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La Isla de Gran Canaria roza los 100 millones de euros en pérdidas en la red de suministro de agua entre 2007 y 2011 debido a una gestión pésima del Cabildo Insular dirigido en esos años por el PSOE

Abril 27, 2016

Debido a la incompetencia del Consejo Insular de Aguas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llevado a cabo diferentes expedientes sancionadores contra España. En el mismo período de tiempo, el Gobierno de Canarias estaba comandado por Paulino Rivero, de Coalición Canaria

GRA078 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14/08/2014.- El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante la rueda de prensa que ofreció hoy con los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote conel fin de valorar la autorización concedida a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas a 50 kilómetros de ambas islas y en la que ha apremiado a Mariano Rajoy a intervenir en la controversia abierta por las prospecciones, para evitar que el "asunto de más calado" de cinco siglos de historia compartida con España derive en "una ruptura de relaciones institucionales". EFE/Elvira Urquijo A.

Quien  fuere  capaz de resolver los problemas del agua, será merecedor de dos Premios Nobel, uno por la Paz y otro por la Ciencia”. La frase cuenta ya con más de 50 años de vigencia pero su aplicación a la vida real se encuentra más actualizada que nunca. John Fitzgerald Kennedy la pronunció allá por los años 60, poco antes que varios disparos descerrajados en su pecho acabasen con su corta pero intensa vida. Precisamente, en esos años 60 fue cuando se hizo más real la amenaza de la gestión del agua y la conversión del estrés hídrico en un motivo más para la eclosión de nuevos conflictos internacionales. Para muestra, en 1967 tras la Guerra de los Seis Días entre Israel y Palestina, el Estado judío declaró de su propiedad todos los recursos hídricos, los abastecimientos del Río Jordán e incluso los  acuíferos de las localidades de Gaza y Cisjordania. El resto de la historia entre los dos pueblos es conocida por todos y la virulencia que toman sus enfrentamientos no hace más que recrudecerse año tras año contando ya a sus espaldas con más de 52.000 muertes.

No llega a esa dimensión, pero en España el estrés hídrico también supone un grave problema. Sobre todo en zonas donde el agua es tan sumamente importante como en las Islas Canarias. El Tribunal de Cuentas lo pone de relieve en su Informe de Fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias -periodo 2007-2011-, centrado en la Isla de Gran Canaria, cuando gobernaba en Canarias el partido Coalición Canaria en la figura de Paulino Rivero y el PSOE se encontraba al mando del Cabildo Insular de Gran Canaria a través de José Miguel Pérez García.

Modificación del Plan Hidrológico que no se llevó a cabo

Uno de los mayores problemas que presenta Gran Canaria en la gestión de su agua se establece en el incumplimiento de la regulación. La aprobación de la Directiva Marco del Agua y su transposición al ordenamiento español hacía precisas adaptaciones en el ámbito de la Isla de Gran Canaria, debiendo realizarse antes del 2009 una modificación del Plan Hidrológico que no se llevó a cabo. Este incumplimiento derivó en un procedimiento sancionador a España con sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2012, que estableció que si en un plazo inmediato no se le daba cumplimiento, se impondrían sanciones.

El nuevo Plan Hidrológico de Gran Canaria se encontraba, en enero de 2016, en fase de tramitación, pendiente de aprobación por el Cabildo Insular. El retraso en la elaboración del Plan implica un incumplimiento de las competencias atribuidas al Consejo Insular de Aguas (CIA).

Pero el incumplimiento de la regulación no solo afecta a las administraciones públicas, sino también al consumidor, principal damnificado. Sin ir más lejos, debido a la no regulación de precios máximos del agua y su transporte, en la Isla de Gran Canaria el establecimiento del precio del agua varía en función de su origen ocasionando fuertes fluctuaciones. En relación con el agua subterránea, el precio del agua se determina en el mercado existente en la Isla, abonándose por las adquisiciones de agua las cuantías definidas en función de la oferta y la demanda en cada momento. En el suministro de agua desalada, el precio del agua se determina, a partir del coste de su producción y distribución, por los gestores de los complejos de desalación de titularidad pública y privada existentes en la Isla. Todo ello contribuye a un panorama de inestabilidad e indeterminación que hace flaquear todavía más al sistema del agua en Canarias.

