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Uno por el cargo que ostenta y el otro como prejubilada de Radio Televisión Española

La Directora de Comunicación del Gobierno Balear percibe dos salarios públicos

Febrero 9, 2011

Gina García es hermana del titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma que archivó las denuncias que se presentaron contra la ex alcaldesa socialista de Calvià, Margarita Nájera, por el uso que dio al dinero público


El pasado martes el Príncipe Felipe y la Princesa Letizia acudían al Congreso de los Diputados para conmemorar que hace 25 años juraba lealtad a la Constitución. Aprovechó el heredero a la Corona de España para reivindicar la función que ejercen por “el bien común” los parlamentarios y políticos españoles. Un lavado de imagen necesario ya que la última encuesta del CIS desvelaba que la clase política era la tercer peor valorada por los españoles. Campaña a la que se han sumado todos los partidos políticos sin excepción -con el Presidente del Congreso, José Bono, a la cabeza-, con propuestas que van desde hacer público el patrimonio de los diputados y senadores y sus familias, hasta la de Izquierda Unida que apuesta por “el escaño incompatible con un despacho”.

Al tiempo, el escándalo del ERE en Andalucía no ha hecho más que empezar. Un nuevo affaire en el Gobiernode José Antonio Griñán. La Junta de Andalucía ha detectado 37 nuevos casos de prejubilaciones irregulares concedidas por la Consejería de Empleo en 12 empresas de 40 compañías investigadas en el Caso Mercasevilla. Aún quedan 15 expedientes vivos. Y es que los Expedientes de Regulación de Empleo se pueden convertir en un arma de doble filo. Como el último que afrontó RTVE.

Un hermano juez

Aquel ERE fue autorizado, con el visto bueno de los sindicatos, por el entonces Presidente, Luis Fernández,y se acogieron un total de 4.150 trabajadores de la televisión y la radio pública, entre los que se encontraba Gina García Sansaloni. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y redactora de RTVE, desempeñó el cargo de directora del Centro Territorial de Baleares hasta mediados de 2007, fecha en la que, a través de la empresa ATISA, comenzó a percibir su remuneración en junio de ese año como prejubilada de la Corporación.

Pero Gina García no se quedó desempleada. El Gobierno del socialista Francesc Antich la nombró directora general de Comunicación de la Presidencia del Govern de les Illes Balears. Desde ese momento, el Estado retribuye a la periodista con dos sueldos. Gina García es hermana del titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma, Antonio García. Este magistrado archivó las denuncias que se presentaron contra la ex alcaldesa socialista de Calvià, Margarita Nájera, por el uso que dio al dinero público.

¿Quién le paga la Seguridad Social?

La Ley impide expresamente el cobro de dos sueldos públicos (con excepción de circunstancias especiales). Por este motivo, los alcaldes y concejales que son, a la vez, diputados, tienen que renunciar a los ingresos que les corresponderían por uno de los cargos. El prejubilado pasa al paro con la indemnización pactada y a cobrar la prestación por desempleo, y luego el subsidio si le corresponde; mientras, la empresa le completa el sueldo acordado y la cotización a la Seguridad Social hasta que pueda jubilarse. Si esto es así, habría que preguntarse si el Gobierno Balear cotiza a la Seguridad Social por su directora general de Comunicación o se lo ahorra al pagárselo ya RTVE.

El Artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, establece que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el Sector Público, salvo en los supuestos previstos en la misma. Se entiende por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.

En el Artículo 3 de la Ley se especifica que el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.

Este periódico contactó con Gina García que declinó realizar cualquier tipo de declaración con un “yo no respondo a ese tipo de preguntas”.


Diego Feliú