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Plan Integral de Empleo de Andalucía. Bahía de Cádiz

La Junta de Andalucía utilizó 16 millones de euros destinados para la creación de empleo en pagar prestaciones

Marzo 14, 2012

Si el paro es el gran problema de España en la provincia de Cádiz lo es más, un auténtico drama. Esta provincia cerró el 2011 con una tasa del 35,55%, la más alta de España. Y no sólo es, estando sólo detrás de dos regiones francesas de ultramar, es la tercera más alta de la Unión Europea. Y este problema no sólo ha venido derivado de la crisis actual que desde luego le ha agravado sino que el cierre de empresas en toda la zona de bahía de Cádiz ya empezó unos años antes.

Por ello, dentro de las ayudas para políticas activas de empleo en los años 2008 y 2009 que concedía el Servicio Público de Empleo Estatal concedió una de las cinco subvenciones a la zona, denominándola “Plan Integral de Empleo de Andalucía. Bahía de Cádiz”  que fue financiada con cargo al presupuesto por importe de 25,32 millones de euros, en cada uno de los dos ejercicios.

Así, de acuerdo con el convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Junta de Andalucía firmado el 5 de diciembre de 2008,  se estableció como objetivo establecer el marco de colaboración para el desarrollo de medidas que favorezcan la cualificación del capital humano y su inserción laboral, así como medidas de carácter social para los trabajadores con mayores dificultades de inserción.

Así, entre las actuaciones concretas a desarrollar en este marco de colaboración se establecía la concesión de acciones de carácter social, garantes de un nivel mínimo de ingresos, para aquellos trabajadores que, teniendo al menos cumplidos 53 años de edad, presentasen mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad.

Desvió de fondos y falta de información

Pero la realidad, tal y como ha afirmado el Tribunal de Cuentas fue muy distinta. Mientras que las actuaciones a desarrollar debían destinarse exclusivamente a políticas activas de empleo, comprendieron finalmente tanto estas actividades como otras que nada se parecen, ya que  buena parte fue a parar a prestaciones económicas por desempleo, a través de las denominadas acciones de carácter social.

Esto ya es de por si grave, ya que en lugar de fomentar la inserción laboral se parcheaba con prestaciones, pero lo es más el desconocer el destino final. Y es que entre los años 2008 y 2009 los compromisos de crédito reconocidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, en concepto de acciones de carácter social, ascendieron a 16 millones de euros, sin que la documentación justificativa aportada, haya permitido determinar el carácter específico de estas acciones, así como el colectivo de personas afectadas por las mismas, impidiendo con ello comprobar si los recursos asignados en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal fueron destinados a los fines recogidos en el convenio de colaboración suscrito.

Necesidad de mayor control

Ahora, en 2012 salta esta falta de control de los ejercicios 2008 y 2009 por el que el Tribunal de Cuentas, pide al Servicio Público de Empleo Estatal que revise las acciones de carácter social financiadas mediante estas subvenciones concedidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, por estos 16 millones de euros. Pero esto no es lo peor, el convenio fue renovado en 2010, lo que nos podrá deparar sorpresas desagradables en el futuro.