euros), todavía a día de hoy no se ha señalado nada y todo indica que aún tardará.

El retraso de los técnicos de Hacienda

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalan como responsables de esta tardanza a los técnicos de Hacienda, que aún no han entregado todos los informes sobre las presuntas defraudaciones al erario público por parte de Iñaki Urdangarín y sus socios, lo que hace inviable solicitar una cantidad determinada de fianza por responsabilidad civil. Fuentes de la investigación señalan que ya se ha elaborado la presunta defraudación al Fisco en el caso de Baleares y que para Iñaki Urdangarín suma sólo algo más de medio millón de euros. Falta aún calcular todo lo concerniente a la comunidad valenciana. Y en cuanto a lo relativo a los negocios con las empresas privadas – que entregaron al grupo Urdangarín cerca de diez millones de euros durante todo el periodo investigado- no se pueda hacer nada, ya que se trata de contratos privados que no afectan a la estructura fiscal del Estado.

Quejas de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción se queja en privado del comportamiento dilatorio de la cúpula de Hacienda y espera con impaciencia el informe definitivo que le permita, al menos, solicitar una fuerte fianza de responsabilidad civil a Iñaki Urdangarín y a sus socios. La tardanza en la entrega de los documentos por parte de Hacienda y de la lentitud en la investigación abierta por el presunto blanqueo y evasión de capitales en los llamados paraísos fiscales (Belice, Suiza, Luxemburgo) con comisiones rogatorias de nula viabilidad práctica e, incluso rayando la nulidad jurídica, hace temer a los fiscales anticorrupción que todo pueda acabar en nada, en una prescripción de los delitos económicos.

Se considera que será muy difícil encontrar el verdadero paradero del dinero sacado fuera de España, a no ser que alguien de los implicados “cante”. Y en eso precisamente se encuentra el posible pacto entre los acusados y el Ministerio Fiscal, en saber donde se encuentra el dinero defraudado y en que finalmente se resarce éste a las arcas del Estado.  

La figura de Pilar Valiente

Como ya adelantó extraconfidencial.com, desde que el gobierno del PP destituyó a la anterior cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un órgano dependiente de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, todo son problemas en el caso Urdangarín. El nombramiento por Cristóbal Montoro como director de la ONIF de Santiago Menéndez, y de su adjunta Pilar Valiente, involucrada en el caso Gescartera, un caso de corrupción del gobierno popular de José María Aznar, ha dilatado considerablemente las investigaciones fiscales sobre Iñaki Urdangarín, según fuentes directas del caso.

Hay que recordar que Pilar Valiente fue presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que tuvo que dimitir en el mes de septiembre de 2001 de dicho cargo debido al escándalo del caso Gescartera que también provocó la dimisión del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, cuando precisamente Cristóbal Montoro, hoy ministro de Hacienda, ostentaba este mismo cargo en el Gobierno de Aznar. La inspectora Pilar Valiente se reintegró a la oficina antifraude después de su salida de la CNMV y figuraba como inspectora jefe en la ONIF antes de su nombramiento como adjunta a la dirección.

La esposa de Diego Torres

Por mucho que el ministro Gallardón intente vestir el muñeco, el expediente fiscal abierto por la Agencia Tributaria a Iñaki Urdangarín, y a sus socios imputados, se ha dilatado considerablemente en el tiempo, como también se ha dilatado ostensiblemente el procedimiento de comprobar la legalidad de algunas operaciones en paraísos fiscales donde intervinieron empresas tapaderas de Iñaki Urdangarín, de su ex socio, Diego Torres, y de la esposa de éste, Ana María Tejeiro.

Precisamente la figura de Ana Maria Tejeiro está siendo investigada a fondo por la Fiscalía Anticorrupción y por el juez Castro de cara al interrogativo que se le practicará a Diego Torres el próximo día 22 de mayo en Palma de Mallorca. Se están investigando las diferentes cuentas bancarias que ésta maneja y el trasvase de fondos de una a otra, así como el movimiento en los depósitos abiertos en Suiza. En poder de extraconfidencal.com obran, al menos, nueve cuentas bancarias investigados por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca relativas a Ana Maria Tejeiro Losada, tanto en la Caixa, en Barclays, como en ING Bank. 

La bala en la recamara del abogado de Diego Torres

El abogado de Diego Torres, Manuel González Peteers, un gran experto en la caza mayor, tiene guardada la última bala en la recámara y pretende no fallar. Ya ha amenazado con sacar a la luz nuevos correos que pueden implicar directamente a la Casa Real española, y en particular a la infanta Cristina, a la que fuentes cercanas a la defensa de Torres involucran en el conocimiento de casi todos los negocios realizados por su marido, Iñaki Urdangarín. Si esos documentos vieran finalmente la luz implicaría que el juez Castro y la fiscalía tendrían que adoptar quizá nuevas medidas sobre la imputación en el caso de la hija del rey de España, algo que hasta el momento han desestimado a pesar de haber sido ya solicitada esta medida por la acusación particular que representa Manos Limpias.

La estrategia final se verá el próximo día 22 de mayo en los juzgados de Palma de Mallorca cuando declare Diego Torres, para lo que quedan escasas dos semanas para cerrar los tratos y pactos previos, que serán necesarios para todos: tanto para el beneficio personal de los imputados, como para la continuidad de la estructura actual del Estado español (La Monarquía).

Juan Luis Galiacho