Menú Portada
LA CONNIVENCIA ENTRE ADMINISTRACIÓN Y EMPRESAS: EL FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN (I)
La ejecución de las acciones la realizaban las propias organizaciones de la Fundación o bien empresas asociadas y vinculadas

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, adscrita al Ministerio de Fátima Báñez, se adjudicó a sí misma más de un 75% del importe de los cursos de formación de 2010

Noviembre 18, 2014

A través de estas prácticas se vulneran indiscriminadamente los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad promulgados en la Ley General de Subvenciones 
A pesar de ser la subcontratación una figura excepcional -siendo la subvención una “obligación personal de la entidad beneficiaria”-, los cursos de 2010 fueron subcontratados en unos porcentajes del 95% y 85%
Tan solo 398 alumnos efectuaron un total de 6.068 acciones formativas, llegando algunas personas a realizar más de 50 cursos formativos con cargo a la misma convocatoria


“El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, debería adoptar las medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de los principios de concurrencia, transparencia, objetividad e igualdad, inspiradores de la gestión de las subvenciones públicas en el procedimiento de planificación, solicitud, concesión y ejecución de los planes de formación, dentro del subsistema de formación profesional para el empleo”. Con esta recomendación, seguida de otras cuatro, concluye el Informe de Fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en relación con el subsistema de Formación Profesional para el empleo en materia de formación de oferta. Esta recomendación viene adherida a otras en las que se reclama a la ministra que nunca ha cotizado en empresa alguna, Fátima Báñez, el cumplimiento de la Ley; el impulso de medidas para velar por el cumplimiento de los principios de transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos evitando con ello la adjudicación directa de una cuantía significativa de la subvención concedida; facilitar el control de la formación realizada por todos los trabajadores a lo largo de su carrera profesional; y elaborar un plan estratégico en materia de evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del subsistema de formación profesional.

Atendiendo a las exigencias que el Tribunal de Cuentas demanda al ministerio de Empleo y Seguridad Social, no cabe la menor duda que en España existe un problema con la licitación, la adjudicación, la impartición y la rendición de cuentas que atañe a los cursos de formación. Todo parece comenzar en enero de este año, cuando la Cámara de Cuentas publicó un Informe en el que aseguraba haber detectado irregularidades en la gestión de los fondos públicos destinados a los cursos de formación de la Junta de Andalucía en los años 2009 y 2010 donde se alertaba que las subvenciones se instrumentaban a través de convenios de colaboración, abonándose por el importe total sin necesidad de justificación previa (una negligencia similar a la segunda reclamación del Tribunal de Cuentas expuesta líneas arriba). Debido a estas informaciones y a las investigaciones de la juez Mercedes Alaya, la relación idílica que durante muchos años mantuvieron UGT y PSOE en la Comunidad andaluza se dinamitó hasta el punto de que la Junta presidida por Susana Díaz  ha reclamado al sindicato 15,3 millones de euros por ayudas sin justificar y ha abierto 41 expedientes en los casos de los cursos de formación. En Andalucía se le ha puesto el cascabel al gato, pero la concatenación de nuevos casos muestra que esto es solo la punta del iceberg.

Una fórmula perfecta para un circuito cerrado

El Tribunal de Cuentas advierte ahora de un sistema viciado y adulterado: “las funciones asignadas a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el proceso de concesión de estas subvenciones públicas no garantizan los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad promulgados en el articulo 8.3 de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, puesto que limitan el acceso a dichas subvenciones a otras organizaciones empresariales o sindicales que no pertenecen al Patronato de la mencionada Fundación e imposibilitan el acceso a otras entidades capacitadas para la ejecución de estos planes de formación”. Esto quiere decir que las subvenciones otorgadas por la Fundación Tripartita -fundación estatal española encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de Formación Profesional, en el ámbito del empleo y las relaciones laborales-, se quedan en la Fundación Tripartita siendo repartidas éstas entre las organizaciones que participan en su patronato:  los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Confederación Intersindical Galega (CIG); las asociaciones empresariales Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME); y la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Las denuncias halladas en el Informe del Tribunal de Cuentas hacia este sistema endogámico son múltiples. Para empezar, se critica que el órgano colegiado encargado de emitir el informe de evaluación que fundamenta la propuesta de concesión de las subvenciones está compuesto, en su gran mayoría, por los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales miembros del Patronato de la Fundación Tripartita “incumpliendo con ello los principios de transparencia y objetividad”. Así, en 2010 -de acuerdo con los convenios formalizados, entre la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y las entidades beneficiarias-, sobre un importe total concedido de más de 400 millones de euros (412.347.245 euros), un 26,15% sería ejecutado por entidades asociadas a dichas organizaciones empresariales y sindicales, mientras que un 49,28% sería desarrollado mediante la subcontratación de las actividades formativas, sin conocer las cifras de actividades formativas subcontratadas que no se recogen los convenios. En total, 75,43% del importe de los cursos impartidos sería reingresado por las asociaciones beneficiarias, por sus asociadas o subcontratado por éstas mismas.

