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La Seguridad Social se salta la normativa que impone el uso del IBAN para identificar las cuentas bancarias en el proceso de alta de los trabajadores por Internet un año después de ser obligatoria

Febrero 13, 2017
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Hace poco más de tres años, el 1 de febrero de 2014, se instauró el Sistema de Pagos Europeo (SEPA), que mejoraba tanto los costes como la operativa en las transacciones bancarias dentro de la Unión Europea. Un punto fundamental de este proceso fue la instauración de un nuevo sistema de numeración de las cuentas bancarias a través del código internacional IBAN, que se construye en España a partir de los 20 dígitos del tradicional Código Cuenta Cliente (CCC), al que se le añade dos letras que identifican el país (ES en España), y dos dígitos más.

Aunque se pidió que este código se empezara a utilizar en todos los usos (transferencias, domiciliación de recibos, órdenes de pago), la fecha límite para su implantación se fijó para el 1 de febrero de 2016, día desde que será el único código requerido. Un año después de esta fecha, nos encontramos con que no todos cumplen la norma y alguno de ellos es más que más llamativo: la propia Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo de Fátima Báñez.

La Tesorería de la Seguridad Social, que mantiene un sistema informático obsoleto para el alta de los trabajadores, en el que, por ejemplo, tan sólo ocupa una parte mínima de la pantalla del ordenador y ni siquiera tiene la opción de desplazarse con el ratón en los diferentes menús, sigue solicitando el antiguo Código de Cuenta Cliente (CCC), para domiciliar los pagos, entre otros, de los trabajadores autónomos.

En contra de los criterios del Banco de España

El propio Banco de España “avergüenza” a la Seguridad Social en el apartado que en su Web dedica a las preguntas frecuentes sobre el Reglamento UE 260/2012 que regula la normativa SEPA y sobre si las administraciones públicas están o no excluidas de la aplicación de esta normativa lo siguiente: “El Reglamento UE 260/2012 no tiene por objeto regular el comportamiento de colectivos específicos de usuarios, ni por razón de su naturaleza ni en atención a la tipología concreta de la operación de cobro y/o pago subyacente. De hecho, no contempla ninguna excepción respecto a la condición de usuario de servicios de pago, de ordenante o de beneficiario, a los efectos de su aplicación. En consecuencia, cabe entender que sus disposiciones aplican también a las administraciones públicas cuando actúen como usuarios de servicios de pago”.

Es decir, como ordenante de cobros de las cotizaciones sociales, la Seguridad Social debería aplicar de forma obligatoria el IBAN, pero no lo hace. Se salta una norma que ha costado inversiones de muchos miles de euros a todas las Compañías. Todo un mal ejemplo.