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Incumpliendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

La Xunta adjudica la mayoría de los contratos de transporte escolar a dedo

Febrero 24, 2009

En la Comunidad Autónoma de Galicia se reconoce el derecho a transporte escolar a alumnos de centros públicos de niveles obligatorios y/o gratuitos de enseñanza, cuyos domicilios se encuentren fuera de la zona urbana en la que esté situado el centro escolar y, en cualquier caso, a una distancia del mismo superior a 2 Km. La dispersión urbana de Galicia hace que este servicio complementario absorba el mayor volumen de recursos del programa, representando el 73,2% de su ejecución.

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La importancia del gasto de transporte escolar de Galicia nos llevaría a pensar que las autoridades competentes controlaran con especial esmero su coste y el cumplimiento estricto de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas pero nada más lejos de la realidad. El análisis de legalidad realizado por el Consello de Contas sobre la gestión del servicio reveló deficiencias e irregularidades importantes que cuestionan el cumplimiento de la normativa vigente en varios aspectos.

La principal irregularidad está en la adjudicación de los contratos de transporte, ya que se utilizó el procedimiento negociado sin publicidad, sin acreditar causas objetivas que permitieran excepcionar el procedimiento normal (abierto, mediante concurso) en los términos previstos en el artículo 76 LCAP. Es decir se adjudicaron más de 400 contratos sin ajustarse a los procedimientos establecidos, calificándolos irregularmente de contratos menores. Se camuflaban estos contratos, que se adjudicaban sin dar publicidad, sin permitir el acceso a otras empresas y por tanto no cumpliendo criterios de igualdad y no discriminación.

Pero las irregularidades no acaban aquí, ya que una vez conseguido el contrato, las empresas adjudicatarias veían como se renovaba su concesión y sus condiciones año tras año. Así, la utilización del mecanismo de la prórroga permitió extender la duración de los contratos, prevista inicialmente por 2 años, durante más de 10 (desde el año 1999 hasta el 2010) sin que se permitiera acceder a empresas nuevas. En dos prórrogas analizadas por el Consello de Contas, se acordaron modificaciones consistentes en incremento del precio de los contratos, cuyo ajuste a la legalidad no se pudo verificar por falta de documentación o por imprecisiones en la información disponible. El transporte escolar en Galicia un gran negocio controlado por unos pocos.