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Extraconfidencial.com ya adelantó las irregularidades de la UCM en marzo y abril de 2011

La Fundación General de la Universidad Complutense obstaculizó la fiscalización de sus cuentas desde el 2008

Febrero 9, 2012

Adolecía de una falta de documentación de los procesos de contratación que no permite verificar la regularidad y la eficiencia de los mismo

Para intentar adecuar la construcción de vivienda a los fines fundacionales, se incluyeron las promociones inmobiliarias como actividades de interés social dirigidas a la comunidad universitaria


Aunque ha pasado más de medio año desde que dejara su puesto de Rector, la herencia de Carlos Berzosa en la Universidad Complutense promete perseguirle durante mucho tiempo. Ayer el diario “El Mundo” publicaba el resultado del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre la Fundación General de la Universidad Complutense en los años 2009 y 2010 en el que se reclama la apertura de un expediente sobre la gestión de Berzosa y su equipo para depurar responsabilidades. La Cámara de Cuentas reprocha que la Fundación, que maneja dinero público, no lograra justificar el pago de 11,5 millones de euros a las constructoras de una promoción “social” de viviendas en Somosaguas.

Pero las irregularidades de la Universidad Complutense y su Fundación ya fueron sacadas a la luz por este medio el 28 de marzo, 29 de marzo, 5 de abril y 6 de abril del pasado año.  Y especialmente destacaba la Fundación Complutense, una institución sin ánimo de lucro que se constituyó inicialmente en 1984 como resultado de la fusión de otras 18 Fundaciones del entorno de la UCM, que lejos de su objetivo de “contribuir a la mejora de la transmisión del conocimiento, la investigación y la formación humana integral” es todo un ejemplo de malas prácticas.

Una Fundación que tiene una “ilustre” trabajadora, Ana Mourenza, esposa del Ministro de Fomento, José Blanco, que comenzó a trabajar en la asesoría jurídica de la Fundación General de la Universidad Complutense,  gracias a un contrato laboral firmado por el entonces gerente de la Universidad Complutense de Madrid, Dionisio Ramos, al que no pocos socialistas señalan como el auténtico cerebro de la operación Tamayo-Sáez.

Trabas en la presentación de sus cuentas

Las irregularidades comienzan desde la presentación de las cuentas, rendidas el  22 de diciembre de 2009, 12 meses después del cierre del ejercicio y fuera del plazo establecido en la LCC y sin la aprobación del Pleno del Consejo Social de la UCM, requisito que se formalizó un mes más tarde, el 27 de enero de 2010. En ellas se detectaron que en los siete expedientes de contratación fiscalizados, cuyo importe total asciende a 11,22 millones de euros, no hay constancia de la realización del informe de Intervención de fiscalización previa del gasto derivado de la adjudicación del proyecto inicial de obra.

La no utilización de la subasta, acudiéndose al procedimiento negociado o al procedimiento abierto con una gran cantidad de criterios, aunque en la práctica sólo se estimaba el coste. Esto ha generado problemas como los derivados de sobrecostes, que incluso no se introducían las modificaciones en la contabilidad.

Pero no sólo eso, la Fundación adolecía de una falta de documentación de los procesos de contratación que no permite verificar la regularidad y la eficiencia de los mismos, llegando incluso a que en ninguno de los contratos existió publicidad y solamente en uno de ellos, la Fundación promovió la concurrencia en la selección del adjudicatario, es decir se adjudicaba directamente sin tener en cuenta otras ofertas. Y todo ello teniendo como rector a un Catedrático de Economía, como es Carlos Berzosa.

Promoción de lujo, precios ínfimos
 
También se advirtió ya de las irregularidades en las viviendas que la Fundación estaba construyendo. Las trescientas ochenta y cuatro viviendas de la promoción “Residencial de Somosaguas”, situadas en la carretera de Húmera frente al Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, tienen prevista su entrega a mediados de este año, tras una larga espera para muchos adjudicatarios.

Esta promoción de viviendas ha sido desarrollada por la Fundación General de la Universidad Complutense, y están gestionadas por la empresa Madrid Gestión. Aunque la propia Cámara de Cuentas desconoce “la repercusión que la promoción inmobiliaria Somosaguas pueda tener en la situación económica, financiera y patrimonial de la FGUCM” al no haberse entregado en ese momento las viviendas, se calcula que el coste total del suelo asciende a 35.2 millones de euros, mientras que el coste total de la promoción casi alcanza los 135 millones.

La promoción –divida en bloques de cuatro alturas- ofertó pisos de dos a cuatro dormitorios, la gran mayoría es de cuatro dormitorios y  el precio final para los “agraciados” oscilará entre 295.000 y 396.000 euros, casi una cuarta parte de lo que vale una vivienda en la zona, que no dista mucho de la lujosa urbanización “La Finca”, retiro de famosos y futbolistas de élite.

La demanda de esta “ganga” superó la oferta lo que obligo a que en 2001, cuatro años después de que se comprara el solar, se realizara un sorteo, y en 2009, un año después de obtener la licencia se celebrará un nuevo sorteo para las viviendas restantes.

 
Irregularidades y modificaciones estatutarias
Pero estas obras ha supuesto algo más que un “chollo” para unos pocos, también irregularidades para la Fundación General de la Universidad Complutense, empezando por el principio, el tener que modificar sus estatutos para poder realizarla.

Así, el objetivo de la FGUCM consistente en “la realización de programas efectivos de asistencia social a la comunidad universitaria” no estaba establecido en los Estatutos fundacionales. Antes del inicio de las promociones de vivienda a las que se ha dedicado la citada Fundación y con el fin de posibilitarlas, se procedió a la modificación de dichos Estatutos mediante la incorporación de este nuevo objetivo que, sin embargo, como destaca la Cámara de Cuentas “no resulta coherente con la misión de la Fundación, cuya finalidad primordial es cooperar en el cumplimiento de los fines de la UCM, contribuyendo a la mejora de sus prestaciones de transmisión de saberes, investigación y formación”.

Para intentar adecuar esta actividad a los fines fundacionales, se incluyeron las promociones inmobiliarias como actividades de interés social dirigidas a la comunidad universitaria. Sin embargo, el hecho de que la adjudicación de las viviendas se haya realizado también al propio personal de la Fundación, contraviene lo establecido en el objetivo, dado que este personal no puede considerarse integrante de la mencionada comunidad universitaria

Igualmente esta actividad se ha considerada como accesoria, pero en 2008, dada la significación económica que dicha operación tiene en el Balance del ejercicio fiscalizado, que se cifra en un 48,5% del total del activo, ponen de manifiesto que dicha actividad no ha tenido un carácter accesorio sino principal, lo cual no resulta coherente con los fines fundacionales de cooperar al cumplimiento de los objetivos de la UCM, contribuyendo para ello a la mejora de sus prestaciones de transmisión de saberes, investigación y formación.