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La fábrica de márketing e ideológica de Iglesias, Errejón, Monedero y Echenique busca una aplicación de Pokémons (Podemos), a la caza de políticos corruptos y condenados…que no sean de su partido

Agosto 24, 2016
podemos

La captura de Pokémon se ha convertido en una fiebre mundial y causa furor. Hasta tal punto que el dictador Nicolás Maduro, con la que tiene montada en Venezuela, ha cargado contra Pokémon GO, que, según él, genera y promueve la violencia entre niños y jóvenes. En la línea de sus habituales discursos a través de la televisión del país, el líder chavista no dudó en culpar al capitalismo, que en boca del propio Maduro, “genera realidades virtuales, todas vinculadas a las armas, a la violencia, a la muerte”. “Son realidades virtuales como el nuevo juego que hay por ahí, Pokémon GO, ¿ustedes lo conocen? Miles de jóvenes, millones de personas, terminan viviendo en una realidad virtual”, explicó el presidente de Venezuela en su espacio de televisión. De hecho, Maduro relacionó  la “cultura de la violencia” generada por el propio videojuego de la matanza y el tiroteo ocurrido en Múnich.

Y nuestro país no podía ser menos. Hasta tal punto, que como informó Extraconfidencial.com en exclusiva en la última actualización del juego Pokemon Go elimina gimnasios y pokeparadas alrededor de La Finca, la lujosa Urbanización de Pozuelo de Alarcón donde residen Ronaldo, James, Simeone, Fernando Torres, Iker Casillas, Sara Carbonero, Blanca Cuesta o Luis Alfonso de Borbón,

Y podemos se suma a la fiebre de la captura de Pokémon

Pero la fábrica ideológica y de marketing de Podemos, pese a su ostracismo desde las Elecciones del 26J –aunque ya han reaparecido tibiamente Pablo Iglesias y Pablo Echenique-, no para de producir. La última que tienen diseñada es crear una aplicación a la caza de políticos y empresarios presuntamente corruptos que, por supuesto, no incluya a ningún miembro de la formación morada.

Situación harto difícil si tenemos en cuenta los “antecedentes” del partido liderado por Pablo Iglesias. Así, La UDEF denunció que la empresa 360 Global Media recibe transferencias de dinero de cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales o en países “de riesgo de estar vinculados a la financiación del terrorismo, como Irán“, paga a “productoras de contenidos vinculadas de forma subjetiva, objetiva y temporal al partido político Podemos“. El dueño de la empresa 360 Global Media es un ciudadano iraní con residencia legal en España que constituyó la sociedad en 2012 y cuya financiación procede de países extranjeros, la mayor parte considerados paraísos fiscales. Aunque el Tribunal Supremo archivó la causa el Servicio contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac), mantiene abierta la investigación. En concreto, el partido liderado por Pablo Iglesias se habría financiado mediante un conglomerado de empresas farmacéuticas radicado en el paraíso fiscal caribeño de Belice, con cuentas en Letonia y Lituania.

Además, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS),  está siendo investigado por el Parlamento de Venezuela por una presunta financiación irregular a la formación política Podemos con dinero procedente del régimen chavista. De hecho, registró en sus cuentas 3,3 millones de euros menos de la cantidad que recibió del Gobierno de Hugo Chávez por trabajos de asesoría entre los años 2003 y 2011. La dirección actual de Podemos estuvo vinculada al Centro de Estudios Políticos y Sociales hasta 10 días después de la constitución del partido. Así lo revelan las cuentas de la fundación CEPS, correspondientes al año 2013. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, dejaron el patronato y el consejo ejecutivo de la fundación, respectivamente, en enero de 2014. La formación política se creó el 17 de enero del mismo año. Según consta en las citadas cuentas, Iglesias cesó como patrono de la Fundación el 27 de enero. En esa misma fecha, Errejón también causó baja como miembro del órgano directivo de CEPS, en el que ocupaba el cargo de secretario desde 2009. Sin embargo, en las cuentas anuales de 2013, su nombre y apellidos no aparecen entre las personas que abandonaron el cargo. En su caso, sólo se facilita el DNI.

De Errejón a Echenique pasando por Monedero

Y del partido, para que no se olvide, pasamos a sus líderes más destacados. El primero Iñigo Errejón. La Universidad de Málaga inhabilitó al número 2 de Podemos para desarrollar nuevos proyectos de investigación en este centro educativo, debido al fraude que cometió al cobrar una beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar. El actual portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados recibió esta Beca en marzo de 2014 para elaborar un estudio sobre “La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda”. El director de este estudio era su compañero de partido, y actual diputado de Podemos por Málaga Alberto Montero. El proyecto estaba financiado mediante un Convenio con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Tras abrir un expediente disciplinario, el rectorado de la Universidad de Málaga constató que Errejón cometió un doble fraude.

A todo esto hay que unir como el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, pagó a su asistente sin alta en la Seguridad Social durante dos etapas. Además de mantener esa relación laboral entre marzo de 2015 y la pasada primavera, cuando el secretario de Organización de Podemos aún no había dado el salto a la política ya tuvo al mismo trabajador casi un año sin contrato. En octubre de 2012, el cuidador —que le atendía en sus tareas durante una hora de lunes a viernes— le comunicó que tras perder algunos clientes no iba a poder afrontar el pago de la cuota de autónomo. No obstante, el dirigente de la formación de Pablo Iglesias mantuvo esos servicios hasta el verano de 2013.

Y Monedero se rebela contra la sanción de la Universidad Complutense

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), sancionó, tras nueve meses de silencio cómplice del Rector Carlos Andradas, al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por cometer una falta muy grave con la suspensión de empleo y sueldo de seis meses. Así lo denunció Extraconfidencial.com, gracias a las informaciones exclusivas del Jefe de Investigación de este periódico, Juan Luis Galiacho. Además, dicha resolución tendrá como consecuencia el pago del 10% de los ingresos obtenidos por aquel trabajo, una cantidad que rondaría los 40.000 euros. Este importe resulta de la aplicación del Artículo 83 de la Ley de Universidades, que es la que permite a los profesores e investigadores, previa solicitud de permiso a su departamento y al Rectorado, realizar trabajos por encargo de empresas externas a su universidad sin incurrir en incompatibilidad con su dedicación a tiempo completo como funcionarios.

Todo ello además tuvo implicaciones fiscales por haber tributado a Hacienda por esos ingresos a través de la sociedad unipersonal Caja de Resistencia Motiva2 en vez de como persona física. Además, Monedero vulneró la legislación estatal y universitaria en al menos otros dos aspectos. Por un lado, como recoge el artículo 12 de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones, éstos no pueden pertenecer “a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas”, siempre que la actividad de éstas esté relacionada con la que realizan para el Estado. Es el caso de Monedero, ya que el Informe que elaboró en 2010 y por el que cobró en 2013 del Banco del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, formada por los jefes de gobierno de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, principalmente), meses antes de la creación de Podemos, lo redactó desde su condición de académico. En segundo lugar por la cantidad recibida ya que “no podrá exceder del resultado de incrementar en el 50% la retribución anual que pudiera corresponder a la máxima categoría docente académica en régimen de dedicación a tiempo completo por todos los conceptos retributivos”. En el caso de Juan Carlos Monedero el tope estaría en unos 150.000 euros cuando cobró 425.000 euros.

Y el supuestamente intocable Monedero va y presenta una reclamación ante el dictamen de la UCM. ¿Creerá que estamos en Venezuela?