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Recientemente, el ex presidente del CEOE, Díaz Ferrán, y su socio Mata Tamayo, han sido condenados a dos años y dos meses de cárcel por fraude

La postura de la Abogacía del Estado en el Caso Aerolíneas Argentinas provocó que Hacienda deje de ingresar 100 millones en impuestos

Junio 3, 2014

En la causa se aportaron documentos que resultaron no ser verdaderos y que pueden, en breve, sentar nuevamente en el banquillo de los acusados por estafa procesal y falsedad documental a Antonio Mata Ramayo y su equipo de directivos que en aquella época dirigían Air Comet y Aerolíneas Argentinas


Recientemente, la Audiencia Nacional confirmaba la pena de dos años y dos meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública para el ex presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Gerardo Díaz Ferrán, y a su socio Antonio Mata Tamayo, por defraudar 99 millones de euros del Impuesto de Sociedades de 2001 en la compra de Aerolíneas por parte de Air Comet, una de sus sociedades. Más allá de que para muchos resultaría de buen agrado cambiar el pago de ese supermillonario importe por la mencionada condenada de cárcel, para qué exigir una condena de 100.000.000 euros sabiendo que no se van a cobrar y, más aún, cuando al momento en que se pudieron tomar medidas para asegurar su cobro parcial o total no se quiso así realizar por quien tenía la obligación de, al menos, exigirlo y perseguirlo.

Pues esto es más o menos lo que hizo la Abogacía del Estado durante la instrucción del procedimiento penal por aquella operación de venta de la línea de bandera argentina pactada entre Air Comet y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), allá por el año 2002.  
 
La postura de la Abogacía del Estado, algo más que cuestionable
 
La Abogacía del Estado, supuestamente, participaba en ese procedimiento defendiendo los intereses de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).  Y si decimos “supuestamente defendiendo” es porque no se entiende cómo existiendo en la instrucción de la causa y, desde fecha 2008, dos Informes periciales de Hacienda ratificados en sede judicial -que acreditaban la existencia de esa cuota fiscal no ingresada de 100.000.000 euros-, la Abogacía del Estado no sólo no instó a que se adoptara medida alguna para garantizar el posible cobro de esos importes, sino que, además, se opuso a que se tomaran medidas al respecto cuando estas sí fueron solicitadas por la acusación particular, cuya dirección letrada era llevada a cabo por el abogado Rafael Caro Moya.  
 
Curiosamente, por aquella época también estaban imputados ciertos miembros de las altas esferas de poder de la SEPI que participaron en tan millonaria operación porque se olfateaba un posible desvío de fondos públicos de 800.000.000 dólares. Normal: entregar una empresa –Aerolíneas Argentinas-, y un saco de 800.000.000 dólares de fondos públicos a cambio de un único dólar y cuando éste dólar provenía de Díaz Ferrán y sus socios.
 
“Una vergüenza: la Abogacía del Estado no sabe ni sumar las deudas con Hacienda”
 
Pero centremos más si cabe el caso. Por aquellos años, Ignacio Ruiz Jarabo era el presidente de la SEPI cuando se ejecuta esa operación de venta. ¿Y qué cargo ostentó Ruiz Jarabo antes de acceder a la presidencia de la SEPI? Curiosamente, director General de la AEAT. Lo que aconteció después ya se puede intuir. Díaz Ferrán cayó en desgracia, la Abogacía del Estado pidió el archivo de actuaciones respecto a los miembros de la SEPI pese, supuestamente, defender a la AEAT; es decir, los intereses de todos los ciudadanos españoles. Fue entonces cuando Hacienda ya sí puso su empeñó contra Díaz Ferrán. Una decisión tardía porque la deuda ya es imposible de cobrar. “Una verdadera vergüenza. Ni siquiera la Abogacía del Estado ha sabido sumar las cuotas defraudas que aparecen en los informes periciales de la AEAT para exigir al menos ese importe” fue la respuesta del letrado Rafael Caro Moya al ser preguntado por la sentencia citada y la actuación de la Abogacía del Estado.
 
Pero aquí no acaba la historia de este culebrón por cuanto Extraconfidencial.com ha tenido conocimiento, y así lo ha confirmado Rafael Caro Moya, que en esa instrucción y juicio se aportaron documentos que han resultado ser no verdaderos y que, en breve espacio de tiempo, sentarán nuevamente en el banquillo de los acusados por estafa procesal y falsedad documental a Antonio Mata Ramayo y su equipo de directivos que en aquella época dirigían Air Comet y Aerolíneas Argentinas y quién sabe, según sus palabras, “si provocarán la reapertura de las diligencias por el desvío de fondos públicos que motivaron en su día la imputación de los miembros de la SEPI”.