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LA GESTIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ESPAÑA, AL DESCUBIERTO (I)
Deficiencias destapas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de la entidad pública empresarial relativo a 2010

La falta de control interno en la contratación del personal de Red.es permite que su director general se cargue una dirección “para nombrar a un amiguete”

Enero 12, 2014

Esas fueron las polémicas palabras de César Millares poco antes de la contratación de su amigo Rubén Pérez Cudero como director de Economía Digital y Sistemas
El informe destaca como en 2010, la entidad pública “carecía de procedimientos internos escritos en relación a la contratación del personal, gestión y tramitación de nóminas y modificaciones salariales”
Red.es infringió en 2010 hasta cuatro textos legales como la Ley de Tasas y Precios Públicos, la Ley de medidas de lucha contra la morosidad, la LOFAGE y la LAECSP

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El amiguismo sigue funcionando en España, y cuanto más ascendamos en la carcasa política de la sociedad, desgraciadamente, lo hace con más fuerza. La entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se ha visto en la última semana salpicada por el escándalo destapado en torno a la contratación de sus altos cargos. En primer término, fueron las declaraciones del director general de la entidad, César Miralles Cabrera, publicadas por El Mundo en las cuales mostraba su intención de suprimir la dirección de Red Iris, uno de los departamentos fuertes del organismo, porque necesitaba un puesto “para nombrar a un amiguete”. El beneficiado fue Rubén Pérez Cudero que pasaba a encabezar la Dirección de Economía Digital y Sistemas. Según parece, el propio director de Red.es, se define como una persona de confianza del ministro José Manuel Soria y no es la primera vez que tira de su círculo personal para completar la plantilla de la entidad pública en detrimento de auténticos veteranos en la gestión de las nuevas tecnologías configurando un clan en el que, curiosamente, todos sus miembros comparten el mismo origen: las Islas Canarias.  

Días después de la estampida provocada por las palabras de César Millares, el Tribunal de Cuentas emitía el informe de fiscalización de la entidad pública empresarial Red.es correspondiente al ejercicio de 2010, que ha venido a confirmar las sospechas de clientelismo y una considerable lista de otras irregularidades.

Nuevas tecnologías que no se aplican

La primera de ellas, y motivo principal que permite la práctica nepotista es que el control interno en Red.es brilla por su ausencia. Según el informe del Tribunal de Cuentas, en 2010, la entidad pública “carecía de procedimientos internos escritos en relación a la contratación del personal, gestión y tramitación de nóminas y modificaciones salariales”. A esto hay que sumarle un importante descontrol en la tesorería, ya que en el mismo ejercicio “carecía de procedimientos escritos en cuanto a segregación de funciones y supervisión de las conciliaciones bancarias y límites de disposición y retirada de fondos”. 

Unido a la falta de rigor en los procedimientos contables surgen las “deficiencias en la gestión de los soportes documentales de las partidas registradas manualmente en contabilidad por encontrarse la información dispersa en los distintos departamentos” y la existencia de “varias plataformas electrónicas para la gestión de su actividad que no se encontraban integradas”.

Caso omiso a la Ley

En el ámbito del cumplimiento de la legalidad, el informe del Tribunal de Cuentas señala como Red.es ha infringido la Ley hasta en cuatro textos diferentes, véase la Ley de Tasas Y Precios Públicos, la Ley de la Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Y es que dentro de estos incumplimientos, Red.es mantuvo un saldo de casi 4 millones de euros (3.855.000 euros) pendiente de pago al final del ejercicio superando el plazo de pago establecido en la Ley en 60 días, por lo que no satisfizo dicha compensación económica. Además, la entidad pública empresarial muestra una condición irregular al no haber sometido su inventario de bienes y derechos al Consejo de Administración, ni su inventario de bienes inmuebles y derechos al Ministerio de Economía y Hacienda.