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EXCLUSIVA: NEGOCIOS ENTORNO AL ALZHÉIMER (XI)
Geronlaw, empresa de la presidenta Blanca Clavijo, ha recibido transferencias directas de sus tutelados por más de 200.000 euros

La Fundación AFAL saca más de un millón de euros a los enfermos tutelados a través de sus empresas intermediarias

Marzo 20, 2014

Respecto a las transferencias dudosas que se vienen denunciando por parte de los familiares de los tutelados, en poder de Extraconfidencial.com obran documentos que demuestran que el volumen de esas operaciones con la propia AFAL y sus sociedades interpuestas supera el millón de euros sin ninguna justificación aparente
Jaime Ostos Junior, marido de Yolanda García Cereceda, acaba de interponer una querella contra La Fundación por "apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento privado y coacciones"


La Fundación AFAL, a través de empresas vinculadas directamente a ella y a su presidenta, Blanca Clavijo Juaneda, ha facturado ingentes cantidades de dinero a sus tutelados, algunos de ellos personas muy mayores, con demencia, incapacitados legalmente por los Juzgados de Madrid e ingresados en residencias sin nadie que se ocupe de ellos, a los cuales ni se los va ver, ni se les lleva ropa, según las denuncias a las que ha tenido acceso Extraconfidencial.com.

Las facturaciones “extras” a los tutelados se hacen a través fundamentalmente de la empresa T4L Tecnología for Living SL, una sociedad cien por cien de AFAL, cuya consejera delegado es Blanca Clavijo y de la que el marido de la presidenta, Rafael Núñez Blázquez, fue copropietario hasta el año 2005, tres años antes de que la Fundación de Alzheimer la comprase por tan sólo un euro. A través de T4L Tecnología for Living SL se ha facturado a los tutelados, según las facturas que hoy reproduce este periódico, cantidades que van en una sola factura desde 14.000 a 50.000 euros por trabajos supuestamente de “consultoría inmobiliaria“, cuando esta empresa no tiene por objeto social esta actividad sino que es una empresa de software informático.
 

Desde AFAL justifican que la “consultoría inmobiliaria” es “tributación de herencias

 
Por ejemplo, a los tutelados enfermos de Alzheimer, Consuelo y Alfonso Larrondo, se les ha facturado por trabajos de “consultoría inmobiliaria” al menos, 140.000 euros en dos años, según facturas que obran en poder de este periódico Puestos en contacto con Jaime Conde, director de AFAL, este afirmó que “son gestiones de tributación de impuestos relativos a una herencia familiar“), a pesar de que la factura indica todo lo contrario. Como también obran en nuestro poder los informes de la residencia donde estaba ingresada esta familia, y en los que se indicaba la necesidad de comprarles ropa ya que su vestimenta tuvo que ser donada por otro residente, mientras que ellos eran multimillonarios pero sin poder alguno en la Residencia.
Incluso, a Doña Consuelo no la repusieron la peluca que llevaba, por lo que – según cuentan en la propia Residencia Eulen Santo Domingo, a través de informes de su trabajadora social Esther Sáez Marcos, dicha tutelada, enferma de Alzhéimer estuvo llorando más de un mes. Además, como este periódico ya ha publicado, la Fundación AFAL se puso como beneficiario de los seguros de vida de Consuelo y Alfonso Larrondo, que la propia Fundación constituyó.
 
Un auténtico entramado empresarial
 
Pero mediante este mismo sistema de consultoría inmobiliaria, los tutelados de AFAL no sólo pagan a T4L sino también a otras empresas relacionadas con Blanca Clavijo Juaneda. Por ejemplo, abonan a la empresa Asset Inmobiliaria, propiedad de unas amigas suyas de Logroño, de donde es natural. Como también pagan grandes cantidades de dinero a la multinacional KPMG, donde el marido de Clavijo trabaja como asesor fiscal. Se da la casualidad que anteriormente a KPMG, la empresa que facturaba por estos servicios de asesoría a los tutelados de AFAL era Landwell Abogados y Asesores Fiscales, empresa asociada a Pricewaterhouse Coopers, donde el marido de Clavijo era entonces socio director. Estas facturas a los tutelados por diferentes asesorías se han cobrado año tras año, como una especie de iguala, ascendiendo algún año a más de cien mil euros.

