Menú Portada
El negocio de las funerarias en España (IV)
Tampoco facilitó información al Tribunal de Cuentas

La Junta de Andalucía no inspecciona ni cementerios ni empresas funerarias

Mayo 21, 2009

La Dirección General de Salud Pública y Participación de la Junta de Andalucía remitió dos cuestionarios elaborados por las Delegaciones Provinciales de Salud de Granada y Jaén prácticamente sin cumplimentar

Las Comunidades desconocen el número real de cementerios en su territorio

Casi todas las inspecciones en España se realizan tras una denuncia y pocas de oficio


Elegir un servicio funerario no es una decisión fácil en la que el ciudadano se encuentra en la práctica en una situación de desamparo, condicionado siempre por su estado emocional tras la pérdida de un ser cercano, que provoca que las decisiones económicas no se adopten bajo criterios de estricta racionalidad, la necesaria toma de decisiones en un corto espacio de tiempo, ante las exigencias de la normativa sanitaria o la falta de información generalizada respecto al funcionamiento de las actividades mortuorias provocan que finalmente el ciudadano pague lo que le pidan.

Por todo ello, las Comunidades Autónomas deberían actuar para controlar el no “abuso” de estas empresas, pero la realidad es todo lo contrario, empezando en un desconocimiento exacto de las empresas funerarias y cementerios de su región. Así, la información facilitada por las Comunidades Autónomas en relación al número de cementerios que existen en su territorio por lo general es inferior al que han comunicado las Diputaciones Provinciales o los propios Ayuntamientos.
Empezando por eso, malamente se pueden realizar inspecciones, así algunas Comunidades Autónomas como Aragón, Canarias, Extremadura, La Rioja y Murcia han manifestado la falta de medios para poder realizar visitas de inspección con carácter metódico y periódico y por tanto todas, salvo Castilla y León y Galicia, realizan las inspecciones previa denuncia, no de oficio.

Pero el caso extremo es el de Andalucía que no realiza inspecciones ni ha facilitado la información solicitada por el Tribunal de Cuentas. Así, la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Junta de Andalucía remitió tan solodos cuestionarios parciales elaborados por las Delegaciones Provinciales de Salud de Granada y Jaén prácticamente sin cumplimentar excusándose que según lo establecido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía todas las competencias en materia de servicios funerarios y cementerios son de los Ayuntamiento, aunque, el art. 36 del citado Reglamento reserva para Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud la supervisión del cumplimiento de lo reglamentado, pudiendo ordenar «las visitas de inspección que procedan, con el fin de comprobar el estado sanitario de las instalaciones y el funcionamiento de las empresas y servicios funerarios».

El Gobierno de la Junta de Andalucía de nuevo prefiere ponerse la venda para el enriquecimiento de unos pocos, aunque sea gracias a los peores momentos que pasan las personas.