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DEMOLEDOR INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL TC DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN ROMA (I)

La Obra Pía Española de Roma, propietaria de 273 inmuebles en la capital italiana, benefició a funcionarios con el alquiler de viviendas

Enero 7, 2008

Era propietaria de 24 edificios en el centro histórico de Roma: 191 viviendas, 10 oficinas, 66 locales comerciales y 6 estudios.
 
“Entre los inquilinos figura un gran número de empleados de la Administración española”
 
“En cuanto a la fijación del precio de alquiler, los criterios se establecían por la Junta de Gobierno, que solía pedir un informe a una inmobiliaria acerca del precio de mercado, que se aplicaba ponderándolo según las características del inquilino” 


El 26 de abril del pasado año, el Tribunal de Cuentas (TC), remitía al Congreso de los Diputados su “Informe de Fiscalización de los Órganos de la Administración del Estado en la Acción Exterior en Roma”, correspondiente al ejercicio de 2003. Una auditoria que pasó desapercibida pero que recobra plena actualidad tras el enfrentamiento entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y la Conferencia Episcopal Española a raíz de la masiva manifestación por la familia convocada por la Iglesia española el pasado 30 de diciembre.
El documento no tiene desperdicio. El Alto Tribunal analiza las cuentas y las acciones desarrolladas por la Academia de España en Roma, dependiente del ministerio de Asuntos Exteriores, y de la Obra Pía Española de Roma, cuya representación legal corresponde al Embajador de España ante la Santa Sede, en la actualidad Francisco Vázquez, ex alcalde de La Coruña. A lo largo de la semana informaremos pormenorizadamente de las supuestas irregularidades por el Tribunal de Cuentas pero en nuestra edición de hoy nos detenemos en algunas de las conclusiones alcanzadas por el TC con respecto a la Obra Pía Española de Roma.

Un imperio inmobiliario

Corría el año 2003, cuando el ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado entonces por Ana Palacio, realizó una inspección sobre la gestión de la Obra Pía Española de Roma ejecutada por personal del Servicio de Control de la Subdirección de la Administración, “días después de que aparecieran en la prensa diversas noticias sobre la adjudicación en alquiler de un piso propiedad de la Obra Pía”, afirma el TC en su Informe de Fiscalización. La inspección tenía por objetivo “verificar que las operaciones y procedimientos se habían desarrollado de conformidad con las normas y directrices que eran de aplicación, así como obtener la seguridad razonable de que su contabilidad y estados financieros expresaban fielmente el resultado de su gestión…”
Nada que objetar salvo en el alquiler de los bienes inmuebles. “La Obra Pía Española de Roma ha acumulado en el curso de su larga historia, un importante patrimonio inmobiliario. En el periodo fiscalizado era propietaria de 24 edificios en el centro histórico de Roma con un total de 273 inmuebles (191 viviendas, 10 oficinas, 66 locales comerciales y 6 estudios). La gestión de este patrimonio es la principal actividad de la Obra Pía y la renta obtenida por su alquiler es, prácticamente, su única fuente de ingresos”.

Información privilegiada

En su informe el TC no deja lugar a dudas: en el Reglamento de Régimen Interior de los Establecimientos Españoles no se establece el procedimiento de alquiler ni los criterios a seguir para determinar el precio y seleccionar los inquilinos. Conclusión, la de siempre: “Entre los inquilinos figuraba un gran número de funcionarios y empleados de la Administración española. Según el Informe, en el ejercicio de 2002 estaban alquilados a funcionarios o contratados españoles en algún organismo de la Administración General del Estado con delegación en Roma, un total de 40 pisos”. Mañana más. No se sorprendan quiénes figuran entre los beneficiados inquilinos.