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A QUIÉN CORRESPONDA

A QUIÉN CORRESPONDA

La poca fiabilidad de Trillo: cuando cesó como ministro de Defensa fichó como asesor jurídico de Prosegur, empresa que facturó contratos millonarios al ministerio, incumpliendo la Ley de Incompatibilidades

Enero 31, 2017
trillo

Alguien dijo que el pasado, a veces, vuelve a la actualidad. Y a Federico Trillo Figueroa, ex embajador en Londres, le ha sucedido ya dos veces. Una, con el trágico y dramático accidente del Yak 42 en el que perdieron la vida 62 militares españoles que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003. Más de 13 años después, el Consejo de Estado ha reconocido oficialmente, y por primera vez, la responsabilidad del Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo. El dictamen, que ya está en manos de la ministra María Dolores de Cospedal, reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la mayor catástrofe de la historia moderna del Ejército español en tiempos de paz.

Tras conocerse este dictamen, Trillo dimitió como Embajador en Londres un día antes que el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy le cesara. Y entonces, Trillo Figueroa, que achacó este hecho a una campaña mediática, solicitaba su reincorporación al Consejo de Estado, donde volverá como letrado mayor por su antigüedad.

Vulneración de la Ley de Incompatibilidades

Pero su fiabilidad como abogado queda algo más que en entredicho. No solo por no asumir responsabilidades en el Caso del Yak 42 –por cierto, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, si ha asumido el  informe del Consejo de Estado sobre sus responsabilidades en el accidente-, sino por otro hecho cuando menos sorprendente para un profesional de la abogacía de supuesto reconocido prestigio.

En mayo de 2005, el que suscribe firmaba una información en la revista Interviú en la que se desvelaba que Federico Trillo se convertía en asesor jurídico de Prosegur, compañía de seguridad que facturó contratos millonarios a Defensa siendo el ministro. En su declaración de intereses de 16 de junio de 2004, ya como diputado en la oposición, especificaba “el ejercicio libre de la abogacía”

La relación laboral entre el ex ministro y Prosegur podía violar la Ley de Incompatibilidades, que impide durante dos años a los altos cargos trabajar con firmas que hayan facturado a sus departamentos. Entre 2000 y 2004, los años de Trillo en Defensa, Prosegur contrató con ese ministerio servicios por valor de 7,1 millones de euros.

En concreto, el artículo 7 de la Ley 4/1995 establece, con respecto a la incompatibilidades de las actividades de los ex altos cargo, lo siguiente: “Durante dos años a partir de la terminación de su mandato, quienes hayan desempeñado un alto cargo no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes en los que hayan intervenido o de los que hubiesen tenido conocimiento por razón de su cargo ni utilizar en provecho propio o transmitir a otros  para su uso la información la información a la que hayan tenido acceso con ocasión del ejercicio de su cargo” Más claro, agua, para todos menos para Federico Trillo.

No hay que obviar que durante la etapa de Trillo, Defensa intensificó la contratación de servicios con empresas privadas para suministrar al Ejército y sus instalaciones. La medida más llamativa fue la colocación de guardas jurados de la compañía VINSA –vinculada a la ONCE-, para custodiar la Academia Militar de Zaragoza. En esa misma instalación militar, la firma Prosesa instaló cámaras de vídeo y distintos dispositivos de seguridad.

Una relación laboral poco duradera

El bufete de Federico Trillo comenzó a asesorar jurídica y laboralmente a la citada compañía de seguridad en 1993. El asesoramiento se suspendió en junio de 1996, cuando el PP de José María Aznar ganó la Elecciones Generales y Trillo fue nombrado presidente del Congreso de los Diputados. Como para no conocer el contenido de la Ley de Incompatibilidades.

Pero la posterior relación laboral entre el ex ministro y Prosegur acabó pronto. Tras publicarse la información, el ministerio de Administraciones Públicas abrió una investigación cuyo resultado sigue sin conocerse. El caso es que, al poco tiempo de la publicación, Prosegur anunció que en septiembre de ese mismo año rescindiría el contrato. El bufete Estudio Jurídico Labor en el que figuraban el propio Trillo y sus hijos Federico y María José- obtuvo unos beneficios de 21.394 euros en 2004, atravesaba una situación financiera que “no era la óptima”, pero preveía “una mejoría a medio plazo”, según rezaba la memoria del despacho.

Gregorio Fernández del Amo