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"MULTA" CONTABLE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (Y II)
Supuso el 90,25% de esa partida contable

La DGT destinó más de 10 millones de euros a la campaña publicitaria de 2013 “camuflados” como gastos de inversiones de carácter inmateriales

Noviembre 9, 2014

La Intervención General de Administración del Estado permite el uso de esta cuenta desde el año 2001
La auditoría del Ministerio del Interior no ha podido comprobar los costes por actividades ni los objetivos realizados por falta de información
Desde el 1 de noviembre se ha ampliado a 5 el número de helicópteros con radar Pegasus


A falta de uno, cinco. Ese es el número de radares Pegasus que la Dirección General de Tráfico (DGT), ha dispuesto en el aire para que sus helicópteros multen cinco veces más que los cinemómetros convencionales. Los nuevos dispositivos, puestos en funcionamiento desde el pasado 1 de noviembre, “constan de dos cámaras, una panorámica que facilita el seguimiento y captación de la velocidad y otra de detalle que tiene un objetivo que permite leer la matrícula del vehículo”. Ante este despliegue realizado para cazar a los conductores que superan las velocidades permitidas, llama poderosamente la atención que la mayoría de sanciones se hayan impuesto por otras infracciones al volante.    

Mientras el departamento adscrito al Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz refuerza su plantilla de efectivos materiales, el propio Ministerio le saca los colores con su última Auditoría y en la que, como ya adelantó Extraconfidencial.com la pasada semana, se puede vislumbrar el supuesto afán recaudatorio de las multas establecidas por la DGT. Parece pues, que la Dirección General que preside María Seguí se encuentra altamente preocupada por explotar al máximo la rentabilidad de sus campañas, para lo que una buena propaganda siempre es necesaria. De hecho, de su apartado de Inversiones Reales, el 90,25% del presupuesto designado a este epígrafe se ha destinado a publicidad.

Inversión millonaria en publicidad

Según la mencionada Auditoria, “el Organismo, siguiendo el criterio ya adoptado en anteriores ejercicios, ha contabilizado como gastos corrientes operaciones presupuestadas en el capítulo 6 “Inversiones Reales” por un importe global de 11.204.122,17 base a la verdadera naturaleza del gasto. De dicho importe, corresponde a la cuenta 627000 “Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas” 10.112.339,46 €, estos correspondientes a la campaña publicitaria del año 2013, presupuestada en el concepto 640 “Gastos de inversiones de carácter inmaterial” que por informe de la I.G.A.E. de fecha 20 de junio del 2001 se contabiliza en dicha cuenta”.

Lo extraño es el uso que hace el Organismo público (permitido por la Intervención General de la Administración del Estado,) de un gasto corriente, como es la publicidad, como un gasto para inversión y disminuye el peso de las partidas de costes de operaciones de la DGT. Con todo ello, además se “justifica” como inversión de futuro los elevados costes de todas las campañas que realiza.

Incumplimiento de la legalidad

Además, en dos epígrafes en los que se exige la colaboración de la DGT para completar su memoria, la Auditoría no ha podido esclarecer la información obligada. Por un lado, el Organismo tendría que presentar “información referida a sus costes por actividades”. Según la resolución publicada en el BOE, “no ha sido posible comprobar” que esta información esté libre de errores u omisiones ni que sea razonablemente coherente con la información financiera contable auditada debido a la existencia de un sistema de control interno insuficientemente desarrollado para ejecutar todos los procedimientos de comprobación.

Por otro lado, la entidad está obligada a presentar el “Balance de Resultados e Informe de Gestión referido al grado de realización de objetivos y al coste de los objetivos realizados”. No obstante, “no se ha podido verificar que la imputación del coste, medido en términos de obligaciones reconocidas, a los objetivos es correcta” ya que la DGT no ha facilitado un listado, con desglose por conceptos presupuestarios de la imputación realizada ni ha sido posible obtener esta información. Además, “no se ha incluido en el Balance de Resultados el coste previsto de los objetivos realizados” ni el cálculo de las desviaciones financieras producidas.