Menú Portada
https://track.adform.net/C/?bn=17156992 1x1 pixel counter :

La ministra Fátima Báñez, en plena crisis del Aeropuerto del Prat, formaliza con Eulen el contrato de seguridad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta por importe de 1,4 millones de euros

Agosto 16, 2017
fatima-banez-644x362

España se encuentra en nivel 4 de alerta máxima por la amenaza del terrorismo yihadista. Este miércoles 16 de agosto se celebra un Consejo de Ministros extraordinario con el objetivo de analizar la situación en el Aeropuerto de El Prat. Con esta reunión, el Gobierno pretende poner en marcha un mecanismo de arbitraje que pueda poner fin a la huelga indefinida de los trabajadores de seguridad de la empresa Eulen mientras saca pecho por el éxito tras la intervención de la Guardia Civil desde el pasado lunes. Los Agentes de la Benemérita han supervisado las tareas de los trabajadores de Eulen y el cumplimiento de los servicios mínimos, del 90%, que ha evitado el caos en pleno puente del 15 de agosto. La movilización de la Guardia Civil ha conseguido de esta forma que, en los días de mayor tráfico, el Aeropuerto de Barcelona no sufriera de nuevo largas colas. Sin embargo, esa decisión del Ejecutivo central ha soliviantado al Comité de Huelga, que lo considera una injerencia que “vulnera” sus derechos laborales. Los trabajadores han acudido a la Inspección de Trabajo, dependiente de la Generalitat de Cataluña, para interponer varias denuncias por supuestas presiones de la empresa y de la Guardia Civil.

Pero lo que no se vislumbra en el Gobierno es un mínimo atisbo de autocrítica. Crisis como la que ha sufrido el segundo Aeropuerto de España en pleno mes de agosto se producen precisamente por la externalización de servicios clave a empresas privadas como Eulen que ganan los concursos por ofrecer los costes económicos más bajos que se traduce en una mayor conflictividad laboral. Lo que ha ocurrido en agosto en El Prat, puede repetirse no sólo en otros aeropuertos, también en oficinas de la Seguridad Social, en las administraciones de la Agencia Tributaria en momentos clave como en plena campaña de presentación del Impuesto sobre la Renta, en la entrada de Hospitales del Ejército o en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde precisamente el Ejecutivo acaba de formalizar un contrato con Eulen.

Un contrato millonario privatizado para un servicio de extrema importancia

Si la huelga de los trabajadores de Eulen ha marcado buena parte de la actualidad informativa de este verano, la presión de la inmigración ilegal sobre la frontera española no se ha quedado atrás. Ceuta cerró la segunda semana de agosto con seis intentos de asaltos en grupo a la valla que se saldaron con la entrada de 187 inmigrantes subsaharianos, todos ellos en un mismo intento. Por este motivo se cerró durante una semana el tráfico de mercancías y de porteadores por la frontera del Tarajal. Melilla no se ha quedado atrás y otros 22 subsaharianos llegaron a su playa ocultos en la lona de un barco.

Todos estos inmigrantes acaban en los cada día más hacinados Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), de Ceuta y Melilla, unas instituciones dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez donde en, el mejor de los casos, se suele duplicar la capacidad para la que están diseñados. Allí pasan meses hasta que suelen dar el salto a la península. En estos lugares, por ejemplo, los inmigrantes pelean por conseguir un lugar donde lavar su coche y no dudan en agredir al que ose hacerles la competencia, se enfrentan para que no les roben la ropa o los productos de higiene que les proporciona el Estado y que luego revenden, o se pelean incluso por conseguir un mejor lugar para dormir. Una institución más que conflictiva y cuya seguridad, en el caso de Ceuta, Fátima Báñez acaba de encomendar a la empresa Eulen por 1.450.052,36 euros (IVA incluido), al año, con una casi segura prórroga de otros 12 meses. El contrato se ha formalizado en plena crisis del Aeropuerto del Prat, tal y como refleja el Boletín Oficial del Estado (BOE), del pasado 4 de agosto, por ser “la oferta formulada por el adjudicatario la más ventajosa económicamente para los intereses de la Administración”.

Las funciones de Eulen para controlar el CETI de Ceuta

El contrato de Eulen no se limita al control de entradas y salidas, sino que se le confiere todas las labores de seguridad del CETI. En concreto, en los pliegos del concurso que ganó esta empresa de servicios se indica que: “la prestación del servicio contratado consistirá en acción protectora de carácter preventivo con el fin de evitar la comisión de hechos delictivos u otro tipo de infracciones sobre personas físicas, jurídicas, bienes de todo tipo e instalaciones”.

Para ello la compañía de seguridad se encarga, entre otros puntos, del control de accesos interiores del inmueble, el control en zonas comunes para garantizar la seguridad de los servicios de oficina, enfermería, aulas de formación y almacén, la inspección de correspondencia, el manejo y funcionamiento de elementos detectores como scanner y arcos detectores, realizar las rondas exteriores e interiores dentro del recinto, inspección del estado de las instalaciones o la expedición de las tarjetas identificativas tanto a los inmigrantes como al personal.

Pero entre las funciones más importantes está el control de los altercados que con demasiada frecuencia se producen en el Centro. En concreto se señala en el punto 2.1.10 del pliego del concurso que ha ganado Eulen para el centro de Ceuta que será su facultad: “Participación activa disuasoria y, en su caso, reductora y de contención en cualquier incidencia, altercado o conflicto de carácter individual o colectivo, realizando los cometidos propios encomendados a los vigilantes en la Ley de Seguridad Privada. Asumir cualesquiera otras funciones que, dentro de su categoría, se encomienden a los vigilantes y especialmente los cometidos que se les asignen en caso de alarma o evacuación”, a lo que se añade en el punto 2.1.12: “Dar aviso y solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando las circunstancias requieran su presencia o intervención y prestar a los mismos toda la colaboración que sea necesaria, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes”.

Es decir, toda la seguridad en primera instancia de un punto tan conflictivo como el CETI de Ceuta se encomienda a una empresa privada, que ha ganado el concurso por ofrecer la oferta económica más baja que tendrá su reflejo en el salario de su personal, y que acaba de mostrar su ineficacia en la gestión de un conflicto laboral en un lugar menos conflictivo como el Aeropuerto del Prat.

Cofinanciado por la Unión Europea

Este servicio no sólo lo paga el Ministerio de Empleo. Está cofinanciado por la Unión Europea, en concreto, por el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Hasta 2020, esta ayuda repartirá 3.137,42 millones de euros entre todos los Estados Miembros de la Unión Europea con el objetivo general de promover la eficacia de la gestión de los flujos migratorios, así como el fortalecimiento y desarrollo de una política común en materia de asilo e inmigración.

¿Qué ocurrirá si dentro de unos meses los trabajadores realizan una huelga? ¿Qué hará el Gobierno tras ceder un servicio a una empresa en entredicho como Eulen? ¿Qué dirá a la Unión Europea que cofinancia este servicio? Si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en el Aeropuerto barcelonés este mes de agosto seguramente vuelva la Guardia Civil al rescate de una situación que ha generado el propio Ejecutivo al subcontratar la seguridad de un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes a una empresa privada con el criterio principal de ser la más barata. Que empeño en externalizar servicios básicos para nuestra seguridad. ¿Por qué será?