Uno de los datos más significativos es que, a través de la mencionada T4L, se ha llegado a facturar directamente hasta 15.000 euros a una tutelada, Pilar Montes García, una persona con Alzhéimer severo, la cual heredó de su patrón al que cuidaba una millonaria fortuna y que fue luego ingresada en una residencia por su enfermedad. El concepto de esta factura fue darle educación a través de supuestos “cursos de formación“, como muestra este periódico.

A su vez, se utiliza T4L Tecnología for Living SL para facturar a otras empresas vinculadas al entramado mediante un sistema de ingeniería financiera. Los conceptos de estas facturas vuelven a ser en su mayoría supuestos cursos de formación. Por ejemplo, se factura unos cursos de formación el 30 de diciembre de 2010 entre T4L y OSYF SL, otra empresa relacionada con Blanca Clavijo y su marido Rafael Núñez Blázquez, con el principal fin de cuadrar impuestos entre sociedades antes de acabar el ejercicio fiscal, según los peritos consultados. Este mismo sistema de facturación se ha empleado también para supuestamente cobrar las comisiones por ingreso en residencia por más de 60.000 euros anuales.

Y respecto a las transferencias dudosas que se vienen denunciando por parte de los familiares de los tutelados,  existen en nuestro poder otros documentos que demuestran que el volumen de esas operaciones con la propia AFAL y sus sociedades interpuestas supera el millón de euros sin ninguna justificación aparente.
 

Geronlaw: la tapadera de Blanca Clavijo

Esta empresa unipersonal de Blanca Clavijo, creada como bufete de asesoramiento jurídico para personas con demencia, recibe transferencias de dinero desde la cuenta de AFAL y de sus propios tutelados. Estas extracciones corresponden supuestamente a “un salario” que Blanca Clavijo ha estado cobrando de la Fundación AFAL, unos 50.00 euros año, cuando en su memoria anual, firmada por todos los miembros de su junta directiva, se asegura que no existe retribución a los miembros de la misma. Y que “ningún miembro de esta junta directiva realiza otra función distinta de las propias del órgano de gobierno”, de tal forma que Blanca Clavijo no debería cobrar por ninguna función dinero alguno.

A su vez Geronlaw, saltándose a la Fundación AFAL, ha recibido transferencias directas de sus tutelados por más de 200.000 euros, como se puede comprobar en el balance de la sociedad Geronlaw en el año 2013, que obra en nuestro poder. Esta empresa sirve como supuesta tapadera a Blanca Clavijo para todos sus ingresos al margen de AFAL. En el año 2013 este “bufete” tuvo unos movimientos contables de más de un millón de euros con unos beneficios de cerca de medio millón de euros. También existe un préstamo de 40.000 euros de Geronlaw a la Fundación, un préstamo que sólo una semana después se devolvió en una jugada de clara ingeniería financiera.
 

Además, de estos sistemas de facturación, empresas tapadera y oscuridad en las transferencias de los tutelados, recordamos que ya publicamos el tema de los seguros de vida y las comisiones por ingresos en residencias, según las múltiples denuncias que han llegado a este periódico. Además, nuevas denuncias indican que AFAL llega a cobrar de una empresa funeraria por el fallecimiento de sus tutelados. Un cantidad que oscila en torno a los mil euros por fallecimiento sin cumplir las últimas voluntades de los tutelados; algún de ellos tenían comprados sus propios panteones no utilizados.

Su relación con Zarzuela
 
No obstante, a día de hoy, desde el Palacio de la Zarzuela a través de la Secretaría de la reina Sofía se mantiene la confianza en Blanca Clavijo, incluso, enviándola como intermediaria al extranjero. Así en carta que hoy publicamos, de fecha 9 de enero de 2012, se le postula como la persona adecuada para asesorar en la construcción de una residencia de alzhéimer en México, de similares características a la de la Fundación Reina Sofía. Desde el gabinete de comunicación de Zarzuela, que dirige Javier Ayuso, se sigue sin aclarar nada al respecto. Absoluto silencio.
 
