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El director del centro ha puesto a la venta las sedes de Tel Aviv y Bruselas por 7,1 millones de euros

La paradoja del Instituto Cervantes: cierra sedes y reduce plantilla al tiempo que aumentan sus gastos de personal

Noviembre 10, 2013

El coste de sus trabajadores pasó de 59 millones en 2011 a 60 millones de euros en 2012 mientras que, en el mismo tiempo, sus empleados se vieron reducidos en 51 personas
La Oficina Nacional de Auditoría se ha topado con varios obstáculos: cursos fechados en ejercicios diferentes, contratos sin formalizar o un inventario sin actualizar desde 2005

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‘Limpia, fija y da esplendor’. Con ese propósito se creaba hace ya casi 300 años la Real Academia de la Lengua Española. 277 ejercicios más tarde nacía en Madrid y por iniciativa del Gobierno de España el Instituto Cervantes. Un organismo público, que apuntaba a la promoción y enseñanza de la lengua española, y a la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica como sus objetivos fundacionales. La crisis económica no ha modificado la meta del Instituto presente ya en medio mundo, pero sí el modo de conseguirlo: apretándose el cinturón. Algo que no es ajeno en uno de los Ministerios de los que depende, el de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dirige José Ignacio Wert, de nuevo en la picota por la polémica de las becas Erasmus.

Hace escasos días, el Instituto Cervantes anunciaba el inicio del proceso de venta de sedes que ya había anticipado un año antes. El director del centro, Víctor García de la Concha, deposita el interés de esta iniciativa en “hacer de la crisis oportunidad” y afrontar las restricciones presupuestarias que afectan al organismo. El Cervantes ha visto menguada su dotación gubernamental en un 37% para el presente ejercicio que ha repercutido en una reducción de más del 10% en su presupuesto final. En 2014, la situación mejorará ya que según los PGE, el Instituto Cervantes tendrá un presupuesto un 26,6% mayor (110,45 millones) con respecto al de 2013. El primer paso de la venta de sus delegaciones pasa por los inmuebles de Tel Aviv (Israel) y Bruselas (Bélgica) por un precio global de 7,1 millones de euros. Es lógico pensar que con la disminución de sus centros, la promoción de la lengua española en el exterior pierda calidad y cantidad, pero ¿qué ha hecho el Instituto desde su administración para evitarlo?

A la vista de la resolución difundida en el BOE el pasado viernes 18 de octubre por la que se publican las cuentas anuales del Instituto, ni sus números son boyantes ni la gestión acertada. En 2012, el Instituto Cervantes sufrió una reducción de casi 15 millones de euros (de 94,5 millones a 79,9 millones) de las transferencias recibidas. El año lo salvaron los beneficios procedentes de otras actividades -con independencia de lo recibido del Estado- que provocaron un aumento de las ventas de 34,7 millones a 37,4 millones de euros.

Un personal que disminuyendo, se encarece

Según el informe de la Oficina Nacional de Auditoría, los gastos han disminuído de manera importante, especialmente en la partida “Otros pagos” que ha pasado de suponer 29,3 millones de euros en 2011, a apenas 623.000 euros en 2012. Sin embargo, la caída no ha sido proporcional en todas las partidas. Así y a pesar de que se congelara la paga extraordinaria de Navidad, los gastos de personal ascendieron, pasando de 58,7 millones en 2011 a 59,9 millones de euros en 2012.

El dato es cuanto menos curioso si tenemos en cuenta la caída de la plantilla del Instituto Cervantes a lo largo del año. Si en enero de 2012 tenía un total de 1.141 trabajadores -908 en centros y 233 en su sede central- en diciembre había caído en 51 personas hasta los 1.090 empleados -866 en centros y 224 en su sede-.

Limitaciones en el estudio

A pesar de la buena voluntad de la Oficina Nacional de Auditoría, ésta se ha topado con varios obstáculos que han impedido una investigación transparente. Respecto a la contabilización de sus operaciones, “el Instituto Cervantes imparte, entre otros, cursos cuya fecha de inicio y finalización corresponden a ejercicios económicos distintos” por lo que la auditoría “no dispone de información suficiente que permita cuantificar el impacto en las cuentas anuales consecuencia de los hechos puestos de manifiesto”. En este sentido, se registran “casos en los que no se han formalizado los contratos” concertados con personas jurídicas por lo que no se pueden conocer “los derechos que se derivan de los mismos ni la fecha en que debieran ser contabilizados éstos”.

El análisis que se realiza de las cuentas tampoco es completo de acuerdo a su inmovilizado material ya que “la entidad no ha realizado estudios que le permitan determinar la posible existencia de deterioro”. Además, a pesar de existir una aplicación informática que gestiona el inventario de estos bienes, la información es relativa a los bienes adquiridos con anterioridad al 2005 por lo que “se encuentra en un proceso de verificación física y de depuración de datos que a fecha del presente informe no ha finalizado, constituyendo una limitación a efectos de esta auditoría de cuentas”.