Menú Portada
La DGT también se apunta a la moda del gasto en "movilidad" con más helicópteros y nuevos seguros para sus vehículos

La Policía Nacional viste de gala su parque móvil: 28 millones para helicópteros y 11,5 para vehículos

Febrero 19, 2014
pq_939_coches_policia.jpg

Los vehículos del Ministerio del Interior traen de cabeza al ciudadano. Jorge Fernández Díaz ha convertido los medios de transporte en un método rocambolesco de financiación directa a empresas. Con la vorágines de prácticas acometidas en este sentido, el parque móvil del Cuerpo Nacional de Policía se está quedando pequeño para tantas unidades, aéreas y terrestres.   

El mes pasado, la Dirección General de Tráfico de María Seguí adjudicaba el contrato a través del cual el Cuerpo Nacional de Policía y la propia DGT encargaban el “suministro de helicópteros biturbina ligeros” por un total de 27.999.999 euros -sin impuestos- a la empresa adjudicataria, Eurocopter, un socio habitual del Gobierno, que ya en diciembre de 2013 se había hecho con 50 millones del Ministerio de Defensa de Pedro Morenés a cambio de la “fabricación y suministro de ocho helicópteros ligeros de enseñanza”.

Pero no solo de misiones aéreas viven los agentes del Estado. La tierra también tiene que estar cubierta por las unidades de los cuerpos de seguridad del país. Ahora, el Cuerpo Nacional de Policía prepara un presupuesto cercano a los 11,5 millones de euros (11.473.176 euros) para licitar el contrato que se ocupará del “suministro, en régimen de arrendamiento, de al menos 143 turismos radiopatrulla tipo Z y de al menos 52 vehículos todo camino tipo Z, nuevos, en producción en el momento del contrato, de una sola marca y modelo para cada uno de los tipos, con sus correspondientes kits policiales y kilometraje ilimitado, con destino a la Dirección General de la Policía”.

La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía se hará cargo de la adjudicación del contrato a través de un proceso de licitación abierto de tramitación ordinaria.

La igualdad, solo en caso de empate

En el documento de cláusulas administrativas se establece que, en caso de empate entre dos o más proposiciones -tanto técnico como económico-, la propuesta de adjudicació se hará a favor de la empresa que tenga en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2% o aquel que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla”, tal y como establece la TRLCSP. Un criterio, el de la integración laboral de personas discapacitadas que solo se tendrá en cuenta en caso de empate. Una manera sui generis de fomentar la igualdad de derechos y oportunidades para todos.

Mal de muchos

La misma DGT, protagonizó precisamente uno de los últimos casos más sonados. En noviembre del curso pasado, el organismo autónomo adjudicaba los contratos que rigen dos pólizas de seguro para sus vehículos oficiales. El primero de los lotes, el contrato para el “seguro de responsabilidad civil obligatoria (SOA)” fue adjudicado a la sucursal española de la internacional americana AIG Europa Limited por un total de 802.210 euros. En añadidura, el segundo paquete, el contrato para el “seguro complementario de suscripción voluntaria” se concedió a la filial multinacional francesa Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros por un importe de 891.955 euros. En resumidas cuentas, cerca de 2 millones de euros (1,7 millones) volaban de las arcas del erario público allende nuestras fronteras para satisfacer los intereses privados de dos compañías de seguros y servicios financieros, siendo una de ellas -American International Group (AIG)-, causante de la actual deriva económica mundial debido a la crisis subprime o de las hipotecas basura concedidas en Estados Unidos.