Durante el período fiscalizado, además de hallar numerosas deficiencias en muchos de los contratos establecidos por el CIA en Gran Canaria, se han detectado bastantes errores en las concesiones para el aprovechamiento del agua concedidas. Once de las estaciones desaladoras existentes en la Isla no constaban inscritas. Respecto a las obras para el aprovechamiento hidráulico, se produjo una demora de casi cuatro años en la justificación por el propietario ante el CIA de la realización de dichas obras autorizadas, aunque el Consejo Insular del Agua no tramitó expediente sancionador. Además, las obras de ampliación del caudal de una instalación de desalación de agua de mar supusieron un incremento de la capacidad total de producción de la instalación, que hubiese requerido la tramitación de un acto concesional complementario al de la concesión administrativa inicial, que no se realizó.

Pérdidas de 100 millones

Con todo esto, resulta paradójico contemplar que mal gestionadas son las obras realizadas en el sistema del agua y en los contratos firmados a la vista de uno de los mayores problemas del CIA en Canarias: las pérdidas habidas en la red de suministro motivadas por deterioro y averías en las redes de distribución y demás equipamiento necesario para la prestación del servicio, de las que pudieran tener origen en fraudes por acoples ilegales, manipulación de contadores u otros.

El porcentaje de pérdidas sobre el total de agua producida y adquirida ascendió al 29,93% de media para los cinco años en los núcleos de población de Agüimes con gestión directa del servicio con un coste calculado para dichas pérdidas de 5.458.472,08 euros. En los dos años en los que la prestación en Arucas también se llevó a cabo mediante gestión directa, el porcentaje de pérdidas fue del 57,21% con un coste de 3.911.595,56 euros. En Mogán, en los núcleos de población con esta forma de prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, el porcentaje de las pérdidas ascendió al 20% del total del agua producida y adquirida, con un coste de 979.625,67 euros. En Las Palmas de Gran Canaria, el porcentaje de las pérdidas sobre el total de agua, registrado por la empresa mixta prestadora del servicio, fue de 16,67%, con un coste para el conjunto de los cinco años de 37.110.694,28 euros. En Telde, el porcentaje de pérdidas ascendió al 21,19% del agua total, con un coste calculado de 11.246.781,39 euros. Por lo tanto, en total, hablaríamos de 58.707.168,98 de euros de pérdidas en lo que a la gestión directa del agua se refiere.

En los municipios o núcleos de municipios en los que el abastecimiento de agua se realizó mediante concesión o concierto del servicio, los porcentajes de pérdidas y sus costes calculados fueron los siguientes: en Agüimes las pérdidas fueron el 6,65% del total de agua adquirida, con un coste de 328.089,74 euros; en Arucas, el 46,57% con un coste de 5.996.781,27 euros; en Ingenio, se perdió el 21,03% del agua producida y adquirida, con un coste de 2.891.398,52 euros; en San Bartolomé de Tirajana el porcentaje de las pérdidas fue del 19,13% con un coste de 25.502.949,94 euros; en Santa Brígida las pérdidas fueron el 21,89% del total de agua adquirida, con un coste de 2.259.711,08 euros y en Santa María de Guía el porcentaje de pérdidas fue del 32,48% del total de agua adquirida con un coste de 2.148.742,46 euros. En este caso hablaríamos en total de 39.127.673,01 de euros en pérdidas en los abastecimientos de agua mediante concesión, que, sumados a los anteriores, rozan la friolera de 100 millones de  euros en pérdidas en lo que a la gestión de agua se refiere en la Isla de Gran Canaria (97.834.841,99 euros).

Doinel Castro