Mientras todo esto acontece , Blanca Clavijo ha aumentado su patrimonio personal desde que es presidenta de la Fundación AFAL comprándose, entre otras propiedades, un chalé en una promoción exclusiva en terrenos de Procisa, la empresa que es propiedad de una de sus tuteladas, Yolanda García Cereceda, a la cual le han cortado recientemente la luz por impagos de la Fundación. Precisamente, el marido de ésta, Jaime Ostos junior, acaba de interponer una querella contra AFAL por “apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento privado y coacciones“. Una medida judicial que será seguida en breve por otros tutelados, familias con un inmenso patrimonio que, según ellos, está siendo dilapidado por los gestores de AFAL a través del sistema denunciado en estas páginas.
 
La versión de AFAL
 
Por su parte, el director de la Fundación, Jaime Conde, mediante conversación telefónica mantenida con la dirección de este medio, no niega tajantemente el uso de estas prácticas. “Si es verdad que Geronlaw es una sociedad cien por cien de capital de Blanca Clavijo, pero entiendo que no se ha llevado tanto dinero, aunque no conozco sus cuentas. Pero imagino que no. Y en cuanto a las empresas intermediarias, nosotros no recibimos ningún dinero. Aunque existe una posibilidad sobre un dinero que hayamos anticipado…pero las cuentas justificadas las ponemos en manos de la Fiscalía y el Juzgado que nos han aprobado todas. Los tribunales son los únicos que tienen competencia de depurar responsabilidades y hasta la fecha ningún tutelado nos ha llevado ante ellos. Por ahora no tenemos acreditación de actividad irregular denunciada contra AFAL ante la Justicia”.
Por otra parte, el mismo portavoz, al tiempo que negaba que la Fundación tuviera “empresas intermediarias”, rechazaba “el desvío de dinero de los tutelados enfermos de Alzhéimer. Nosotros no nos transferimos un millón de euros de nuestros tutelados.

Ante el hecho documentado en esta información acerca de esas supuestas transferencias, Jaime Conde asegura que “existe la posibilidad de que se adelanten algún pago en estas circunstancias y nada más. En cualquier caso, justificamos puntualmente al Juzgado y a la Fiscalía. No quedamos al margen de control. Presentamos unas cuentas justificadas, hasta ahora aprobadas, hasta la fecha todas aprobadas…. Han sido fiscalizadas”. Para corroborar su afirmación el director de la Fundación se pregunta por qué no les han denunciado ante un Juzgado.

¿Contradicciones?

En este sentido, Jaime Conde enfatiza que “tu entiendes que si es así nos hubieran llevado a los Tribunales para depurar responsabilidades, ¿no? Y no hay razones que acrediten financiación irregular cuando no hay nadie que se haya puesto en contacto con nosotros a denunciarnos ni lo ha puesto en conocimiento de la Justicia. Es una cuestión que nosotros justificamos a los jueces a través de las respectivas rendiciones de cuentas que hasta ahora se han aprobado”.

Tras indicar que no les consta que Jaime Ostos Junior, marido de Yolanda García Cereceda, haya interpuesto una querella contra La Fundación por “apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento privado y coacciones”, Conde – con respecto al caso de los hermanos Larrondo-, se contradice, pues tras afirmar que no se trata de una transferencia inmobiliaria, se justifica después  al asegurar que “en el caso de esta familia, nosotros tuvimos que realizar una serie de gestiones relacionadas con la liquidación del impuesto de sucesiones que tanto uno como la otra tuvieron que acometer como consecuencia del fallecimiento de otro hermano que tenían”. Al conocer que existe un documento que demuestra esta operación inmobiliaria, el portavoz de AFAL concluye con la siguiente declaración: “Esa tutela satisface la parte correspondiente a los impuestos que es lo que yo conozco, y ese año hubo el tema de los pagos a esos impuestos que fueron muy importantes y que además hubo un conflicto por la administración en relación a esos impuestos. Pero el tema inmobiliario la verdad es que no lo conozco en profundidad. Tampoco te puedo responder en relación a esa cuestión”. 

Recogida queda la versión de los responsables de AFAL a través de su portavoz, Jaime Conde. Al final, será la Justicia quien dictamine sobre las presuntas irregularidades cometidas con el patrimonio de los enfermos de Alzhéimer.

 
Juan Luis Galiacho

juanluisgaliacho@extraconfidencial.com