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LA UTÓPICA REFORMA DE SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA (I)
Duplicidad de gastos y tareas en la Administración

La “reforma Soraya” pretende ahorrar con la utilización de las nuevas tecnologías mientras el Gobierno licita en la última semana nuevos contratos de servicios postales por 4 millones de euros

Junio 23, 2013

En una semana el Gobierno aprobó contratos para envío de correo ordinario de la Fundación Tripartita, Ejército de Tierra y Dirección General del Catastro

La Agencia Tributaria acaba de licitar el envío postal de los años 2013-2014 por 5,24 millones de euros, a pesar de hacerlo también por vía electrónica

La reforma de la Administración Pública prevé la eliminación de algunos de los servicios prestados por las autonomías como defensa de la competencia, meteorología y energía

Algunas comunidades como Galicia ya han advertido que se “estudiará lo que propone el informe de la CORA para luego decidir si se introduce algún cambio”


“Ha llegado la hora del sacrificio de los políticos”, decía el pasado sábado la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión mantenida con los presidentes autonómicos para acercar posturas respecto a la reforma de las administraciones. Sacrificio y consenso. Una suerte de quórum de la que carece, a todas luces, la transformación administrativa pergeñada por el ejecutivo del Gobierno. Donde los portavoces del PP dicen digo, los presidentes, incluso los de su mismo partido, dicen diego. 

En la reunión, en la que también estuvo presente la secretaria general del partido y presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, las portavoces del PP incidían una y otra vez en la idea del “sacrificio” de los políticos, más de cinco años después de que los ciudadanos comenzaran a ver reducidos sus ingresos de un modo tan violento como radical. Según las damas de hierro del PP, es ahora, un lustro después, cuando los políticos deben apretarse el cinturón. De esta forma, la Reforma de las Administraciones Públicas aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros pretende ahorrar un total de 37.700 millones de euros hasta 2015. Un cálculo en el que se prevé que los cambios pasen por el cada día más estrecho aro autonómico. Tarea harto difícil.

Comunidades insurrectas

Para muestra, un botón. El pasado jueves, el presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, citaba tres servicios como las cabezas de turco que podrían incardinarse en los primeros pasos de la reforma Soraya y dejar de ser prestados por las autonomías: defensa de la competencia, meteorología y energía. “Se ha llegado a la conclusión, por ejemplo, de que las comunidades pueden prescindir, o no, de sus agencias de meteorología, de sus órganos de defensa de la competencia o de sus agencias de energía”. Poco después, los primeros afectados por tal consideración -las comunidades- comenzaban a establecer las primeras cláusulas a una decisión que parecía ya tomada. Por parte de la Xunta de Galicia, el ejecutivo dirigido por Alberto Núñez Feijóo, advertía que en cuanto a Meteogalicia –organismo autónomo de meteorología- se “estudiará lo que propone el informe de la CORA para luego decidir si se introduce algún cambio”. Cortapisas a la reforma Soraya que se producían poco después de que el propio presidente gallego puntualizase que las recomendaciones vertidas desde Moncloa “se tienen que negociar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

4 millones en 7 días

Parece que estos recortes de los que presume Soraya Sáenz de Santamaría para paliar la crisis, no atañen a las contrataciones implementadas desde Madrid, a la vista de las últimas licitaciones emprendidas por el Gobierno. El pasado 10 de julio el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunciaba en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación para el contrato de la prestación de la totalidad de los servicios postales para Gerencias y Subgerencias de la Dirección General del Catastro. Para ello preveía un valor estimado del contrato de más de 3 millones de euros (3.086.553 euros). Tan solo dos días más tarde, la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército licitaba el contrato para la prestación de Servicios Postales y Telegráficos en el Cuartel General del Ejército, en este caso, la Administración Pública destinaba más de un quinto de millón de euros (150.000 euros) a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

Como no hay dos sin tres, otro órgano del Gobierno Central, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, asignaba cerca de un millón de euros (869.990 euros) para la contratación de la prestación de servicios postales. De nuevo, el beneficio recaía en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, esta vez por ser, según el Gobierno, “la oferta económicamente más ventajosa”. Un total de más de 4 millones de euros (4.106.543 euros) para garantizar el correcto funcionamiento del correo ordinario de tres órganos del sector público regidos por el Gobierno Central: Catastro, Cuartel General del Ejército y la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Gastos duplicados

A pesar del compromiso férreo del Gobierno y tantas veces traído a colación por sus gestores, el Estado predica en el desierto y se muestra poco coherente con el uso y la implantación de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación). Tanto es así que el pasado mes de abril, la Agencia Tributaria sacaba a concurso el servicio de envío postal de los años 2013-2014 por 5,24 millones de euros. Una Agencia Tributaria que presume, al mismo tiempo, de la presentación telemática de declaraciones confeccionadas con el programa PADRE que, en teoría, ahorra una cantidad importante en el envío tanto del borrador como de los datos fiscales, cambiándolo por la recepción de un mensaje por SMS que permite la descarga de la información. Una cortina de humo que oculta la verdadera realidad: una implantación infructuosa de los sistemas tecnológicos.  

¿Dónde se esconde la trampa y el cartón de la supuesta eliminación de las cartas en papel de la Agencia Tributaria? Tanto empresarios como ciudadanos de a pie, se encuentran con la misma rémora: una vez leída la notificación y firmada electrónicamente la recepción, días más tarde recibe por correo certificado copia de la misma, duplicando tareas y no consiguiendo ningún ahorro. Mientras, 5,24 millones para la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, que sumados a los 4 expuestos líneas arriba, nos acerca a la cifra redonda y vertiginosa de los 10 millones de euros para el envío de cartas. 

Si esto es lo que ha ocurrido con las intenciones del Gobierno en la materia de los servicios postales, ¿qué nos deparará la reforma Soraya y su propósito de recortar los servicios autonómicos de defensa de la competencia, meteorología y energía? ¿Duplicidad de funciones y gastos? Quizás antes de actuar de modo impulsivo se debería leer a los clásicos y recordar como Robert Merton defendía en su funcionalismo estructural la perspectiva del equilibrio, aquella que establecía que, en ocasiones, el mejor cambio era no cambiar.

Jesús Prieto