Menú Portada

La Fiscalía Anticorrupción abre un expediente informativo a raíz de la denuncia interpuesta por un grupo de afiliados y ex afiliados de C´s, denominado “Plataforma para las garantías ciudadanas”, sobre la financiación irregular de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera

Marzo 7, 2016
rivera

El día 2 de marzo un grupo de ex altos cargos de C´s denunció oficialmente ante la Fiscalía Anticorrupción la presunta financiación irregular del partido Ciudadanos, que lidera Albert Rivera. En su escrito ante Anticorrupción, que ha abierto un expediente informativo, se refleja la estructura interna de financiación de la formación naranja y cómo se dan órdenes expresas a las bases locales, provinciales y autonómicas de Ciudadanos para que todos los ingresos recibidos los tengan que depositar en una cuenta central del partido en Madrid sin poder hacer uso de ella los grupos municipales y provinciales.

La cuenta central está controlada por Carlos Cuadrado Arroyo, secretario de finanzas de C´s -con negocios dudosos en Brasil, de los que informaremos en próximas entregas-, y por José Manuel Villegas Pérez, vicesecretario general de C´s y portavoz en el congreso de los Diputados de esta formación. Ambos, hombres muy próximos a Albert Rivera.

Una plataforma con varios juristas

La Plataforma para las garantías ciudadanas fue creada a finales de 2014 debido a “la falta de democracia interna en el Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-, lo que motivó la aparición de innumerables perjudicados que decidieron agruparse con el fin de intentar solventar dicha circunstancia”, según se indica en sus propios Estatutos. Entre los integrantes de esta plataforma se encuentran numerosos letrados que han conformado un grupo de trabajo con el fin de proceder a defender los intereses de dichos afiliados y ex afiliados. Entre ellos el abogado madrileño, Alberto Ganga Ruipérez, que firma la citada denuncia.

Como viene informando Extraconfidencial.com en exclusiva, la formación liderada por Albert Rivera, está bajo la lupa de la sospecha en cuanto a su financiación. En la documentación que obra en poder de Extraconfidencial.com y también en manos de la Fiscalía se certifica que la formación de Ciudadanos usa en su totalidad la cantidad asignada a los Grupos Municipales y Territoriales para la financiación del partido, incurriendo en una presunta ilegalidad. Esta cuenta de ingresos, domiciliada en una oficina bancaria situada al lado del Círculo de Bellas Artes en Madrid, pueden manejarla y controlarla dos personas de máxima confianza de Rivera: Carlos Cuadrado Arroyo, secretario de financias de C´s, y José Manuel Villegas Pérez, vicesecretario general de C´s, sin poder hacer uso de ella como quisieran los grupos municipales y provinciales.

Este documento se bautizó en clave  como  “Protocolo Actualizado de apertura de cuentas bancarias y gestión de Grupos Municipales, Provinciales y Autonómicos.  Se trata de un Informe señalado con el número 6/15 por parte de la Secretaría de Finanzas de Ciudadanos con fecha de julio de 2015. Este documento, que se ha puesto a disposición de la Fiscalía, viene a demostrar que más allá de ser una mera declaración de intenciones, se convierte en una verdadera y concreta forma de actuar.

presentacion-fiscalia
Presentación ante la Fiscalía

Dos cuentas diferenciadas: ingresos y gastos

Para que se hicieran efectivos los ingresos en la cuenta del partido, los candidatos electos debían abrir sus cuentas (ingresos y gastos), en una conocida entidad crediticia, según se recoge en el Protocolo Actualizado de apertura de cuentas bancarias y gestión de Grupos Municipales, Provinciales y Autonómicos. Así, aquellos municipios que superasen los 50.000 habitantes debían de abrir dos cuentas bancarias con las siguientes características: a) En primer lugar, una cuenta de ingresos para depositar el dinero de las subvenciones que recibían dichos grupos. En esta cuenta se ingresan todas las cantidades en concepto de subvención de dichos grupos. b) En segundo lugar, una cuenta de gastos para gestionar la cantidad de pagos del partido. En este caso, los apoderados serán los concejales de estos grupos. Esta cuenta se utiliza para gestionar los pagos de personal y gastos de los citados grupos. En esta cuenta corriente no se podrán hacer ningún tipo de ingreso, solo recibirá traspasos de la cuenta de Ingresos del grupo.

Ello supone un claro indicio de que las asignaciones al Grupo Municipal son controladas no por el propio Grupo Municipal, sino por la Directiva Nacional, desconociéndose los traspasos que, desde la de ingresos, se hace a la de gastos con el fin de dar a esa asignación el fin que la legislación determina. “Hay ciertos indicios claros de que las asignaciones a los distintos Grupo Municipales y autonómicos del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, son controladas no por los propios Grupos Municipales, a través de sus miembros, sino por la Dirección Nacional del Partido a través de dos de sus miembros, siendo éstos quienes deciden el destino y fin de dichas asignaciones; del mismo modo, nos sitúa en un escenario de desconocimiento absoluto del destino de las cantidades que no son trasferidas a la denominada cuenta de gastos”, se señala en la denuncia ante Anticorrupción.

