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Las autonomías irresponsables han sido Andalucía, Galicia, Castilla La Mancha y Castilla León

La Unión Europea multa a España con 3 millones de euros por las irregularidades presentadas en las ayudas al empleo en cuatro Comunidades

Junio 17, 2015

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez ha condonado el 50% de la corrección financiera debido a las alegaciones. Se han constatado deficiencias en la gestión de casi 100 millones de euros, la mayoría de ellas concentradas en el año 2008

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Exactamente 84 días son los que ha tardado Susana Díaz en tomar el bastón de mando de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La falta de apoyos de otros partidos que desconfían de un programa irreal y carente de grandes medidas ha condenado a la presidenta a una tensa espera y a un futuro inestable. Muchos más días son los que necesitarán los andaluces para cicatrizar las heridas que todavía escuecen por el fraude en los cursos de formación. Precisamente, la Policía Nacional prevé alrededor de 140 nuevas detenciones en el marco de la Operación Edu. La trama sigue siendo investigada cuando ya se ha certificado una peligrosa falta de control de las subvenciones entre los años 2009 y 2011 que provocó que más de la mitad de los cursos fueran una auténtica estafa.

La situación no pinta mucho mejor en Galicia. La Operación Zeta sigue resquebrajando a la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta. En el entramado de este fraude de subvenciones se desviaron presuntamente unos 20 millones de euros que, a priori, estaban destinados a impartir cursos para los autónomos. La marea negra del fomento del empleo ha sido tal que también ha llegado a la meseta. En Castilla La Mancha, Comisiones Obreras ha demandado a la Inspección de Trabajo que lleve a cabo una campaña de control sobre las contrataciones efectuadas y subvencionadas en el marco del programa ´Empresa-Empleo´ -uno de los planes más importantes que regenta la comunidad presidida ahora por el socialista Emiliano García Page– debido al “fraude que se pudiera cometer en este tipo de contratación y en otras contrataciones temporales incentivadas”. Sus vecinos castellanoleoneses también están en el punto de mira. Otro sindicato, UGT ha sido el que ha denunciado un “fraude de ley” en algunas de las contrataciones realizadas en las provincias de la comunidad.

Y como no podía ser de otra forma, las malas artes se pagan caras. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dirigido por Fátima Báñez se ha visto obligado a publicar la resolución que establece “las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se aprueba la resolución de los procedimientos de repercusión de responsabilidades financieras a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, como consecuencia de la corrección financiera impuesta por la Comisión Europea al Reino de España por importe de 3.059.755,23 euros, en el procedimiento de cierre del Programa Operativo de Fomento del Empleo Objetivo 1 (…) derivada de defectos en los controles realizados por organismos de dichas Comunidades Autónomas sobre operaciones que han sido objeto de cofinanciación en dicho Programa Operativo”. 

2008, annus horribilis
 
En total, casi 100 millones de euros (91.748.364,52 euros) del Programa Operativo Fomento presentan deficiencias. Unos 50 millones de euros (48.630.718,28 euros) corresponden a la gestión de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ya que “no se han realizado controles en las anualidades 2007 y 2008 (…) debido a la falta de disponibilidad de datos en el momento de realizar los Planes de Control”. Algo más de un millón de euros (1.063.632,49 euros) señalan a la gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que “la muestra de las operaciones controladas no alcanza el 5 % del gasto certificado”. 22.357.450,15 euros responden a la mala gestión de la Comunidad Autónoma de Galicia, por no haber realizado controles de la anualidad 2008. Y por último, casi 20 millones (19.696.563,60 euros) apuntan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por no haber controlado algunos gastos en la anualidad 2008.

Castigo a medias

El 18 de septiembre de 2014, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) emitió un acuerdo para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto. Los 3.059.755,23 euros de corrección financiera se repartían de la siguiente forma: 1.621.806,51 euros a la Comunidad Autónoma de Castilla y León; 35.471,53 euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía; 745.608,11 euros a la Comunidad Autónoma de Galicia y 656.869,08 euros a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, el 20 de abril de 2015 el SEPE emitió la propuesta de resolución de los cuatro procedimientos mencionados, disminuyendo la cantidad finalmente reclamada a cada una de las Comunidades Autónomas en un 50 %, debido a la estimación de algunas de las alegaciones presentadas y los informes requeridos. Una medida de gracia que redujo sensiblemente las penas pecuniarias impuestas a las comunidades irresponsables.

Así, la sanción impuesta a España a través de la Unión Europea se ha saldado con 810.903,26 euros a la Comunidad Autónoma de Castilla y León; 17.735,77 euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía; 372.804,06 euros a la Comunidad Autónoma de Galicia y 328.434,54 euros a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.