El patronato de la Fundación Tripartita: un frontón

Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal y miembros del Patronato de la Fundación Tripartita fueron las que recibieron las subvenciones públicas destinadas a la financiación de las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación (o entidades asociadas), siendo estas juez y parte del proceso. De este modo oportunista y nepotista se vulnera claramente “el principio de eficiencia en la utilización de los recursos públicos recogido en el artículo 8.3 de la citada Ley General de Subvenciones, teniendo en cuenta que con este proceder se incrementaron los costes asociados de estas subvenciones con motivo de la financiación de actividades complementarias a la formación”.

Ante el análisis del Tribunal de Cuentas, es imposible justificar la excesiva subcontratación de la actividad subvencionada en favor de determinadas empresas que prestaban sus servicios a las entidades beneficiarias a lo largo de las diferentes convocatorias. Según la Ley General de Subvenciones: “La subvención constituye una obligación personal de la entidad beneficiaria, teniendo un carácter excepcional la subcontratación de la misma”.

Haciendo caso omiso a estas instrucciones, el Tribunal de Cuentas ha detectado un elevado porcentaje de subcontratación de la actividad subvencionada, muy superior al establecido en la Ley. Estos elevados porcentajes de subcontratación (95% y 85%, en función del tipo de acción) para el año 2010, resultan difícilmente justificables. En 227 convenios (el 75,6% de los 300 convenios formalizados en 2010) el porcentaje de subcontratación superó el 50% establecido. Además, en 76 convenios (el 25,3% de los formalizados) se ha subcontratado la totalidad de la subvención concedida. Además, estas subcontrataciones se limitaban a meras solicitudes y su posterior autorización por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal subvenciones, sin la exigencia de ningún requisito adicional.

Planes de formación que no forman

Bien por exceso o bien por defecto, la convocatoria de los cursos de formación dispuesta por la Fundación Tripartita no ha conseguido alcanzar sus objetivos propuestos. En primer lugar, esta formación profesional no ha llegado al suficiente colectivo deseado debido a la elevada multiparticipación. Tan solo 398 alumnos efectuaron un total de 6.068 acciones formativas, llegando algunas personas a realizar más de 50 cursos formativos con cargo a la misma convocatoria.

Por otro lado, el grado de satisfacción ha sido paupérrimo, tanto en lo administrativo (diez participantes declararon no haber realizado un total de catorce acciones formativas que fueron abonadas y un alumno abonó una contraprestación económica por la realización de un total de ocho acciones formativas) como en lo educativo (en 163 acciones formativas, los alumnos participantes manifestaron que dichas acciones no les resultaron de utilidad en su desarrollo profesional y laboral). Todo ello muestra una preocupante falta de seguimiento y control.

Casi 9 millones de euros (8.951.958 euros) fue el coste de las acciones formativas destinadas a alumnos que en realidad eran trabajadores de las entidades beneficiarias de las ayudas o vinculadas a éstas, lo que alerta de la peligrosa retroalimentación de estos programas. En concreto, 1.039 trabajadores de las propias entidades beneficiarias (747.697 euros), 21.439 trabajadores de las entidades asociadas a las beneficiarias (3.844.891 euros), 9.131 trabajadores de entidades vinculadas (2.389.281 euros) y 12.098 trabajadores de las empresas privadas impartidoras de los cursos (1.970.089 euros) se vieron beneficiados y participaron en las acciones formativas desarrolladas por las entidades beneficiarias. Además, en un total de 7.776 grupos formativos impartidos, todos los participantes en cada uno de estos grupos pertenecían a la misma empresa, estimándose su coste en 31.432.320 euros.

Incorrecciones también en lo económico

Una vez terminada la Fiscalización del Tribunal de Cuentas -28 de febrero de 2014-, 22 planes de formación del año 2010 por valor de 68.849.269 euros se encontraban pendientes de liquidación. Asimismo, aún no se habían iniciado los trabajos de revisión de la documentación técnico-económica de los planes de formación desarrollados con cargo a la convocatoria del año 2011, generando un riesgo de prescripción.

En dicha fecha, el único Plan de evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del subsistema de formación profesional aprobado se limitó básicamente a analizar la información contenida en los cuestionarios de satisfacción cumplimentados por los alumnos asistentes a las acciones formativas, sin efectuar un verdadero análisis del impacto de dichas acciones formativas en las empresas.  

El elevado porcentaje de los costes presentados por las entidades beneficiarias en la justificación de estas subvenciones constatado y aceptado por la Fundación Tripartita, no viene motivada por un elevado grado de cumplimiento de las condiciones recogidas en la concesión de las subvenciones, sino que responde más a insuficientes actuaciones de seguimiento y control a desarrollar por el Servicio Público de Empleo Estatal, así como a las limitadas revisiones efectuadas por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo sobre las cuentas justificativas presentadas por las entidades beneficiarias.