“Carta Ética y Financiera

También los responsables de Ciudadanos hicieron firmar a sus candidatos a las alcaldías municipales y diputaciones provinciales de las pasadas elecciones otro documento titulado “Carta Ética y Financiera” en el que, en uno de sus puntos, se indicaba textualmente que destinarán el 10% de las subvenciones, que el Estado proporciona por formar grupo político y por cada escaño recibido, a una cuenta central de Ciudadanos para ayudar a la financiación de la agrupación.

“Siendo conocedores desde la Plataforma de la existencia de la denominada “Carta Ética y Financiera” y de la posible ilegalidad que en ella podría contenerse sobre la forma de financiación del Partido que se anunciaba, se puso en marcha una investigación sobre cómo se estaba llevando a cabo esa posible financiación del partido a través de las asignaciones públicas a los Grupos Políticos de los Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos Autonómicos; el resultado de esa investigación han dado lugar a la presentación, en el día de hoy, de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por si de todo ello pudiera existir indicios de la existencia de una Financiación ilegal u otro tipo de delito contra la Administración Pública”, indican en su denuncia.

El equipo jurídico de la Plataforma por las garantías ciudadanas considera que esta pretensión de Rivera tiene apariencia de ser contradictoria con la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos. “El artículo 2.1 e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos, al referirse a los recursos de los partidos políticos, señala a las asignaciones que reciben los grupos políticos municipales desde los entes locales como “Recursos procedentes de la financiación pública”; así, si interpretamos el mismo acorde con el artículo 3 de la misma ley y con el 73.3 de la LRBRL, podemos concluir que el fin de esas aportaciones públicas lo son para “atender sus gastos de funcionamiento” y no para el “pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”; por lo tanto, difícilmente tendría encaje legal en dicha norma y articulado el destinar esas asignaciones a la financiación de un partido político, como establece la Carta Ética y Financiera del partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”.

Este escenario descrito supone que el Tribunal de Cuentas competente, por razón de las demarcaciones de los grupos municipales, y que conoce la cuenta general de cada Ayuntamiento, no fiscaliza regularmente las asignaciones a los grupos municipales.

El modus operandi de Ciudadanos

El Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, una formación política con casi 10 años de existencia y con representación en entidades locales y autonómicas desde hace tiempo, conociendo la normativa en vigor, remitió no obstante a los nuevos cargos electos en toda España tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 un correo electrónico desde la dirección corporativa de correo electrónico finanzas@ciudadanos-cs.org, que se corresponde con la Secretaria Finanzas Ciudadanos, del siguiente tenor literal:

“Buenos días, después de recibir varias llamadas de compañeros, informando de la dificultad que están teniendo en que los secretarios de ayuntamiento acepten el CIF del partido, hemos decidido que allí donde los ayuntamientos os pongan problemas para registrar el CIF del Partido, optéis por abrir un nuevo CIF para el grupo en cuestión, así que los tengáis abiertos por favor enviar copia. Tomamos esta decisión para facilitaros la entrada a los ayuntamientos, la ley nos permite registrar el CIF del partido en los Grupos, pero repito donde os ponga problemas, resolverlo abriendo el nuevo CIF propio. Este CIF será el que tendrá que constar en los certificados ya enviados y el que será informado al Banco Popular para la apertura de las cuentas. También os adjunto el documento que el banco popular está informando a las agencias donde os vayáis dirigiendo para la apertura de las cuentas. Recuerdo que necesitamos apoderar, y para eso necesitamos el certificado de acuerdo del grupo firmado que os envié días atrás y los DNI de las personas, para ir al notario. Si este poder no podréis acceder a las cuentas… Centralizar los envíos del certificado y los DNI, a través de los delegados territoriales que a su vez nos lo harán llegar”.

Según la denuncia interpuesta ante Anticorrupción, “la lectura del referido correo pone de manifiesto que la primera intención de la dirección de Ciudadanos era, o fue, que las asignaciones a los grupos municipales fueran transferidas a una cuenta del partido, única razón de ser de que se diera la orden de facilitar el CIF del partido a esos efectos; circunstancia que como hemos expuesto el Informe de la Dirección General de Cooperación Local, argumenta legal y jurídicamente que no es posible. Solo la actuación celosa de los Secretarios de los distintos Ayuntamientos, obligó a que la Secretaria de Finanzas de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía “permitiera” lo que legalmente es una obligación y que es que cada grupo tuviera su propio CIF, de tal manera que ellos fueran los verdaderos titulares de las cuentas”.

Estos indicios serán los que ahora deberá analizar la Fiscalía Anticorrupción a la que se le ha solicitado la práctica de distintos Medios de Prueba con el fin de determinar si estos indicios dan lugar a verdaderas pruebas de posible Financiación Ilegal u otros tipos delictivos contra la Administración del Estado por parte del partido Ciudadanos de Albert Rivera.

Juan Luis Galiacho

juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

@jlgaliacho