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LOS NÚMEROS DE PÉREZ TOURIÑO (II)
En el 2007 incrementó un 10,24% sus gastos

La Xunta del bipartito utilizó ingresos de Ayuntamientos y provincias para cuadrar sus cuentas

Septiembre 12, 2010

Este incremento supuso 947,86 millones

Las previsiones sobre IRPF, IVA e Impuestos Especiales fueron infravaloradas mientras aumentó el fondo de suficiencia

Los créditos definitivos superaron en más de 600 millones los derechos reconocidos


La herencia que el bipartito ha dejado a los gallegos va pesando como una losa, y es que a medida que se van conociendo nuevas auditorías, no dejan de aflorar irregularidades. Así en las cuentas generales de 2007, los derechos reconocidos ascendieron hasta los 10.919 millones de euros lo que supuso un incremento del 10,24% respecto al ejercicio anterior. Al contrario de lo que acontece con la mayor parte de las Comunidades Autónomas, la liquidación de los ingresos no incluye previsiones definitivas, es decir no refleja los recursos que financian las modificaciones de los gastos lo que impide conocer cómo se financió este incremento. Además esta situación  provoca presentar unas cuentas desequilibradas y un índice de liquidación de derechos distorsionada.

Error en la previsión de ingresos

Además de incrementar las partidas, también lo hacían en cómo se iban a generar los ingresos que los pagaran. A las previsiones iniciales de IRPF, IVA e Impuestos Especiales sujetos a liquidación dentro del sistema de financiación autonómico estaban infravaloradas mientras que el Fondo de Suficiencia estaba sobrevalorado ya que el importe en concepto de liquidación de ejercicios anteriores y el anticipo con cargo al ejercicio corriente se consignara íntegramente en los presupuestos, mientras que la contabilización se realizaba correctamente en función de la naturaleza del ingreso.

Sobre las obligaciones ascendieron a 10.757,70 millones, dentro de esta partida los gastos de capital tienen una concentración excesiva en el último mes del ejercicio en el que se reconocen el 50% de las obligaciones totales.

Dinero ajeno

En la liquidación de ingresos y gastos está sobrevalorada ya que incluyen recursos que perciben los municipios y provincias por su participación en los ingresos del Estado, lo que resulta contrario a los principios de contabilidad pública, de hecho supone que los derechos reconocidos y las obligaciones contraídas estén incrementadas en 947,86 millones, además figura como ingreso una provisión no ejecutada sobre un aval fallido lo que eleva los ingresos ficticios en 14,93 millones.

La cuenta de 2007 presenta modificaciones presupuestarias que incrementan los créditos iniciales en un 10,21%. Los créditos definitivos superan los derechos reconocidos en 617 millones, ya que mientras los derechos reconocidos superaron las previsiones iniciales de ingresos en 452 millones, y los créditos se incrementaron en 1.069 millones. La ejecución de la totalidad de gastos conduciría a un saldo negativo que conduciría a incumplir el objetivo de estabilidad además de los mayores recursos que necesitaría para su ejecución.

Utilizaron ampliaciones de 44,9 millones a cargo del resultado del ejercicio, una fuente de financiación no expresamente prevista en la legislación.

Identificación errónea

La ausencia de identificación de fuentes de financiación específicas (líneas de financiación) de los distintos créditos impide conocer en qué medida los créditos se realizan con cargo a recursos no previstos o que superan las previsiones iniciales.

La cuenta general incluye información sobre el coste final de los beneficios fiscales, a pesar de que anualmente la Ley de Presupuestos incluyese una estimación de los mismos. Esta información constituye un elemento imprescindible para avalar las medidas normativas tributarias aprobadas. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la escasa repercusión de alguna medida adoptada en relación a su valor potencial pone de relevo la necesidad de mejorar el conocimiento de la misma, en otros casos la escasa repercusión de otras medidas (gastos de asistencia, cuidado de hijos menores en el IRPF  y el tipo reducido en la adquisición de las viviendas por discapacitados en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas) demostró una completa ineficacia.

El resultado en un sólo ejercicio más de 400 millones de pérdidas e incremento de deuda.