Menú Portada
La clave podría estar en el Consejo de Administración de Reyal Urbis

La garganta profunda del caso Bono, que investiga quién fue su delator

Junio 15, 2010

El PSOE utiliza el escándalo como una maniobra de distracción ante los graves problemas que atraviesa España

pq__bono_congreso.jpg

Lo del patrimonio del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, parece la historia interminable. Sino todos los días, sí todas semanas se conoce un nuevo dato de sus aventuras empresariales e inmobiliarias y las de su familia. Pero un hecho es cierto: ni el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido -a petición del PP-, ni el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero –que fue quien le designo para tan alto cargo-, han adoptado iniciativa alguna en su contra. Quizás sea que el secretario general del PSOE ha encontrado en Bono una beta inagotable para desviar la atención sobre los problemas que acucian cada vez más a nuestro país.
 
Y para alargar la historia de unos bienes casi ya incalculables se ha empezado a especular sobre quién podría ser la fuente de información que hizo estallar el escándalo. Recientemente, Luis María Ansón, en su columna del diario El Mundo, aventuraba que Dolores González de Cospedal, candidata a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha por el Partido Popular, podría ser el artífice de la maniobra informativa y mediática. Pues si fuera, así flaco favor le ha hecho a su partido si con ello ha desviado la atención de la mayoría de los medios de comunicación. 

El Consejo, todo un elenco
 
Lo cierto es que pocos se han detenido a analizar quiénes integran el Consejo de Administración de la constructora Reyal Urbis, una de las empresas que más y mejor favoreció, supuestamente, a José Bono. Estos son sus integrantes: Presidente, Rafael Santamaría Trigo; vicepresidentes, Inmobiliaria Lualca, S.L. (representada por Luis Canales Burguillo) y S.A.R. D. Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón-Parma; como consejeros Ángel Luis Cuervo Juan, Emilio Novela Berlín, BQ Finanzas, S.L. (representada por Francisco Javier Porras Díaz), José Antonio Ruiz García, José María Álvarez del Manzano y López del Hierro y la Corporación Financiera Issos, S.L. (representada por Miguel Boyer Salvador). Y, por último, como secretario no consejero, Juan Carlos Salas Lamamie de Clairac.
 
Todo un elenco. La amistad y complicidad en los negocios de Bono y del presidente Santamaría Trigo, descarta a éste último como presunto delator. Pero dos figuras emergen entre el resto: José María Álvarez del Manzano, presidente de IFEMA y ex alcalde Madrid, y Miguel Boyer, ex ministro de Economía con Felipe González y directivo de renombradas empresas de este país. Los dos tendrían sus razones partidistas para alumbrar este escándalo informativo. Y si alguno hubiera sido habría que agradecérselo por la transparencia informativa y la salud democrática de España. Pero seguro que uno de los fue. Sabían que con lanzar la primera piedra todo lo demás saldría a la luz.
 
Lo que sucede es que, quizás, ninguno de los dos sea consciente que donde las dan, las toman. Y no hay que olvidar que José Bono fue ministro de Defensa y bajo su control estuvo el CESID, hoy CNI. Y por ahí van las pistas que sigue el hasta ahora presidente del Congreso de los Diputados.