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Los últimos datos compilados en febrero recogen un ascenso del paro hasta los 1.125.120 desempleados en la Comunidad

La Junta de Andalucía de José Antonio Griñán, incapacitada para justificar los gastos de las Ayudas a la Formación de Empleo por valor de 45 millones de euros

Marzo 5, 2013

Más de 1,5 millones en facturas se encuentran sin especificar debido a su no correspondencia con actividades subvencionables  

Entre las anomalías que revela la Cámara de Cuentas de Andalucía destaca la inexistencia de un sistema informático que gestione este tipo de ayudas

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El paro sube en España tan rápido como el pan. A la misma velocidad vertiginosa que el ascenso de los precios, tras el complicado mes de febrero, la población española activa sin trabajo supera ya la temerosa barrera de los 5 millones. Exactamente, 5.040.222 de desempleados que se cristalizan en un aumento del 7% del paro total desde febrero de 2012. A la vista del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de Fiscalización de las subvenciones concedidas a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía para los años 2008 y 2009, la situación no parece tan acuciante como señalan los datos registrados mes a mes.

Y es que las instituciones del ramo no predican con el ejemplo y las evidencias de su mala gestión se amontonan en el interrogante de la irracionalidad. Las despreocupadas transferencias que el Servicio Andaluz de Empleo realiza a las Escuelas de Formación de su Gobierno Regional agravan la tesitura. Una Comunidad Autónoma en cuidados intensivos respecto a la materia laboral: en el mes de febrero ha sufrido la máxima agudización de la tasa de paro en el territorio nacional con 22.722 nuevos parados –un 2,06% respecto a enero-. En total, la comunidad andaluza presenta la mareante cifra de 1.125.120 desempleados, lo que supone el 22,32% del paro total contabilizado en España.

Un futuro desconocido

El secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes, lamentaba que en la lectura de estas cifras “no se vean ni se atisben” signos de un cambio de tendencia en el ámbito laboral tras más de un año consumido desde la reforma laboral. En el informe del fisco sobre el SAE –institución dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo-, aparecen pruebas suficientes que sí atisban el rumbo deambulador del desempleo andaluz, al menos, lo lejos que parece estar de su óptima versión.

Según éste, “durante los años fiscalizados, 2008 y 2009, los importes totales que se concedieron ascendieron a 23.922.733 euros y a 20.646.023 euros, respectivamente”. Los proyectos de formación para el empleo financian a través de ayudas “tanto las acciones formativas para desempleados y para trabajadores ocupados,como, las becas concedidas a los alumnos, la elaboración de material didáctico, así como las acciones de acompañamiento a la formación”. Sin embargo, a la hora de su aplicación la Orden de 10 de mayo de 2005 “que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo” queda totalmente vulnerada. ¿Qué destino y cómo se reparten esos 45 millones? Según el documento, en la tramitación de las partidas se observa, en unos casos, “falta de concreción e insuficiencia reguladora y, en otros casos, reflejan incoherencias con otras de las estipulaciones que recoge la citada Orden”.

Gastos sin justificación

Quizás el punto más sangrante lo encontramos en el epígrafe de los gastos, la mayoría de los mismos sin avalar ya que “se constata que hay un exceso en los importes concedidos sobre los justificados”. En concreto, figuran un total de 481.819 euros de gastos “en los que no se produce la necesaria coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas”. Según el Informe, el motivo se debe a que “los gastos declarados no responden a gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de la actividad o porque por su naturaleza no son subvencionables”. ¿A qué se destina por tanto ese medio millón de euros?

El caos de los números no acaba aquí ya que también se han encontrado facturas por importe de 146.080 euros que “por diferentes causas, no están debidamente justificadas”, o por otra parte, documentos que alcanzan un total de 734.713 euros “fechados fuera del periodo de elegibilidad”. En resumen, resulta imposible verificar si la mayoría de ayudas salidas del Servicio Andaluz de Empleo responden a la naturaleza de la actividad subvencionada o si se han realizado dentro del plazo de ejecución.

Errores en la instrucción y en los plazos

En la fase de instrucción del procedimiento “se incluyen trámites, como la comparación y la valoración de los proyectos presentados”, primando unas solicitudes sobre otras, una característica tipo del régimen de concurrencia competitiva. La Orden reguladora determina específicamente que el proceso de concesión sea el de concurrencia no competitiva. Además en esta fase instructiva, no se comprueban “que las solicitudes y la documentación complementaria aportada cumplen los requisitos exigidos”; “tampoco se procede a la valoración técnica, de acuerdo con unos criterios establecidos”; y “para la determinación de la cuantía a otorgar, el único parámetro que se utiliza son las disponibilidades presupuestarias, sin considerar ni el cálculo del coste de los proyectos”. Con todo, las resoluciones aprobadas no se adecúan a los procedimientos establecidos, tergiversando los resultados.

En relación a los plazos previstos, la mayoría de los periodos han sido infringidos, sin haberse justificado motivo alguno. Según el dossier, “ninguna de las resoluciones del año 2009-2010, se dictan en el plazo previsto (…) alcanzando una demora media de 93 días”. Además “el SAE no cumple” con algunos de los plazos previstos para hacer efectivos los pagos “existiendo un periodo medio de demora de 202 días para el expediente de 2008 y de 161 días para el del año 2009”.

Ni uno sólo de los expedientes se libra de una gestión incongruente. Según el informe fiscal “todos los expedientes analizados contravienen el artículo 15 de la Orden reguladora, ya que los proyectos formativos se inician, de forma habitual, con anterioridad a la fecha de resolución” sin que conste justificación o autorización alguna. Modificaciones o incrementos en el importe de las diversas acciones y plazo de ejecución; aplicación de criterios básicos, insuficientes o contradictorios; ausencia de funciones y responsabilidades; carencia de informes acreditativos o comprobaciones; o inexistencia de un sistema informático de la gestión de las ayudas, son algunas de las negligencias que impulsan a la Cámara de Cuentas de Andalucía a recomendar “la aprobación de una regulación precisa y clara, que incluya elementos suficientes que permitan el control o revisiones con un mayor nivel de detalle”.

Jesús Prieto