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El Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma de Mallorca ya indaga por ello al presidente autonómico de Baleares Jose Ramón Bauzá

La Justicia investiga por presunta malversación a destacados políticos que utilizan los servicios jurídicos públicos para la defensa de sus intereses personales

Noviembre 14, 2013

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Como consecuencia de ello, el PSOE formuló ayer una pregunta parlamentaria sobre “el caso de tres presidentes de Comunidades Autónomas formalmente acusados de malversar los servicios jurídicos institucionales para solicitar indemnizaciones en defensa de su honor supuestamente vulnerado”

Una de las investigadas es la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que, según una denuncia, utilizó los servicios jurídicos de su Comunidad para actuar contra Greenpeace en una demanda contra su honor y el de su marido, Ignacio López del Hierro

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La Justicia investiga a destacados políticos españoles por la utilización de los servicios jurídicos públicos, así como también de los recursos públicos (se ahorran las tasas procesales), para la interposición de demandas en defensa de intereses personales, particulares y privados, que nada tienen que ver con el cargo político que desempeñan. “El honor es una cuestión personal de su integrante…y la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma lo que posee es prestigio y autoridad moral” y no honor, así reza un auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma de Mallorca, al que ha tenido acceso Extraconfidencial.com. Este Juzgado hacomenzado por ello a investigar al presidente autonómico balear, José Ramón Bauzá, por una presunta utilización indebida de los servicios jurídicos del Govern para la defensa de su honor y por ello por una presunta malversación de fondos y recursos públicos.

Esta investigación ha salido a la luz a raíz de una “acción personalísima a favor de su honor” que realizó el presidente autonómico balear del PP, José Ramón Bauzá, contra el secretario general del sindicato UGT en Baleares, Lorenzo Bravo. Éste llamó al presidente Bauzáfascista” y “prepotente” entre otros calificativos. Bauzá entendió que había sufrido una vulneración del derecho al honor e interpuso una demanda, que finalmente no fue considerada como tal a que la Jurisprudencia entendió que no tenía lugar primando la libertad de expresión. Para interponer esta demanda fallida Bauzá utilizó los servicios jurídicos de su Gobierno, con lo que ahora la Justicia investiga si hubo una presunta malversación de fondos y recursos públicos a través de una querella interpuesta contra el presidente balear del PP en este Juzgado palmesano.

El honor, “una cuestión personalísima

Según se indica en el punto sexto del Auto de 24 de octubre de 2013 (diligencias previas 3543/2013): “Éste (Bauzá), utilizó indebidamente los servicios jurídicos de la Comunitat, complementando el anterior razonamiento por la circunstancia de que el honor es de carácter personalísimo, la acción civil que se interpuso no era para restaurar el honor de la Presidencia del Govern de la Comunitat Autónoma que ya se ha explicado que la misma lo que posee es prestigio y autoridad moral, pero el honor es cuestión personal de su integrante, que además en este caso no fue vulnerado. Por lo anterior se entiende que de principio procede investigar en esta fase de diligencias previas la realidad del hecho y el alcance jurídico de lo expuesto en el escrito de querella en relación al Sr. Bauzá.”

Son ya tres los presidentes de Comunidades Autónomas investigados o denunciados ante la Justicia por ello: Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha. En relación a esta última Comunidad Autónoma, presidida por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, este periódico se ha hecho con otra denuncia interpuesta contra su persona por el mismo motivo: la utilización de los servicios jurídicos públicos, así como también de los recursos públicos, para la interposición de demandas en defensa de intereses personales, particulares y privados, que nada tienen que ver con el cargo político que desempeña.

De Cospedal, otra vez en el ojo del huracán

Esta denuncia contra Cospedal, que obra en poder de Extraconfidencial.com, se ha interpuesto ante los Juzgados correspondientes y ha sido presentada por la empresa de servicios técnicos  de  ingeniería  y  arquitectura  Cooperación  Internacional  en  Tecnologías Avanzadas (CITA). Estos mismos denunciantes presentaron también una querella similar en junio de 2013, por hechos jurídicamente muy semejantes, contra el letrado director de los servicios jurídicos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Juan Manuel del Valle, que ya ha sido admitida a trámite.

La demanda indica que “María  Dolores  de  Cospedal García,  actual  presidenta  de  la  Junta  de  Comunidades  de Castilla La Mancha (JCCM), presentó una demanda de juicio ordinario por su honor ( aunque  parece que  también  por  el  de  su  marido),  contra  Greenpeace  España  utilizando  servicios  jurídicos institucionales  de  la  JCCM….Los aquí denunciantes han tenido conocimiento de que la demanda fue firmada por el letrado institucional empleado público”.

El PSOE pregunta a Rajoy

La gravedad de la situación es tal que en el día de ayer los diputados socialistas de Baleares, Sofía Hernanz Costa, Guillem García Gasulla y Pablo Martín Peré, instaron al Gobierno de Mariano Rajoy una pregunta parlamentaria  sobre la presunta malversación de recursos públicos por parte de tres presidentes autonómicos que los utilizan para defender sus intereses particulares.

La pregunta dice así: “Actualmente hay tres presidentes de Comunidades Autónomas formalmente acusados de malversar los servicios jurídicos institucionales para solicitar indemnizaciones en defensa de su honor supuestamente vulnerado. En las Illes Balears se ha admitido incluso a trámite una querella por malversación de caudales públicos contra el Presidente José Ramón Bauzá. ¿Qué opinión tiene el gobierno sobre la utilización de recursos públicos para la interposición de demandas en defensa de intereses personales, particulares y privados que están llevando a cabo los citados presidentes?”.

Pero la importancia del hecho, no radica solo en el caso de tres presidentes autonómicos del PP. La realidad es que muchos políticos y presidentes de organismos públicos utilizan a sus servicios jurídicos; es decir, a los funcionarios públicos (tal como abogados del Estado), y que pagamos todos, para la interposición de demandas en defensa de intereses personales, particulares y privados, que nada tienen que ver con el cargo político que desempeñan. Y como dice la Justicia el cargo de presidente posee “prestigio y autoridad moral”, pero no honor, que es una cuestión personalísima.

Juan Luis Galiacho