Menú Portada
No habrá actualizaciones en base al IPC en los contratos públicos

La nueva Ley de desindexación nos hará más pobres

Octubre 2, 2013
pq_936_Cristobal-Montoro.jpg

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 con su revalorización mínima de las pensiones ha eclipsado todo el panorama económico. Pero el Consejo de Ministros del viernes pasado también trajo una novedad, el anteproyecto de una nueva normativa que tendrá importantes repercusiones económicas, la Ley de Desindexación de la Economía.

Aunque ya estaba prevista dentro del Plan Nacional de Reformas, el momento para anunciarlo parece que ha sido más que escogido, justamente cuando se adelanta el desplome del IPC hasta el 0,3%. Es decir, se lanza una legislación que lleva a que no se revaloricen los contratos públicos de acuerdo a la inflación, cuando esta alcanza su mínimo en 4 años. Y es que esta Ley es “limitada” en un principio (sólo para las Administraciones Públicas) pero declara su intención de extenderse a casi todos los ámbitos, promoviéndola al sector privado, y así sucederá. Nos podemos ir despidiendo de no perder poder adquisitivo, la devaluación lenta y constante de nuestra economía ya tiene una nueva vuelta de tuerca.  

De nuevo la competitividad a cualquier precio

En el anteproyecto declara que el objetivo de esta nueva Ley es “contribuir desde el sector público a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad”. La Competitividad vuelve a ser la panacea que solucione todo. Desde luego su mejora vía descenso de ingresos tiene efectos positivos como vemos en las exportaciones, pero también negativos, como el derrumbe del consumo que lleva la pérdida del poder adquisitivo. No indexando contratos de alquiler o de prestación de servicios a lo que sube la vida se pierde capacidad de compra, ya que estas ganancias se transmiten a las empresas que realizan estos servicios y estas las trasladan al resto de los costes, empezando por los salarios. ¿Quién gana? El que paga, el Estado. Con esta premisa podríamos pensar que ganamos todos, pero estos beneficios no se transmiten tan rápido y de forma igualitaria. Si se consigue una bajada en los costes de las administraciones por estas revisiones “a la baja” se podría plantear un descenso en la carga impositiva, pero lejos de esto, esta posible mejora ni se nombra ni se plantea.

Con el ojo puesto desde Europa

Es más, esta Ley no deja de ser un guiño a Europa. Desde hace años, especialmente cuando repuntó la inflación sonaron las alarmas desde la UE (incluido el vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia) alertando sobre los efectos de “segunda ronda”. ¿Qué significa esto? Que las subidas de precios llevarían a unas revisiones al alza de salarios y contratos que llevan a que se tuvieran más recursos económicos que estimularan el consumo y por tanto condujeran a una segunda subida de precios. ¿Esto ha sucedido? Rotundamente no, si la inflación una vez acabado el efecto de la subida del IVA del 2012 se ha derrumbado es precisamente porque el consumo cae, y para que una marca o gran superficie se lleve una parte de la menguada tarta necesita ofrecer precios más competitivos.

Por ello, que se escude en la eliminación de los efectos de segunda ronda como una de las razones no deja de parecer irónico. La razón parece clara, seguir devaluando nuestra economía con políticas no monetarias que llevan a reducir el poder adquisitivo de todos.

Índice de Garantía de la Competitividad

De hecho, se establece un nuevo índice que de manera transitoria (residual según el Gobierno) se puede utilizar para la revalorización de los contratos (en su fase definitiva se tiene que realizar de acuerdo a los costes), el índice de Garantía de Competitividad. En él, volvemos a partir con desventaja ya que siendo aplicable a los contratos entre privados que hayan pactado una cláusula de revisión tiene como referencia no nuestra inflación, sino la de la zona euro, tradicionalmente más baja, corregida por una parte de la competitividad perdida desde 1999. Con un punto de arranque tan lejano, ya que las ganancias netas de competitividad las estamos viendo en los últimos meses, la revalorización estará cercana a cero, el suelo mínimo de este índice, pero si algún día hay ganancias también establece un techo del 2%.

También los salarios, las pensiones y hasta las cuentas corrientes

Volvemos al principio. Esta Ley está enmarcada dentro de una idea global de descenso del poder adquisitivo, y esta se hace de forma más directa atacando los salarios, algo que estamos viendo. Aunque en el anteproyecto se refleje que “quedan excluidos de esta norma la negociación salarial colectiva (tanto en el ámbito privado, como en el del personal laboral del sector público), las pensiones y los instrumentos financieros” lo cierto es que los tres ya se han visto más que afectados: los salarios del sector privado con unas revisiones de convenios que en algunos casos han tenido subidas leves pero en la mayoría congelaciones y bajadas, es decir pérdida de poder adquisitivo y en para los funcionarios ya se ha adelantado congelación para el próximo año; en las pensiones, poco podemos decir que no se sepa, vamos hacia un modelo con una revalorización mínima del 0,25% como se acaba de aprobar para el 2014 y sólo se igualará a la inflación cuando los precios apenas suban; Y en los productos financieros también hay sorpresas, las recomendaciones del Banco de España limitando los tipos de interés e indexando estos límites al precio del dinero ha llevado y llevará a que en muchas ocasiones perdamos dinero dejando nuestros ahorros en la entidad financiera en un depósito o cuenta remunerada, ya que los intereses no superarán a la subida de los precios.

El Estado se saca a la manga un as para pagar menos y controlar los precios. Sólo el tiempo marcará si esta pérdida de poder adquisitivo y los sacrificios que estamos realizando han valido la pena. La crisis de nuevo afecta sólo en un mismo sentido.