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La asamblea dio por buenos los balances y aceptó que la Ciudad del Fútbol sigue siendo propiedad federativa

Las cuentas aprobadas de la RFEF servirán para que el TSJM actúe contra el Ayuntamiento de Las Rozas

Julio 13, 2009

Acuerdo envenenado. La asamblea de la Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó las cuentas presentadas por la junta directiva que preside Angel María Villar, y sin saberlo han precipitado los hechos para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) actúe con contundencia por el manifiesto desacato en que ha incurrido la Federación. Si hasta ahora el juez sólo tenía las denuncias del grupo Socialista de Las Rozas que avisaban del incumplimiento de la sentencia, ahora ya hay un documento oficial en el que ese incumplimiento no sólo es manifiesto sino que además se usa como claro desafío.

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Sólo siete asambleístas de los 150 que componen el pleno de la RFEF votaron en contra de las cuentas. 110 lo hicieron a favor de aprobarlas y el resto se abstuvo. De momento esos siete son los únicos que saben que si se abren diligencias están a cubierto de la Justicia, porque ellos denunciaron el fraude que se cometía al presentar y aprobar unas cuentas erróneas a propósito. Pese a las advertencia del presidente de la Federación de Aragón, Oscar Fle, diciendo que la RFEF mantenía en su patrimonio la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, perdida por sentencia firme, lo que distorsiona por completo los números, nade hizo caso y votaron a favor, con lo que ya no es sólo la junta directiva la responsable del posible fraude, sino todos los que lo han apoyado.
A Su Señoría no le va a gustar nada, especialmente el párrafo de la memoria económica en la que se señala textualmente que “la RFEF, en la actualidad, usa y dispone de sus instalaciones de la Ciudad del Fútbol, sin limitación alguna”. Al TSJM esta frase le tiene que parecer un desafío a su autoridad, porque hace más de un año dictó un auto en el que prohibía ex profeso a la RFEF a usar las instalaciones y a hacer contratos con tercero, conminándole a que anulara los existentes en esa fecha. Y no hace ni un mes en otro auto anulaba el convenio que Ayuntamiento y RFEF se habían sacado de la manga para vulnera la sentencia, y ordenaba al Ayuntamiento a que convoque concurso público para el uso de las instalaciones. Un desafío en toda regla que hasta ahora se entendía, pero que ahora consta en un documento oficial como son las cuentas de la RFEF, que supuestamente deben estar ratificadas por el Consejo Superior de Deportes, con lo que este organismo también habría incurrido en el presunto fraude. Y si el CSD no las ha ratificado, deberá salir cuanto antes a aclararlo.
En los próximos días el Grupo Socialista de Las Rozas deberá adoptar la decisión de si informar al juez con un nuevo escrito para que de una vez por todas actúe con todo el peso de la ley y esta vez en lugar de amenazar con dar traslado a la fiscalía, dé directamente el traslado. Y salga el sol por Antequera.