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LA HERENCIA DEL EX RECTOR BERZOSA (I)
En su asesoría jurídica trabaja la mujer de José Blanco, Ana Mourenza

La Fundación General de la Universidad Complutense obstaculizó la fiscalización de sus cuentas

Marzo 27, 2011

Anda la Universidad Complutense de Madrid muy alterada los últimos meses y no precisamente por las elecciones a Rector que se celebrarán el próximo día 2 de abril. Que si la profanación de la Capilla del Centro Universitario; que si los actos de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón; que si los programas educativos y económicos de los distintos aspirantes; que si el doctorado Honoris Causa del actor José Luis Gómez… Pero lo mejor de todo, las palabras del hasta hace poco Rector de la UCM, Carlos Berzosa, en su despedida: “Me queda poco para ser rector, me voy con la cabeza alta y con la dignidad que me proporciona haber cumplido y haber estado al servicio de algo a lo que me he dedicado toda mi vida. Hay quien quiere empañar mi gestión, pero será como cuando se empañan las gafas o las ventanillas de los coches, se limpiarán y se verán los 20 años limpios de esta gestión, los empañados se limpian con un simple trapo”.

Pero menuda herencia, sobre todo económica, que deja Berzosa a su sucesor que saldrá de estos seis candidatos: Patxi Aldecoa, Carlos Andradas, José Carillo, José Iturmendi, Luis Perdices y Jesús Sánchez Lobatoque que buscan dirigir la mayor universidad madrileña y una de las más famosas, incluso ahora por motivos no educativos. Es que si algo ha conseguido el ex Rector es que la Universidad Complutense de Madrid esté en boca de todos. Aunque en sólo la de algunos por su gestión económica, plagada de graves irregularidades tanto en la Universidad como en la Fundación General de la Universidad Complutense.

Falta de transparencia y colaboración

La Fundación Complutense es una institución sin ánimo de lucro que se constituyó inicialmente en 1984 como resultado de la fusión de otras 18 Fundaciones del entorno de la UCM. Esta recoge los objetivos de una institución típicamente universitaria, cooperando en el cumplimiento de los fines propios de la Universidad Complutense y contribuir a la mejora de la transmisión del conocimiento, la investigación y la formación humana integral.

Si de esto cabría pensar que estamos hablando de una entidad transparente, todo lo contrario, como lo atestigua la Cámara de Cuentas de la Comunidad en su Informe de Fiscalización. Esta opacidad no sólo la ha constatado el citado organismo en los resultados de la Fundación, si no, y lo que es peor tratándose de una institución pública, en la falta de colaboración por parte de la Fundación General de la UCM con la propia Cámara, lo que ha condicionado su trabajo e incluso ha llevado a motivar la puesta en marcha de procedimientos de requerimiento de información.

Así por ejemplo, las cuentas anuales de 2008 fueron rendidas a la Cámara el 22 de diciembre de 2009, 12 meses después del cierre del ejercicio y fuera del plazo establecido en la LCC y sin la aprobación del Pleno del Consejo Social de la UCM, requisito que se formalizó un mes más tarde, el 27 de enero de 2010.

Irregularidades Económicas en Inversiones

Pero además de las trabas, la Cámara de Cuentas ha encontrado graves deficiencias en el control de las cuentas, en una institución como la Fundación General de la UCM, cuyo presupuesto del 2008 fue aprobado por el Consejo Social el 13 de marzo de ese año, con un retraso respecto al inicio de su vigencia de más de dos meses. El presupuesto inicial ascendió a 607,2 millones de euros, un 7% más que el del ejercicio anterior, y las modificaciones presupuestarias se elevaron a 53,3 millones, por generaciones de créditos por mayores ingresos e incorporación de remanente. Tan solo en gastos corrientes se incrementó en un 12%, hasta los 32,6 millones de euros, con un déficit de más de 9 millones.

Todo ello contraviniendo, siempre según el citado Informe, los principios básicos de contabilidad como el de devengo (se contabiliza cuando se genera la operación no cuando se paga el gasto o se produce un ingreso), y por la incertidumbre surgida sobre el montante de los derechos reconocidos pendientes de cobro,  en las que se incluyen inversiones no justificadas que procede anular.

Pero entre lo más grave está que en los siete expedientes de contratación fiscalizados, cuyo importe total asciende a 11,22 millones de euros, no hay constancia de la realización del informe de Intervención de fiscalización previa del gasto derivado de la adjudicación del proyecto inicial de obra. Por otra parte, la autorización y disposición del gasto del proyecto modificado por importe de 1,88 millones de la obra de la piscina cubierta de la Almudena no fue registrado en contabilidad.

Asesora jurídica de lujo

En la partida de personal, el gasto se incrementó en un 5,6% con una variación absoluta de 22 millones de euros. Dicha variación responde “al incremento general autorizado del 2% y los incrementos aplicados en concepto de pagas adicionales del complemento específico y en concepto de complemento adicional docente, así como a nuevas retribuciones de funcionarios y laborales resultantes de la incorporación procedente de las oposiciones y de los procesos de promoción interna”.

Dentro de estos procesos seguramente esté Ana Mourenza, esposa del Ministro de Fomento, José Blanco,que comenzó a trabajar en la asesoría jurídica de la Fundación General de la Universidad Complutense,  gracias a un contrato laboral firmado por el entonces gerente de la Universidad Complutense de Madrid, Dionisio Ramos, al que no pocos socialistas señalan como el auténtico cerebro de la operación Tamayo-Sáez.