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En diciembre el Ministerio de Defensa de Pedro Morenés beneficiaba al mismo adjudicatario con 49 millones por ocho naves

La DGT destina 28 millones de euros a la empresa Eurocopter, socio habitual del Gobierno, a cambio de helicópteros ligeros

Febrero 14, 2014
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Desde la llegada a la Dirección General de Tráfico de su nueva directora, María Seguí, el departamento ha incrementado el volumen de sus arcas gracias a una política recaudatoria que se ha basado principalmente en las multas impuestas por los agentes y la proliferación de radares y cinemómetros en todas las carreteras españolas. Sin embargo, la cuantía de estos ingresos no se ha revertido directamente en el buen estado de las vías nacionales. De hecho, desde que Seguí sustituyó a Pere Navarro, apenas se han producido propuestas en seguridad vial sino tan solo una serie de alteraciones de la velocidad en las vías españolas mientras se olvidan las verdaderas funciones de la DGT como el cuidado de las carreteras o el cumplimiento de la Ley.

Tras una serie de adjudicaciones interminables durante el segundo semestre de 2013, la DGT vuelve a la carga. El último escándalo se produjo el 3 de diciembre cuando se aprobó una doble adjudicación a través de un procedimiento negociado sin publicidad a la empresa Etel 88 por la que se contrataron 4 cinemómetros y un sistema de capacidad de imágenes por valor de 1,2 millones de euros. Ahora, el organismo dependiente del Ministerio del Interior viene de adjudicar el contrato para el “suministro de helicópteros biturbina ligeros para el Cuerpo Nacional de Policía y la Dirección General de Tráfico” por un total de 27.999.999 euros -sin impuestos- que beneficiarán a la empresa adjudicataria, Eurocopter.

Es menester subrayar que la propuesta de Eurocopter, la única presentada para esta licitación, rebajó en tan solo un euro el valor estimado del contrato (28 millones de euros). A pesar de ello la oferta alcanzó una valoración total de 100 puntos, consiguiendo 70 de ellos en el epígrafe de Precios.       

Eurocopter y la complicidad gubernamental

Eurocopter, refundada como Airbus Helicopters España S.A. es una sociedad albaceteña que en el último año (2012) arrojó unas cifras temerarias. El resultado del ejercicio en cuestión fue de más de 12 millones de pérdidas (12.236.787 euros), provocado por una bajada notable de las ventas (de 229,6 millones en 2011 a 187 millones en 2012). Este retroceso generó asimismo un descenso paralelo en su plantilla (de 580 empleados en 2011 a 550 en 2012). Por esta situación, la necesidad de contratos y de volumen de trabajo es imperiosa para Eurocopter.

Para su suerte, la empresa se ha convertido en un socio habitual del Gobierno central, que no cesa en su empeño de favorecer con contratos a Eurocopter, espantando así los fantasmas de su recesión. Con anterioridad a los 28 millones de la DGT ya habían sido los 49 millones de euros del Ministerio de Defensa de Pedro Morenés. El 31 de diciembre de 2013, el BOE anunciaba la formalización del contrato para la “fabricación y suministro de ocho helicópteros ligeros de enseñanza EC-135.T2 PLUS y el apoyo logístico para su puesta en servicio”. En total, el procedimiento negociado sin publicidad benefició a la empresa Eurocopter España con un total de 49 millones de euros. Cabe destacar que esta adjudicación se produjo seis días antes de que el ministro se quejara ante Su Majestad El Rey de la falta de dotación material en su discurso de la Pascua Militar.    

El misterio del pago en especies

El pliego de la licitación de la DGT apunta claramente que el suministro de helicópteros biturbina ligeros para el Cuerpo Nacional de Policía y la Dirección General de Tráfico incluye la particularidad de que el 50% del presupuesto de licitación será abonado como pago en especie. Ante la sorpresa de este método poco habitual, extraconfidencial.com se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con los números que aparecen en el pliego, de la DGT, sin obtener respuesta alguna.

Quedaría saber si Eurocopter, además de recibir la financiación del Estado, también se ha convertido en la principal receptora de los bienes físicos del Gobierno central.