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Tras ser desvelado en enero su incapacidad para justificar ayudas por valor de 45 millones de euros

La Junta de Andalucía otorgó cerca de 200.000 ayudas sin ningún plan estratégico transgrediendo la Ley General de Subvenciones

Marzo 27, 2013

Debido a esta anomalía el control interno se ve enmarañado por problemas de localización y duplicidad de documentación
El 15% del importe de las ayudas analizadas fue otorgado a través de concesión directa sin cumplir los requisitos necesarios para ello

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La Junta de Andalucía de José Antonio Griñán tiene su talón de Aquiles en las ayudas y subvenciones. Hace apenas un mes extraconfidencial.com se hacía eco del informe de la Cámara de Cuentas del que se extrapolaba la incapacidad del gobierno autonómico para justificar los gastos de las ayudas a la formación de empleo por valor de 45 millones de euros. Ahora, la misma cámara viene de hacer público el informe de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro respecto a los perceptores del segmento comprendido entre 0,03 a 0,1 millones de euros durante el ejercicio de 2008. A pesar del gran volumen de subvenciones otorgadas en el ejercicio de 2008 -la base de datos de subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge para el ejercicio 2008 un total de 194.985 registros- la Junta no contaba con ningún plan estratégico de subvenciones de acuerdo a lo recogido en la Ley General de Subvenciones. Lo que hacía el gobierno autonómico era dibujar algunos planes sectoriales que sirvieran de paraguas para las ayudas. No obstante, la mayoría de subvenciones concedidas “no se podían considerar incardinadas en ningún plan o programa sectorial”. Este desbarajuste en la concesión de subvenciones ha provocado “deficiencias en el ámbito del control interno” como las diferentes localizaciones de la documentación y la duplicidad en la documentación de carácter general. Los problemas derivados de la cumplimentación y el archivo de la documentación bien podrían ser subsanados a través de “la implantación de manera progresiva de las nuevas tecnologías en la concesión de los diferentes programas de ayudas y subvenciones que suponen una gran mejora en el ámbito del control interno”, programas de los que entendemos carece la Junta de Andalucía.

Uno de los requisitos básicos expuesto por la normativa de subvenciones es el que exige “destinar los bienes inventariables al fin concreto para el que se concedió la subvención”. En la Junta de Andalucía, “salvo algún caso concreto, no existen procedimientos normalizados de verificación y control del cumplimiento de estas obligaciones”.

Concesión directa y competitiva

Cerca del 15% (13,59%) del importe total de las ayudas concedidas a los preceptores analizados “tienen expedientes con subvenciones concedidas de forma directa”. No obstante esta forma de subvención tiene unas características específicas que la determinan y que no en todos los casos se cumplen en las otorgadas por la Junta de Andalucía. En el decreto donde se detallan normas especiales para las subvenciones y ayudas públicas excepcionales, se establece que cuando se tramite una subvención de este tipo “se acreditará la finalidad pública o las razones de interés social o económico, así como la inexistencia de bases reguladoras específicas a la que pueda acogerse”. Por otro lado, en la Ley General de Subvenciones, también se hace referencia a la necesidad de que haya una razón “de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas”, pero esta norma exige que, además, dicha causa o motivo “dificulte su convocatoria pública”. En la práctica totalidad de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía en régimen de concesión directa “se hace constar una razón o motivo que justifica la concesión directa”. Sin embargo, en los expedientes de este tipo que se han fiscalizado no se hace constar si dicha razón o motivo dificulta la convocatoria pública. He aquí el quid de la cuestión, ¿evita la concurrencia competitiva la Junta de Andalucía para poder asignar las subvenciones de forma directa y a través de la dedocracia?

Por si esto fuera poco, cuando la convocatoria pública se abre y se permite la concurrencia competitiva, la valoración de las solicitudes queda supeditada a varias irregularidades que hacen intuir un trato de preferencia hacia algunos candidatos. Las bases reguladoras establecen unos criterios conforme a los cuales baremar las solicitudes. En alguna de las subvenciones analizadas “no consta ningún documento o acta de valoración”, en otras “constan las puntuaciones totales obtenidas por cada expediente baremado, pero por lo general no contienen el detalle de la puntuación obtenida en cada criterio tomado en consideración”. Demasiados errores como para ser fruto de la casualidad.

Concesiones de subvenciones sin ser publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ayudas que financian obras sin ser aportada la licencia de obra municipal, o reintegros carentes de expediente alguno que acredite su efectividad son otras de las negligencias cometidas por la Junta de Andalucía en tan sólo un aspecto sometido a fiscalización como son las subvenciones. La rectitud debe hacer entrever que no se trata de descuidos, sino de incumplimiento de normativas y vulneración de legislaciones. Unas prácticas que por desgracia tornan cada vez más habituales en cada auditoría que se emite y que siguen siendo permitidas con total impunidad para aquellos que las perpetran a sabiendas, para su propio beneficio y lucro. Una situación que comienza a rayar lo absurdo.  

Jesús Prieto